Los juicios abiertos en Nevada, un nuevo elemento de presión

Los holdouts siguen la pista de Báez y López; investigan una operación desde Seychelles
Silvia Pisani
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2 de noviembre de 2014  

WASHINGTON.- El fondo buitre NML, que presiona a la Argentina para que pague el juicio por 1600 millones de dólares que le ganó, presentó hace una semana un breve escrito ante la justicia de Nevada.

Allí solicita la autorización para que Dennis Hranitzky, uno de sus abogados de Nueva York, se sume al ya nutrido equipo que, a 4000 kilómetros de distancia, litiga en esos tribunales contra el entorno presidencial, como mecanismo de presión para forzar una negociación de esa sentencia.

Para los buitres, Hranitzky es un peso pesado. "Es quien estuvo detrás de la estrategia que llevó a la captura de la Fragata Libertad", dijo, orgulloso, Robert Shapiro, uno de los lobbistas del fondo que tienen a maltraer a nuestro país.

Es, también, una prueba más del empeño que pone el financista Paul Singer, titular del fondo NML, en su estrategia para llevar, por la justicia o por la presión, al pago del fallo que el juez Thomas Griesa le reconoció en sentencia firme.

Las actuaciones de Nevada, paralelas a las que se siguen en Nueva York, se intensificaron en los últimos tres meses. En ese lapso se abrieron, por lo menos, cuatro nuevos frentes judiciales. Todos en busca de dinero que -dicen los fondos- proviene de corrupción.

Las vías apuntan, por separado, a supuestos negocios de dos empresarios allegados al gobierno argentino: Lázaro Báez y Cristóbal López.

Hay un tercer frente para funcionarios: hasta ahora, el único que sufrió su pesquisa fue Guido Forcieri, ex representante argentino ante el Banco Mundial y hombre de confianza del vicepresidente Amado Boudou en el Ministerio de Economía.

El cuarto frente está a unos kilómetros de distancia, en California, ante cuyos juzgados el fondo buitre pretende lograr detalles del acuerdo secreto entre el Gobierno y la petrolera Chevron, convencido de que allí también podría haber bienes argentinos para identificar y, eventualmente, embargar.

A diferencia de Nueva York, en cuyos juzgados se ventilan las derivaciones del fallo que condenó a la Argentina, las actuaciones de Nevada son de otra índole.

Con el declarado objetivo de identificar bienes que eventualmente puedan embargarse, son, también, una formidable herramienta de presión, bajo la permanente amenaza de develar información sobre supuestos casos de corrupción.

Estrategia clásica

Quienes conocen la historia del fondo dicen que ése es su típico comportamiento. "Nosotros iremos hasta el final. En otros casos, nos ha dado resultado", confirman voceros de la firma del financista.

En escritos ante los tribunales, los abogados de NML afirman tener pruebas de varias cosas.

Esta semana insistieron en que "las empresas de Báez en Nevada recibieron millones de dólares de firmas fantasma" basadas en las islas Seychelles. Dicen, también, tener "información crítica" sobre sus actividades.

Todo como una derivación de la causa que inició el fiscal José María Campagnoli sobre la llamada "ruta del dinero K".

Los abogados que defienden al empresario allegado a la Presidenta dicen que todo eso es una maquinación sin sustento. Los abogados de los buitres "salen de pesca a ver qué enganchan", dicen.

Tanto como la pesquisa, en todos los casos lo que se disputa en forma creciente es el tratamiento de la información que se recolecte. Ambas partes -el fondo buitre y las empresas- han pedido secreto. El juez todavía no se ha pronunciado.

Lo hará en breve, en audiencia pública, en el caso de Val de Loire, la empresa a la que se vincula con López y por la que, por primera vez, los fondos pidieron en forma expresa información del entorno presidencial.

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