Conferencia. Los Maldonado insisten en la "desaparición forzada"

"Él apareció muerto, lo asesinaron. Es una desaparición forzada". Con esas palabras, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio, insistió ayer con la hipótesis original del caso, a once días de la aparición del cuerpo del artesano en el río Chubut. Para los familiares del joven, las evidencias hasta ahora no son concluyentes. Aún dudan de que el cadáver haya estado durante 78 días en el punto en el que fue hallado.

Con la cara de Santiago tatuada en su brazo izquierdo, Sergio Maldonado dijo no entender por qué los peritos de la autopsia opinaron "cuando no están todas la pruebas". "Hay que seguir esperando para saber qué pasó", dijo ayer en una conferencia de prensa en Amnistía Internacional, en el microcentro porteño.

Según pudo conocer LA NACION, la familia Maldonado insistirá con su hipótesis de máxima: que a Santiago lo mató y ocultó la Gendarmería. Sólo si las pruebas en otro sentido son irrefutables irían por otras figuras, pero siempre pedirán que se investigue la responsabilidad de los gendarmes.

La familia insistió en que la Prefectura ya había rastrillado sin éxito el lugar donde fue encontrado el cuerpo. "El jueves declararon el prefecto Leonardo Ruata, a cargo de los rastrillajes, y dos buzos. Y los tres dijeron que en ese lugar no existen pozos", comentó ayer Heredia.

En diálogo con LA NACION aseguró que los prefectos le dijeron a la Justicia que cuando el 18 de septiembre rastrillaron ese lugar "había un metro de profundidad y el agua era transparente", mientras que el día del hallazgo "el agua había crecido a un metro y medio y, si bien era más turbia, se veía el fondo".

Esa versión contrasta con los trascendidos de los últimos días, que indicaron que los buzos aseguraron que en el lugar donde estaba Santiago había un "pozo" de unos tres metros de profundidad.

En la CIDH

Anteayer, en Montevideo, durante la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se realizó una reunión entre la familia de Maldonado y funcionarios del Gobierno, conducida por el comisionado de la CIDH, Francisco José Eguiguren Praeli.

La reunión fue fruto de un largo intercambio que comenzó en enero cuando dos abogados, Fernando Cabaleiro y Carlos González Quintana, pidieron una cautelar ante la CIDH para que se protejan los derechos de la comunidad mapuche. Tras la desaparición de Maldonado, esos letrados ampliaron su petición. Pero la CIDH lo consideró un hecho nuevo, abrió un nuevo expediente y tomó a la familia como parte peticionante.

La CIDH hizo lugar a la cautelar en favor de Santiago y el 28 de septiembre le pidió explicaciones al Estado argentino, a la vez que convocó a una reunión, que fue la que se concretó el jueves. Del encuentro participaron Sergio Maldonado, su esposa, Heredia y el perito de parte de la familia, Alejandro Incháurregui. Por el Gobierno asistió el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y otros cuatro funcionarios de los ministerios de Justicia, Seguridad y de Cancillería.

A Montevideo también viajaron Fernando Jones Huala (hermano de Facundo) y Soraya Maicoño, vocera de la comunidad Pu Lof en Resistencia en Cushamen. Pero su presencia molestó al Gobierno, que no los consideró parte, y la CIDH no les permitió el ingreso a la reunión.

Los familiares de Santiago reclamaron la participación de expertos y veedores independientes al Estado argentino para garantizar una investigación "imparcial, independiente y pronta". También acercaron dos informes para cuestionar la cobertura periodística del caso y denunciar un acoso en redes sociales contra la familia.

Avruj resaltó los recursos que puso a disposición de la familia para colaborar, como el traslado del perito de parte en avión el día del hallazgo del cuerpo y el traslado del cadáver. "Todas estas acciones refrendan nuestra preocupación y compromiso con la investigación para saber qué pasó con Santiago Maldonado", aseguró, mientras que resaltó que "el Gobierno llamó a la familia todo este tiempo, pero no obtuvo respuesta".

El Gobierno cree probado que el cuerpo no tuvo lesiones y considera que la cautelar de la CIDH debería devenir abstracta.

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