Los mil y un giros de un expediente de lavado

La lucha contra el blanqueo de dinero
Hugo Alconada Mon
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12 de noviembre de 2011  

El eterno durante. O una síntesis de la inoperancia del Estado para investigar el lavado. Y no porque haya un "pez grande" de por medio. Ni "rosca" en favor o en contra de algún poderoso. Ni tampoco fortunas. Es, apenas, la burocracia en su movimiento perpetuo para, años y montañas de papel después, volver al punto de partida. Sin haber logrado mucho, mientras los sospechosos continúan libres y fluye su dinero.

El expediente 172.225 de la justicia federal resume así la desidia en la lucha antilavado y sus giros circulares, como compulsó La Nacion en uno de sus infinitos giros por una oficina pública. Hasta por su carátula: "N. N. s/encubrimiento".

El objetivo de la pesquisa era en teoría sencillo: verificar si 15 giros ordenados a mediados de 2008 desde Buenos Aires, con destino Medellín y Pereira, en Colombia, por un total de $ 79.718,33 eran parte de una maniobra de lavado. Quizá hubiera un cartel detrás, quizá sólo fuera dinero de emigrados para sus familias. Para precisarlo había que investigar.

Primero fue el turno de la Unidad de Información Financiera (UIF), que recibió dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) de la remesadora More Argentina. El 6 de agosto de 2008 y el 30 de ese mes. Para eso, pidió datos de inteligencia a su par colombiana a través de la red Egmont, que permite investigar más rápido, aunque luego no pueden usarse esos datos en la Justicia, que debe pedirlos por exhorto diplomático.

Así fue como, en octubre de 2010, casi dos años después del último de los giros picantes de 23 colombianos y cuatro argentinos -algunos con antecedentes por narcotráfico-, y al fin con la denuncia de la UIF, el fiscal antilavado, Raúl Pleé, ordenó una investigación penal. Cayó en la jueza María Servini de Cubría, que la derivó al fiscal Federico Delgado.

Las primeras medidas fueron de manual: exhorto a Colombia e intervención de la Policía Federal, que en el mismo acto, el 14 de octubre, pidió una prórroga para presentar su informe. Treinta días. Que se amplió en noviembre por diez días más.

La respuesta al exhorto, mientras tanto, se hacía desear. Así, el 12 de noviembre, mientras el expediente acumulaba sellos y pases, la Fiscalía quiso saber qué pasaba. La Cancillería respondió con el silencio.

La policía toca timbre

El 15 de diciembre, y ya vencida la prórroga, apareció el "trabajo de campo" de la Policía Federal. Abarcó apenas la búsqueda por Internet de teléfonos, un informe del Veraz y otro de la AFIP, y una recorrida por algunos -no todos- domicilios. Tocó el timbre. Literal. El oficial habló con vecinos, aunque, eso sí, "sin dar a conocer su condición de policía".

El fastidio de la Fiscalía comenzó a olerse en el expediente. El 17, y dado que "lo realizado" por la Federal "no se adecua[ba] con el objetivo de la medida ordenada", le dio 30 días, plazo "improrrogable" para "cumplir con lo requerido". Para entonces, el expediente iba ya por las 168 fojas, más dos cuerpos previos de la UIF. Pero todo siguió igual. Un mes y un día después -vencido otra vez el plazo-, la Policía informó que consiguió la partida de defunción de un investigado. Nada más.

Tras la feria judicial, febrero de 2011 amagó con novedades. El 3, al fin, la Cancillería. Pero sólo para informar que la burocracia colombiana se sumó a la local. Desde ese país precisaron que responderían cuando concluyeran su labor. Sin fecha estimada. Y, el 8, la Fiscalía ofició a la Agencia Recaudadora bonaerense (ARBA). Respondió el 28 de marzo. Nada valioso. Pero el expediente superó las 328 fojas, más anexos.

Para el 6 de julio, la Fiscalía decidió insistir en la Cancillería. Por teléfono. Chocó con un detalle: "La sumariante relacionada con la rogatoria trabaja a partir de las 15 horas". Así que la Fiscalía apeló al papel. Nuevo oficio. "Porque del resultado de esta diligencia depende, básicamente, la suerte del proceso, y el exhorto fue librado hace alrededor de diez meses", recordó.

Siete días después, llegó la respuesta colombiana: 510 fojas y 4 CD, con su "búsqueda selectiva en base de datos". Y la Fiscalía se esperanzó con ver la luz al final del túnel. Se lo remitió a la Policía Federal, el 14 de julio, para que "en diez días corridos elabore un informe técnico". Agua.

El 3 de agosto, la Federal pidió una prórroga: diez días. Concedida. Pero para el 16, la fuerza seguía desaparecida, así que la Fiscalía la emplazó, por teléfono, para el día siguiente. El interrogatorio fue embarazoso.

La Fiscalía optó por volver al casillero de inicio. A la UIF, que recién el 13 de octubre presentó su propio informe. Sólo aportó indicios preliminares. Y sugirió, a su vez, que se pidan informes a la Policía Federal, la Anses, la AFIP y el Banco Central. En eso está la causa ahora. Como el cuento de la buena pipa.

El eterno durante

  • Alerta inicial. La firma More Argentina envía dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) a la unidad antilavado (UIF), que comienza a investigar 15 giros enviados a Colombia por apenas 79.718,33 pesos.
  • La rueda comienza a girar. La UIF pide información a su contraparte colombiana sobre 23 colombianos y cuatro argentinos (algunos con antecedentes por narcotráfico) y remite todo a la Justicia.
  • Un expediente NN. Tras escalas por un fiscal y una jueza, el fiscal que queda a cargo requiere informes a la Policía Federal y a otros organismos del Estado.
  • 500 fojas, pocos datos. Tres años después de los giros a Colombia, la pesquisa continúa en su fase instructora. Ignora, aún, quiénes son esos 27 sospechosos. O si permanecen en el país.
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