Los ministerios en los que los gremios quieren plantar bandera

Nicolás Balinotti
Nicolás Balinotti LA NACION
Desde Moyano hasta "los Gordos" presionan a Fernández por lugares para su tropa en Transporte, Salud y Trabajo
Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo
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30 de noviembre de 2019  

Desde que Alberto Fernández anunció en la CGT que los sindicatos serán parte del próximo gobierno, los dirigentes sindicales activaron su capacidad de lobby para ubicar tropa propia en el Estado. El interés principal se focaliza en tres áreas que para los gremios son claves por poder, influencia y dinero: se trata de los ministerios de Transporte, Salud y Trabajo.

Caída por ahora la designación del senador cordobés Carlos Caserio, la vacante en el Ministerio de Transporte sigue disponible. Fernández había pensado en Caserio para descomprimir la tensión interna en el Senado por la conformación del bloque propio, pero la expresidenta lo habría vetado. Seguirían así en carrera el diputado Raúl Pérez, que responde a Sergio Massa, y el exsecretario de Transporte duhaldista Guillermo López del Punta, un abogado al que Hugo Moyano y otros gremialistas del rubro conocen muy bien desde 2000, cuando era un funcionario de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte. Más allá de quién ocupe finalmente el cargo, los gremios quieren influir en la redacción de una ley federal para el sector, además de imponer cuadros técnicos en cada área.

Moyano participa activamente en este ajedrez de nombres a través de intermediarios. Logró sumar a los gremios ferroviarios en su afán por impulsar a López del Punta, que tendría un lugar asegurado, aunque tal vez no como número uno. Entre varias ventanillas abiertas, al jefe camionero lo desvela meter un pie en los centros de logística de las empresas que comercializan de manera digital. Hoy su influencia se limita a la distribución, de la puerta de la fábrica hacia afuera, como sucede con la multinacional Coca-Cola.

Además de Moyano, hay otros actores sindicales que siguen la puja con interés. El jefe de los colectiveros de la UTA, Roberto Fernández, teme que el sucesor de Guillermo Dietrich modifique el reparto de recursos y que eso impacte directamente en la interna de su gremio. El transporte urbano de colectivos se lleva $2600 millones mensuales en subsidios y esconde una pelea subterránea que involucra a gremialistas, a empresarios y al Gobierno.

El próximo ministro de Transporte deberá resolver otros asuntos calientes. En el sector aeronáutico, por ejemplo, el macrismo habilitó el desembarco de las líneas aéreas de bajo costo y buscó aislar a los sindicatos tradicionales. Los gremios reclaman que las low cost sean reguladas y que se cumplan los convenios colectivos y las escalas salariales de forma acorde con lo que sucede en Latam y Aerolíneas Argentinas, cuyo futuro es incierto, con un déficit de entre US$250 y US$300 millones para 2019, según la gestión que está en retirada.

En el sector portuario se anticipan dos negociaciones empinadas por las concesiones del Puerto de Buenos Aires, postergada para marzo próximo, y en 2021 la de la Hidrovía, la boca de salida de los principales exportadores cerealeros. Son pulseadas en las que los gremios no quieren estar ajenos.

Miran con atención los sindicatos lo que Fernández resuelva con la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo que administra los fondos de las obras sociales. La SSS dependerá del ministro de Salud, que sería Ginés González García. Para la SSS circula el nombre de José Pedro Bustos, aunque desde la CGT lo rechazan por su pasado en el organismo durante la gestión de Héctor Capaccioli. Bustos tendría el visto bueno de Luis Barrionuevo, pero no de "los Gordos" ni de los "independientes", los dos sectores cegetistas más cercanos a Fernández.

Ginés González se encontrará con que un 10 por ciento de las 290 obras sociales que hay en el país están en crisis, al borde la quiebra, según informó un jerárquico de la central obrera que conoce como pocos el área. Por eso, una comitiva de la CGT ya negocia con él una ley de emergencia sanitaria y que el Programa Médico Obligatorio (PMO) no impacte en sus prestadoras de salud. Además, la próxima gestión deberá replantear el sistema de reintegros de fondos y la deuda por retención de aportes que reclaman las obras sociales sindicales, cuyo monto ascendió alguna vez a $27.000 millones en el Banco Nación como Fondo Solidario de Redistribución.

En 2016, en un trato histórico, Macri y la CGT acordaron que 8000 millones de esa deuda se destinen a la Cobertura Universal de Salud (CUS), cuyo fin es darles prestación a los sectores más postergados y financiar programas de alta complejidad. Los gremios lo consideraron una cesión al Estado, pero no lo objetaron. Nadie da hoy certezas de que la CUS continúe. Además, se pactó que unos 14.267 millones de los 27.000 fueran a las obras sociales sindicales en concepto de bonos 2020, que deberían cobrarse el año que viene. Los gremios esperan con ansias esos vencimientos para financiar a sus prestadoras, muchas de ellas golpeadas por la devaluación del peso, ya que los insumos se adquieren en dólares.

El interés gremial en plantar tropa propia en el Ministerio de Trabajo responde más a una cuestión de poder e influencia que de beneficio económico. Desde que Claudio Moroni fue confirmado por Fernández como ministro del área, recibió en su despacho o en su teléfono decenas de currículums enviados por sindicalistas. Hay un área codiciada: la dirección de Asociaciones Sindicales, que es desde donde se digitan las elecciones internas de los gremios, las intervenciones y hasta los conflictos de encuadramiento de personal.

También hay un especial interés de Moyano. Lo desvela cómo seguirá la situación del correo postal OCA. Se lo dijo a Alberto Fernández cuando los visitó en su casa, en Barracas, antes de consagrarse presidente. Por una determinación judicial, el gremio y el Estado son desde hace ocho meses administradores conjuntos de la empresa postal privada más grande del país, en la que se desempeñan 7000 empleados, de los cuales unos 6300 están afiliados a Camioneros.

Quebrada, con una deuda con la AFIP que alcanzaría los $7000 millones, OCA está hoy en manos de Rodrigo Condori, abogado de Camioneros, y de Pablo Yannibelli, director nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social del Ministerio de Producción y Trabajo, que encabeza Dante Sica. Moyano quiere un hombre suyo en la silla de Yannibelli. No se lo comunicó a Moroni, con quien aún no tuvo contacto directo ni telefónico.

Para el futuro ministro de Trabajo, el caso OCA es un conflicto impositivo y no gremial. Además, sugieren cerca suyo que la cogestión que dispuso la Justicia debería ser con la AFIP, en lugar de con una dirección de la cartera laboral. El desenlance es aún incierto y es un motivo que inquieta a Moyano. Una incipiente tensión comenzó a guiar su vínculo con Fernández. El líder sindical se desmarcó de la CGT, se exhibe autónomo y forzó al gobierno saliente a dictar la conciliación obligatoria ante la amenaza de un paro de camiones en su disputa por un bono de fin de año. Su pulseada ya dejó de ser con Macri.

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