Los órganos de control ordenan expedientes antes del traspaso

Mauricio Macri
Mauricio Macri Fuente: Reuters
Buscan dejar cerrado el frente judicial de los funcionarios y de las causas iniciadas, para reducir el riesgo de futuras revisiones
Maia Jastreblansky
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10 de noviembre de 2019  

"No hay margen político para el 'ministerio de la venganza' porque la sociedad no se lo va a permitir. Sacamos el 40%". Mauricio Macri repite el resultado que obtuvo en las elecciones una y otra vez. Lo verbaliza y lo escribe en papeles para asegurarles a sus colaboradores que tuvo un triunfo en su derrota. Pero también para tranquilizarlos si hay un cambio de época en los tribunales.

"No hay ánimo de proteger a nadie, pero tampoco vamos a aceptar operaciones mediáticas y judiciales", dijo a LA NACION un funcionario que mira con atención las señales del mundo judicial.

Encargados de cuidarle las espaldas al Presidente, los organismos de control del Estado se aprestan a cerrar varios frentes antes del traspaso. En sus oficinas están los expedientes con las irregularidades investigadas en los últimos cuatro años, tanto del kirchnerismo como del gobierno saliente. A sabiendas de que la nueva gestión revisará lo que hicieron, los "auditores internos" del Gobierno buscan sentar posición para los tiempos que vendrán.

En la Sigen aceleran la firma de los informes de auditoría de todas las áreas del Estado. El síndico general, Alberto Gowland, tiene en su escritorio pilas altísimas de expedientes para firmar antes de dejarle las llaves de su oficina a su sucesor. En muchas áreas del Estado las unidades de auditoría habían dilatado los informes, confiadas en un escenario político más favorable. Pero las PASO aceleraron los tiempos y ahora buscan dejar cerradas todas las auditorías anuales.

Durante la gestión de Macri, la Sigen ganó poder de acción gracias a un decreto que le permitió al síndico general designar y remover a los auditores internos, quitándoles esa facultad a los ministros. Gowland se hizo así de una tropa fiable. Su sucesor podría ahora traer a personas de su confianza para tener "ojos" en todos los ministerios.

El Gobierno también creó "comités de control" para definir acciones correctivas y minimizar potenciales desvíos. "Pusimos todo sobre la mesa y ahora van a poder verlo todo", señalan en la Casa Rosada.

La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, dejará su despacho con más de 50 carpetas abiertas por denuncias contra funcionarios de la administración de Macri. Sus datos permanecen en reserva, pero la gestión de Alberto Fernández podrá retomar esos expedientes y definir su curso, mientras existe un planteo judicial para que la AGN pueda auditar las actuaciones que hizo la OA en los últimos años.

Sentar posición

El Gobierno, en tanto, busca "sentar jurisprudencia" en uno de los flancos más sensibles para la gestión de Macri: el de los conflictos de intereses. En la administración de Cambiemos observan con preocupación los casos de conflictos de intereses que derivaron en causas penales por negociaciones incompatibles con la función pública.

La OA se encargó de delimitar la diferencia entre una y otra figura en sus presentaciones ante la Justicia. En un reciente escrito al juez Sebastián Casanello, el organismo de control le dedicó varias páginas al tema y señaló que "los conflictos de intereses no pueden asimilarse a los delitos ni implican necesariamente su comisión , aunque su regulación constituye una herramienta útil para su prevención".

Otro frente sin resolución para la OA es el de las causas por la corrupción kirchnerista, donde el organismo se involucró activamente como parte querellante. El organismo esperaba presentar su alegato en el juicio por lavado de dinero contra Lázaro Báez conocido como "la ruta del dinero K", que comenzó hace un año y aún está en etapa de indagatorias. Como no hará a tiempo, el equipo de Alonso evalúa dejar por escrito la que hubiera sido su presentación.

Otras causas elevadas a juicio, como las de Vialidad, cuadernos de las coimas, Hotesur y Los Sauces, tienen menos avances. Las últimas tres aún no tienen fecha de inicio. Alberto Fernández deberá decidir qué hará con la querellas de la OA en esos expedientes, que complican a Cristina Kirchner.

Los funcionarios salientes también deberán actuar con cautela cuando vuelvan a la actividad privada. Como última acción, la OA enviará a todos los funcionarios salientes una carta en que les recordará que hasta un año después de su egreso no podrán "efectuar o patrocinar para terceros gestiones ni celebrar contratos con el Estado cuando tengan vinculaciones con la actividad que hubieran desempeñado".

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