Los otros casos judiciales que tienen en la mira al gobierno argentino

A mediados de febrero una noticia conmocionó a Argentina: un fiscal pidió que se impute a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el posible encubrimiento del peor atentado terrorista en la historia del país.

La semana última un juez desestimó ese pedido y ahora el caso será definido por la Cámara Federal, ante la cual el fiscal apeló esa decisión.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la jefa de Estado y las máximas figuras del gobierno son investigadas por la Justicia.

Argentina ya cuenta con un precedente único: el número dos de Fernández, Amado Boudou , es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado .

Boudou fue acusado en julio de 2014 de los delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública por el llamado caso Ciccone : la compra irregular de una imprenta de papel moneda cuando era ministro de Economía, antes de ser vicepresidente.

Amado Boudou es el primer vicepresidente en funciones en la historia argentina en estar procesado

A finales de febrero la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó el procesamiento, por lo que Boudou deberá ir a juicio.

Según la fiscalía, ese proceso no será inminente sino que podría ocurrir a fin de año o en 2016, es decir, una vez que Boudou termine su mandato (que culmina en diciembre, con el recambio presidencial que seguirá a las elecciones generales).

El abogado constitucionalista Gregorio Badeni explicó a BBC Mundo que la situación judicial del vicepresidente es muy distinta a la de Fernández.

A diferencia de un procesamiento, una imputación -como la pedida para la presidenta- no significa que se la esté acusando de un delito, sino simplemente que existen sospechas que podrían ameritar una investigación (si así lo considera un tribunal).

Otras causas

Además de estar acusado por el caso Ciccone, Boudou también fue procesado en 2014 por la presunta falsificación de documentos para transferir un viejo auto importado que compró hace 20 años.

Y el vicepresidente está imputado en dos causas judiciales más: por un plan de viviendas inconcluso que autorizó hace diez años, cuando era un funcionario municipal, y por presunto enriquecimiento ilícito.

La sospecha de incremento indebido de patrimonio es una de las principales denuncias que han enfrentado varios de los miembros del gobierno desde la llegada al poder del kirchnerismo en 2003.

Uno de los más denunciados fue la propia pareja presidencial de Néstor Kirchner (2003-2007) y su sucesora y esposa, Fernández, quienes fueron imputados y luego sobreseídos dos veces por sospechas de enriquecimiento ilegal.

La primera vez fue por el crecimiento supuestamente desmedido de su patrimonio entre 2005 y 2007, y la segunda por un aumento de 158% en su riqueza entre 2008 y 2009.

Dos jueces desestimaron esas sospechas, lo que causó mucha controversia en su momento en el país.

Hoy en día los bienes de la presidenta siguen estando bajo la lupa judicial.

El magistrado federal Claudio Bonadio -el mismo que procesó a Boudou por la falsificación de documentos- investiga si una empresa hotelera que pertenece a Fernández y a su familia es parte de una operación de lavado de dinero.

El caso Hotesur

La causa surgió luego de que el diario LA NACIÓN reveló que la sociedad anónima Hotesur, que administra distintos hoteles y tiene a la presidenta entre sus accionistas y a varios familiares de Fernández en su directorio, alquiló cientos de habitaciones al empresario Lázaro Báez , un aliado del gobierno.

Báez es el principal concesionario de obra pública en la provincia de Santa Cruz , que fue gobernada por Néstor Kirchner desde 1991 hasta 2003, cuando llegó a la presidencia.

Según el diario, el acuerdo preveía el pago del alquiler de las habitaciones ya sea que se usen o no.

El juez investiga si el acuerdo pudo haber ocultado una maniobra de blanqueo de divisas ilegales o una devolución de favores por la adjudicación de obras públicas.

En noviembre pasado, Bonadio ordenó el allanamiento del domicilio legal de Hotesur S.A., en Buenos Aires, luego de que la diputada opositora Margarita Stolbizer denunciara a la compañía por no entregar todos sus balances a la Inspección General de Justicia.

El juez halló una oficina vacía.

A través de un comunicado, la empresa explicó que había cambiado su domicilio y criticó duramente a los medios de comunicación por "presentar como delictivo" el incumplimiento de trámites administrativos.

"(La investigación) constituye una operación mediática-judicial con la infaltable complicidad de sectores de la oposición partidaria y vaya a saber con qué otra apoyatura externa, contra la presidenta y sus hijos", denunció a través de las redes sociales.

Por su parte, el gobierno impuso a Hotesur una multa de unos US$350, la sanción más severa prevista para este tipo de infracciones.

Hace dos semanas la Cámara Federal porteña rechazó apartar de la causa a Bonadio, negando el pedido de recusación de una de las imputadas, Romina Mercado, sobrina de la presidenta, quien encabeza el directorio de Hotesur.

A pesar de que por ahora el juez no procesó a nadie ni citó a los imputados a indagatoria, el caso Hotesur ha generado mucha expectativa en Argentina.

El periodista Joaquín Morales Solá, crítico del gobierno, aseguró que se trata "del caso más complicado que tiene la presidenta argentina, incluso más que la denuncia de Nisman".

"Partido Judicial"

El gobierno asegura que la multiplicación de denuncias judiciales en su contra es parte de un "golpe blando" liderado por la oposición, los medios críticos y jueces y fiscales que buscan debilitar o derrocar al gobierno.

A través de una carta pública, la presidenta acusó a algunos sectores del Poder Judicial de haber formado un "Partido Judicial", que según la mandataria "es opositor y destituyente del gobierno".

Así respondió Fernández a una masiva movilización convocada por un grupo de fiscales críticos del gobierno que el pasado 18 de febrero marcharon con la consigna de homenajear a Nisman y pedir que el gobierno no interfiera en la investigación de su muerte.

En un discurso ante el Congreso por la apertura de sesiones ordinarias, el pasado 1 de marzo, la mandataria reiteró sus acusaciones contra el "partido judicial".

Además, a través de una solicitada en los diarios dijo que la denuncia de Nisman buscó "generar un efecto político desestabilizador" y resaltó el hallazgo de otros documentos firmados por el fiscal poco antes de morir que ponderan el trabajo del gobierno en la causa AMIA.

Denuncias

Aunque las causas Nisman, Ciccone y Hotesur son las de más alto perfil, no son las únicas acusaciones que enfrentan las autoridades argentinas.

Según el diario Perfil, en 2014 la presidenta y su gabinete sumaban 745 denuncias ante la Justicia Federal por presuntos casos de corrupción.

"Cristina Kirchner encabeza el ranking con 298 (denuncias)", detalló el periódico en septiembre pasado, citando fuentes de los tribunales federales.

Pero ¿cuántas de esas denuncias tienen fundamento?

El fiscal que lleva la causa Ciccone, Jorge Di Lello, admitió recientemente que la Justicia argentina está muy politizada.

"Argentina es amante de las carátulas", dijo a la radio Vórterix, haciendo referencia al nombre que se le da localmente a las denuncias judiciales.

"A veces son carátulas bien ganadas, otras veces son carátulas bien inventadas", agregó.

Di Lello aclaró que "la traslación de la lucha política a los tribunales" no es un fenómeno nuevo, sino algo que ocurre hace "veinte años".

Condenas

Los críticos del gobierno afirman que la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Judicial hizo que se frenaran varias causas que afectan a funcionarios, como las de enriquecimiento ilícito.

Por su parte, la presidenta acusó de lo contrario: denunció que hay varios casos que perjudican a opositores (como el multimedios Grupo Clarín, enfrentado abiertamente al gobierno) y que han sido "cajoneados" por jueces o fiscales afines a esos intereses.

Lo cierto es que durante los últimos 12 años de gobierno kirchnerista la mayoría de las investigaciones que enfrentó el gobierno fueron cerradas, algo que para las autoridades prueba su inocencia y para sus críticos es evidencia del poder de influencia del gobierno sobre algunos jueces y fiscales.

No obstante, también ha habido varios exfuncionarios kirchneristas procesados e incluso condenados por la Justicia.

En 2012, la exministra de Economía Felisa Miceli fue sentenciada a cuatro años de prisión por los delitos de encubrimiento agravado y sustracción de documento público, a raíz del hallazgo de dinero no declarado en el baño de su oficina.

Y el año último el exministro de Transporte Ricardo Jaime –quien está procesado en múltiples causas- fue sentenciado a seis meses de prisión por intentar robar pruebas en un allanamiento.

Las condenas de Miceli y Jaime están en suspenso hasta que concluya el proceso de apelación, por lo cual no han ido a la cárcel.

También están procesados por otros delitos la exsecretaria de Medio Ambiente Romina Picolotti, el exsecretario de Transporte Juan Pablo Schiavi y el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno.

Fin de ciclo

Algunos analistas creen que el aumento de denuncias judiciales tiene que ver con un "fin de ciclo", ya que en diciembre Fernández dejará el poder, lo que podría marcar el fin del kirchnerismo.

Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), dijo a BBC Mundo que algo similar ocurrió al final del mandato de Carlos Saúl Menem (1989-1999).

"Cuando los jueces y fiscales dejan de temer que sus investigaciones puedan llevar a medidas disciplinarias en su contra, tienen mayor vocación de hacer ". Gabriel Puricelli, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP)

"Cuando los jueces y fiscales dejan de temer que sus investigaciones puedan llevar a medidas disciplinarias en su contra, tienen mayor vocación de hacer", señaló.

Por su parte, la consultora política Graciela Römer consideró que el final del mandato presidencial simplemente "aceleró los procesos judiciales que estaban aletargados".

Römer dijo a BBC Mundo que la muerte "violenta y dudosa" del fiscal Nisman aumentó la presión de la opinión pública y de los medios para que la Justicia actúe y para que se castigue la corrupción, lo que también puede haber dado impulso a las causas judiciales contra el gobierno.

Verónica Smink