Los peritos no son jueces
La investigación por enriquecimiento ilícito a los Kirchner que acaba de ser cerrada en primera instancia exhibe peculiaridades que no se limitan a la inusual velocidad con la que se desarrolló.
Por lo general, este tipo de investigaciones lleva mucho tiempo, ya que no se circunscribe a la comparación de declaraciones juradas, sino que es menester acceder a la documentación original necesaria para evaluar la veracidad, la razonabilidad y la credibilidad de lo que se declara.
El objeto de una investigación de estas características es determinar si efectivamente hubo un incremento patrimonial, que éste sea importante y que, además, ese incremento no pueda explicarse razonablemente con los ingresos legítimos que el investigado acredite.
Si bien la existencia de una peritación contable es esencial, es fundamental que el investigador indique con la mayor precisión posible cuáles son los incrementos cuya fuente debe establecerse, y sobre eso deben pronunciarse los peritos.
El peritaje realizado en este caso, que el juez califica de "contundente", es absolutamente dogmático, ya que pese a afirmar en forma alambicada que el incremento patrimonial tiene su "origen intrínseco" (sic) en las operaciones que el informe dice señalar, ni siquiera ha especificado cuál es el monto de incremento que considera justificado.
Es incierta, a la vez, la especificidad de la documentación analizada, y ni una palabra se vierte respecto de su razonabilidad: precios de mercado, tasas de interés vigentes y otros factores que no sólo debieron analizar los peritos, sino también el propio juez.
Tampoco se analizan las diferencias que existen entre el dictamen de la Oficina Anticorrupción y el del contador particular de los investigados. Pareciera, además, que la investigación lleva a cabo un análisis con anteojeras temporales, evitando comparar lo declarado en el año analizado con los años anteriores, en contra de lo recomendado por la propia Cámara en el caso del ex ministro Granillo Ocampo.
La función de los peritos es auxiliar al juez, pero no reemplazar su criterio, su sentido común, su espíritu crítico y su rol de investigador de delitos. Cuando en nuestro vetusto sistema el juez se olvida de impulsar la investigación, se genera un desequilibrio que termina deslegitimando a las instituciones.