Los temas más polémicos de la reforma

Laura Serra
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25 de noviembre de 2013  

El nuevo régimen de adopción

El nuevo Código propone agilizar los trámites de adopción. En este sentido, se le otorga un plazo máximo de 90 días al juez que debe resolver sobre la situación de adoptabilidad de un niño. El texto reconoce el derecho del adoptado con edad y grado de madurez suficiente a conocer los datos relativos a su origen y puede acceder, cuando lo requiera, al expediente judicial y administrativo en el que se tramitó su adopción y a otra información que conste en registros judiciales o administrativos.

El niño, niña o adolescente puede ser adoptado por un matrimonio, por una pareja de convivientes o por una persona sola. La declaración judicial de la situación de adoptabilidad no puede ser dictada si algún familiar o referente afectivo del menor ofrece asumir su guarda y tal pedido es considerado adecuado al interés de éste.

Queda prohibida expresamente la entrega directa en guarda de niños, niñas y adolescentes mediante escritura pública o acto administrativo, así como la entrega directa en guarda otorgada por cualquiera de los progenitores u otros familiares del niño.

Fertilización asistida

Las técnicas de fertilización asistida están contempladas en el capítulo dos del proyecto del nuevo Código, que regula el consentimiento "previo, informado y libre" de las personas que se

sometan a las técnicas. Esto significa que en los casos de reproducción humana asistida, el vínculo filial se establece por medio de la "voluntad procreacional" de quienes se someten voluntaria y conscientemente a estas nuevas técnicas.

La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. A petición de las personas nacidas a través de estas técnicas, puede revelarse la identidad del donante, por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial. El nuevo Código no regulará el tema de la maternidad subrogada o "alquiler de vientres". Finalmente, el Frente para la Victoria decidió eliminar ese apartado por pedido de la Iglesia, al igual que la fecundación post mórtem mediante técnicas de reproducción humana asistida.

Matrimonio y uniones

Se mantiene el matrimonio entre personas de distinto o igual sexo y se reconoce la igualdad de derechos entre sus integrantes.

Antes de la celebración del matrimonio, los futuros cónyuges pueden hacer convenciones para determinar el valor de los bienes que tienen, de sus deudas, de las donaciones que hagan entre ellos y optar por alguno de los regímenes matrimoniales previstos. Se debe hacer en escritura pública y tiene ciertos límites, como la protección de los alimentos o la vivienda familiar. Se puede convenir la separación de sus bienes, y que cada uno conserve la administración y disposición de lo que tiene. Si no hay convenio, se aplica el régimen de comunidad, que distingue entre los bienes propios y gananciales.

También autoriza las "uniones convivenciales", que se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, público, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. La existencia de la unión convivencial y su extinción deben inscribirse en el registro de la jurisdicción local.

El nombre de las personas

El proyecto da más libertad para las personas con relación al nombre. Se reconoce la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas, algo que hasta ahora no estaba reglamentado.

El hijo lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges; en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas.

A pedido de los padres o del interesado con edad y madurez suficientes, se puede agregar el apellido del otro.

Todos los hijos de un mismo matrimonio deben llevar el apellido y la integración compuesta que se haya decidido para el primero de los hijos.

El hijo extramatrimonial con un solo vínculo filial lleva el apellido de ese progenitor.

Cualquiera de los cónyuges puede optar por usar el apellido del otro, con la preposición "de" o sin ella.

El cambio de prenombre o apellido sólo procede si existen justos motivos a criterio del juez.

El concepto de pesificación

Uno de los temas más controvertidos es el referido a la moneda con que el deudor puede hacer frente a sus obligaciones: según la oposición, se abre la puerta para la pesificación de todas las deudas y contratos en dólares.

El proyecto oficialista establece, en el artículo 765, que "si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor puede liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal". En el artículo 766, enfatiza que "el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada".

Esta redacción difiere de la que había elaborado la comisión redactora del nuevo Código. Pero el ministro de Justicia, Julio Alak, aclaró que "no hay pesificación de contratos en moneda extranjera ni tampoco de ahorros en moneda extranjera", y enfatizó que "si el contrato elaborado por la voluntad de los particulares en moneda extranjera plantea una ejecución de pago en moneda extranjera, los pagos se harán en moneda extranjera".

Responsabilidad del Estado

El Gobierno propone que la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios cuando se cometa un daño contra un tercero se rija por las normas del derecho administrativo de cada provincia o municipio. Es taxativo: establece que las disposiciones del Código Civil no son aplicables de manera directa ni subsidiaria en este punto.

En la actualidad, esta cuestión se dirime por vía civil, ya que así lo establece la jurisprudencia. Lo ratificó la comisión de juristas que redactó el proyecto original del nuevo Código, el cual fue luego modificado por el Gobierno para insistir en la vía administrativa.

El proyecto establece que la sanción pecuniaria disuasiva (multas) es "improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios". Asimismo, establece como requisitos para demandar al Estado "daño cierto y actual, debidamente acreditado por quien lo invoca y mensurable en dinero". Prohíbe, además, la reparación del lucro cesante. A aquellos funcionarios y agentes públicos que incumplan sus funciones incurriendo en culpa y dolo se los hace responsables de los daños que causen.

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