Los temores de un "festival de decretos"
En varios bloques discuten ir a la Justicia si se demora la comisión que debe revisar los DNU
Los jefes opositores están en alerta: anticiparon que podrían recurrir a la Justicia en el caso de que el oficialismo se resistiera a conformar en lo inmediato la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, encargada de revisar los decretos de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno.
También apelarían a la vía judicial si el oficialismo aprovecha el receso legislativo de verano para emitir más decretos eludiendo al Congreso.
Así lo adelantó la diputada Elisa Carrió (Coalición Cívica), quien dijo que pasará el verano en la Capital para supervisar los movimientos del Gobierno.
"Si el Gobierno llegara a emitir un decreto que resulte perjudicial para la sociedad y la comisión bicameral sigue sin ser constituida, no descartamos acudir a la Justicia. La comisión bicameral debe ser permanente, así lo establece la ley", enfatizó Carrió.
El oficialismo decidió postergar hasta marzo próximo la constitución de esta comisión legislativa a la espera de cómo se resuelva en el Senado la puja entre el kirchnerismo y la oposición por el control de ese cuerpo (de lo que se informa aparte).
La oposición insiste en su inmediata conformación para intentar imponer su mayoría. Además, está pendiente de tratamiento el último decreto presidencial que ordena la creación de un fondo especial de 6500 millones de dólares para garantizar el pago de la deuda a los acreedores externos.
Entre las otras comisiones bicamerales que despiertan tensiones están la Revisora de Cuentas, que supervisa los informes que elabora la Auditoría General de la Nación (AGN), organismo creado por la Constitución Nacional y presidida por la oposición. Cuenta con 12 miembros, seis por cada cámara y es vital para avanzar con investigaciones sobre la gestión.
Se prevé tensión también por las negociaciones sobre la comisión de Comunicación Audiovisual: creada por la nueva ley de radiodifusión, evalúa el desempeño de la autoridad de aplicación, del defensor público de la comunicación y de los medios audiovisuales del Estado.
No es menor tampoco la discusión por la comisión de seguimiento de la SIDE, organismo al que la oposición quiere seguir de cerca.