Los tiempos de la justicia federal desnudan sus defectos estructurales

Muchos casos de corrupción que parecían destinados a la inactividad mostraron movimientos procesales muy fuertes en los últimos meses. Este fenómeno nos conduce a una pregunta elemental, ¿Por qué estos casos avanzan ahora y no lo hicieron antes?

El seguimiento de los principales casos de corrupción que realiza ACIJ desde hace años demuestra que nuestro sistema institucional es absolutamente ineficiente para perseguir y sancionar adecuadamente los hechos de corrupción.

En nuestro país prácticamente no existan condenas por corrupción y, en general, las que existen llegan muy tarde. Se trata de un problema estructural, que no se explica solamente por la voluntad de investigar o la falta de ella por parte de los jueces.

Un factor obvio e insoslayable es la falta de independencia judicial. Existen vínculos poco transparentes entre la política, distintos grupos de poder y los jueces, que influyen indebidamente en el trámite de las causas judiciales en general y de corrupción muy en particular. Por esto, las variables que suelen explicar sus avances o retrocesos son principalmente de índole política y no jurídica.

El poder político puede presionar al Poder Judicial gracias a algunos mecanismos decisivos: el primero, los procesos de selección y designación de jueces son poco transparentes y permiten discrecionalidad política en detrimento de criterios más objetivos basados en la idoneidad y el mérito. En segundo lugar, el régimen de sanciones disciplinarias carece de transparencia, las denuncias contra jueces suelen pasar largo tiempo sin ser tratadas y los expedientes abiertos indefinidamente funcionan como modo de presión sobre el juez investigado. Por último, el uso abusivo de la figura de jueces subrogantes conduce a que existan cientos de jueces que no tienen garantía de estabilidad y pueden ser fácilmente removidos.

A su vez, los jueces federales participan de la misma lógica decidiendo el avance y/o retroceso de los casos de corrupción según los tiempos políticos, y suelen mantener los casos abiertos durante años como prenda de negociación con el poder político. Esto es posible por la falta de transparencia del proceso penal y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas por parte de los magistrados, pues muchas prácticas serían difícilmente justificables ante los ojos de la ciudadanía.

Por otra parte, nuestro sistema judicial carece de herramientas adecuadas para investigar los delitos del poder. El régimen procesal penal federal es antiguo e ineficiente y es necesario reemplazarlo por uno de tipo acusatorio y desburocratizado.

A su vez, es necesario incorporar mecanismos procesales eficaces para la lucha contra la corrupción, como la llamada "ley del arrepentido", así como también profesionalizar las agencias auxiliares de la Justicia para mejorar la calidad de las investigaciones.

Retomando las preguntas iniciales, la realidad es que en los últimos tiempos no hubo mayores reformas en los aspectos que mencionamos.

En cambio, pareciera que lo que sí cambió fue la decisión de ciertos jueces de avanzar en casos en los que, por alguna razón, hasta hace unos meses no lo hacían. Parece, en definitiva, que buena parte de las razones por las que muchos casos no avanzaban, son las mismas por las que ahora avanzan, de manera que el problema no está resuelto.

Para empezar a resolverlo, necesitamos mejorar la manera en la que seleccionamos y sancionamos a nuestros jueces, implementar mecanismos eficientes de rendición de cuentas, y mejorar las herramientas procesales para investigar los casos de corrupción. Si no cambian esas condiciones, difícilmente podamos esperar mejores resultados.

Fernando Bracaccini y Renzo Lavín