Opinión. Los trabajadores pagarán la deuda privada

Por Pedro Pou Para LA NACION

5 de Febrero de 2002

Cuando me preguntaban por qué la Argentina no volvería a su pasado inflacionario, solía responder que había cambiado la economía política de la devaluación. Dado que la mayoría de los contratos estaba en dólares, una devaluación no reportaría, como en el pasado, un enorme beneficio a las grandes empresas y al Estado.

Además, causaría un daño enorme a la economía argentina y ningún gobierno responsable se animaría a tomar tal medida. Me equivoqué; subestime la imaginación de nuestros lobbistas y funcionarios, que es tan grande como para que la realidad económica no haya sido un obstáculo para devaluar y procurar hoy los mismos beneficios que en el pasado.

Decía en LA NACION el 6 de enero pasado: "Hoy, el Congreso Nacional está considerando otorgar a ese presidente carta blanca para que fije el régimen cambiario, las relaciones contractuales en el sistema financiero y aquellas con las empresas privatizadas. Hace apenas nueve meses, el Congreso, enfrentando una situación similar (crisis terminal, creíamos entonces), delegó en el Poder Ejecutivo facultades que le son propias. Los resultados de esa delegación están a la vista. La situación, en lugar de mejorar, empeoró.

Es preciso que decisiones de la magnitud de la que se contempla delegar (la fijación del tipo de cambio, la alteración de los contratos dentro y fuera del sistema financiero y la renegociación de los contratos de las empresas privatizadas) sean ampliamente debatidas en el seno del Congreso.

Este debe retener las facultades que le son propias y colaborar con el Poder Ejecutivo debatiendo y aprobando el régimen cambiario y los cambios a las leyes que regulan el sistema financiero y a las empresas privatizadas que le proponga. Las medidas ganarán en legitimidad y los reclamos de la ciudadanía serán menores.

Las decisiones del fin de semana, sumadas a la devaluación, son las que tenía en mente al escribir ese párrafo. Más allá de su constitucionalidad, sobre lo cual deberá expedirse la Corte Suprema, implican una megarredistribución de riqueza e ingresos de una magnitud sin precedente. Un grupo de funcionarios ha decidido que un mismo bien, el dólar, tenga valores distintos según la situación del ciudadano: si es un depositante del sistema financiero, el valor de un dólar es de $ 1,40; si en lugar de prestarle al sistema financiero le prestó a un particular, vale $ 1; si es un deudor, del sistema financiero o del sistema privado, ese dólar vale $ 1.

Sólo los deudores van a quedar contentos, pero sólo en la medida en que sean cortos de vista y no tengan en cuenta el impacto de largo plazo de la falta de seguridad jurídica sobre el mercado de capitales. Su deuda ha disminuido, pues no ha aumentado en pesos, pero ha disminuido en dólares. Esa disminución es mayor cuanto más grande es el componente exportable o de sustitución de importaciones en su producción. Pero no toda la deuda ha disminuido. Quienes tomaron deuda directamente del exterior están, por ahora, penalizados.

Los depositantes en el sistema financiero reciben $ 1,40 por sus dólares más una indexación y una tasa de interés a partir del 1° de enero de 2002. Vale decir que, en la medida en que la indexación no les juegue ninguna trampa, ¡han mejorado un 40% su posición!, en términos de bienes en el mercado argentino. Pero, en términos de dólares billete, han perdido hoy la diferencia entre $ 2 y $ 1,40.

¿Cómo se sienten los depositantes? Si hicieran sus cálculos en poder adquisitivo doméstico deberían estar contentísimos. La realidad es que se sienten estafados, porque dado que no creen en la moneda argentina, hacen sus cálculos en dólares. Y en dólares han perdido una cantidad incierta, pero significativa. Si se mantiene en $ 2 habrán perdido 30-40%, pero esa pérdida aumentará a medida que el dólar aumente y que el índice de actualización no lo refleje.

La megarredistribución también ha afectado a quienes no son depositantes ni deudores del sistema financiero privado. Cualquiera sea el artilugio contable que se utilice y cualquiera la ingeniería financiera que lo respalde, quien terminará pagando los entre $ 20.000 y $ 30.000 millones -que es el impacto inicial de esta medida sobre los balances de los bancos- serán los trabajadores. Y también tendrán que afrontar todo otro costo que implique esta medida. Pero, ¡oh maravilla de la política!: la devaluación ha sido apoyada por los principales líderes sindicales. (¿A quién representarán?)

Todos recordamos que muchos políticos se han desgarrado las vestiduras denunciando que Cavallo estatizó la deuda privada en los 80, aunque no fueron esos seguros de cambio los que la estatizaron, pues eran indexados por precios. Sin embargo, los posteriores esfuerzos de los lobbies de los endeudados lograron desindexarlos, y fue allí cuando se produjo la total estatización de la deuda privada.

Pero eso es lo que está sucediendo: el Gobierno está pasando una parte de la deuda privada (inicialmente un 40%) a los trabajadores. No queda claro cuál es el factor de ajuste ni cómo evolucionará a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué nos garantiza que la historia de los seguros de cambio de Cavallo no volverá a repetirse y que no habrá un jubileo de las deudas? Y si los endeudados necesitan la hiperinflación para licuar sus deudas, ¿qué es lo que, en este fluido contexto jurídico, puede darnos seguridad de que eso no ocurrirá?

¿No habría sido más eficiente, justo y generador de muchísima menos angustia que, manteniendo la convertibilidad, se modificara la paridad cambiaria a $1,40 y que el Estado instrumentara subsidios puntuales a los deudores con menor capacidad?

¿Dónde queda la seguridad jurídica, luego de que contratos financieros y extrafinancieros en dólares billetes se transforman, por decisión del príncipe, en pesos uno a uno? ¿Cuándo volveremos a tener ahorro en la Argentina?¿Cuándo un sistema financiero? ¿Cuándo crecimiento económico?

El autor es ex presidente del Banco Central.

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