Macri, en busca de la salida del cepo peronista

Al cabo de un mes de permanencia en el poder, Mauricio Macri encuentra a diario su principal contradicción: el electorado le dio un mandato, pero él carece de los recursos institucionales para satisfacer esa demanda. No sólo carece de mayoría en ambas cámaras. El encargo que le dieron los votantes consiste en desmontar una política cuyos autores, los peronistas liderados por Cristina Kirchner, controlan el Senado y constituyen el bloque más numeroso en Diputados. Esta discordancia tiene un agravante: Cambiemos recibió como un presente griego la endiablada provincia de Buenos Aires. Allí, con un instrumental también insuficiente, debe hacer reformas aun más desafiantes.

Macri tiene una sola salida en este laberinto: inducir al peronismo a desobedecer a la ex presidenta. Es decir: llevar al máximo la tensión de las bancadas parlamentarias de esa fuerza hasta romperlas.

Ese experimento se está poniendo a prueba en la legislatura bonaerense. María Eugenia Vidal espera que la Cámara de Diputados apruebe con dos tercios el endeudamiento que impone el exorbitante déficit que dejó Daniel Scioli. Esa operación será, en una escala reducida, un adelanto para la principal incógnita política de Macri. Su invitación a Sergio Massa para viajar a Davos se inscribe en este cuadro de problemas. Si el Frente para la Victoria se sigue mostrando monolítico, su dependencia con Massa será inexorable.

Que Scioli haya sido suspendido como acompañante delata una revisión: el acuerdo inicial que se esbozó con él en Buenos Aires fue un fracaso por donde se lo mire. Vidal fue generosa con su antecesor. La cercanía con Scioli no fue motivo de veto para quienes, como Gustavo Ferrari o Fabián Perechodnik, quisieron sumarse a su equipo. Avanzó más: pactó la continuidad en áreas donde la administración anterior merecía más reproches. En el Servicio Penitenciario mantuvo al alter ego del ministro Ricardo Casal, César Albarracín. Y en Seguridad, a Fernando Jantus, quien, como mano derecha del ministro Alejandro Granados, fue el responsable de exponer a miles de jóvenes que, con seis meses de instrucción, enfrentan a la delincuencia como policías municipales. Vidal optó, eso sí, por reemplazar al jefe de la bonaerense, Hugo Matzkin. Eligió a un miembro de su conducción, Pablo Bressi, quien estaba al frente de la lucha contra el narcotráfico. En el ascenso de Bressi influyó la recomendación de la DEA.

Hoy Matzkin se sumó al gabinete de Granados, en Ezeiza. Y rodea a Bressi con su gente: Jorge Figini en Investigaciones y Alejandro Moreno en Operaciones.

Vidal se encadenó a la gestión previa después de escuchar a varios ex funcionarios del Frente Renovador que le recomendaron lo contrario. Quizá no percibió un fenómeno crucial: su gobernación significa el fin de 25 años de falta de alternancia. Es decir, el desmoronamiento de muchísimos pactos subterráneos preexistentes. Dicho de otro modo: la salida de un PRI, en miniatura.

El acuerdo con Scioli tuvo resultados catastróficos antes de que los Lanatta y Schillaci se escaparan del penal. Apenas asumió, Vidal descubrió que la provincia estaba quebrada. Después la fuga puso en evidencia una herencia más tenebrosa. Ayer Gendarmería detectó que el trío podría haberse trasladado en un taxi a Paraguay. Ridículo, pero no sorprendente. La desidia de policías y carceleros obligó a Eugenio Burzaco a solicitar la captura a Interpol 10 horas más tarde de que huyeran. La hipótesis de la salida del país refuerza la sospecha de que quienes dispararon contra dos vigilantes en Ranchos no eran los Lanatta y Schillaci. El episodio pudo haber sido montado por los "investigadores". Quizá la búsqueda por Quilmes haya sido una farsa. Lo que no quiere decir que el viaje en largo taxi sea verídico.

Scioli demostró también que no puede ser solidario con Vidal. Dejó una provincia desquiciada y sólo puede mostrarse disfrazar con un conflicto político la condena sobre su desempeño. Lo curioso es que el gobierno bonaerense no le formula reproche alguno. Prefiere como contradictor a Aníbal Fernández, identificado como "la Morsa". Razonable: esa pelea zoológico-policial merecería, de tan taquillera, animar Mundo Marino.

La alianza con Scioli tampoco funcionó en la Legislatura. Vidal había acordado con el jefe del bloque kirchnerista José Ottavis, de La Cámpora. Ottavis viajó a Río Gallegos a pedir instrucciones. Lo autorizaron a aprobar el endeudamiento. Cristina Kirchner también le advirtió: "No quiero pescarte en cosas raras". Se ve que lo conoce. El pacto con Ottavis fue recomendado por Massa, para Vidal se maneje con el PJ por la vía institucional. Razonable. Y conveniente: Massa debe impedir que ella acuerde con Julián Domínguez y Fernando Espinosa, sus rivales en la reconstrucción provincial del peronismo. Pero el entendimiento con Ottavis fracasó. Santiago Révora, primo de "Wado" De Pedro, lo boicoteó en nombre del mitológico desendeudamiento. Walter Abarca, ex secretario de Néstor Kirchner y sigiloso jefe de Ottavis, también rompió. ¿Fue por orden de Máximo Kirchner o por su vinculación con Domínguez? Por las dos cosas.

El ministro de Gobierno Federico Salvai está consagrado a restaurar el puente con el peronismo. Tiene una ventaja: al incumplir lo pactado, Ottavis lo liberó para negociar con todas las facciones. Salvai tendió una línea para que los intendentes, necesitados de fondos, presionen a los legisladores. Consiguió sumar unos treinta, que pusieron dos condiciones: reducir el permiso a $ 60.000 millones, de los cuales 15.000 estarían adjudicados a las comunas. Corolario: el peronismo territorial ayudaría a Vidal a financiarse pero a cambio de mayor autonomía. Con $ 45.000 millones de crédito ella deberá recurrir a ellos a mitad de año.

Nadie sabe cómo procesará este pacto el bloque kirchnerista. Los diputados del Frente para la Victoria podrían, si no fracturarse, votar divididos. La prueba será el martes que viene.

Negociaciones

El interrogante principal: ¿la negociación bonaerense es una maqueta del acuerdo entre Macri y un sector de lo que hasta ahora sigue siendo el kirchnerismo nacional? En Diputados la relación entre Cambiemos y el Frente para la Victoria (FpV) quedó suspendida por la denuncia penal que Héctor Recalde formuló contra el presidente del cuerpo, Emilio Monzó. Fue porque Monzó envió al Consejo de la Magistratura el pliego de Pablo Tonelli, de Cambiemos, y no el de Marcos Cleri, de La Cámpora, como representante de la primera minoría. Monzó se basó en que la ley no habla del "bloque de la mayoría" sino de "mayoría". Y Tonelli fue promovido por más diputados que Cleri. El trámite quedó congelado por una cautelar, que impidió a Ricardo Lorenzetti tomar juramento a Tonelli. Pero no debería descartarse que el Consejo de la Magistratura acepte el diploma. Cualquiera que sea el desenlace, la aritmética es rigurosa: roto el diálogo con el kirchnerismo, la sujeción de Macri a Massa y sus 35 diputados es inevitable.

La otra disputa que divide a oficialistas y kirchneristas es por la presidencia de la comisión bicameral de seguimiento de los decretos de necesidad y urgencia. Es un órgano crucial para la aprobación de normas como, por ejemplo, la reforma a la Ley de medios. La comisión está formada por ocho representantes de cada cámara. El FpV envió a los dipu-talibanes Recalde, Juliana Di Tullio y Diana Conti; y a las también ortodoxas senadoras María de la Rosa y Anabel Fernández Sagasti. El grupo se completa con tres s moderados: Juan Manuel Abal Medina, Juan Irrazábal y Mario Pais. El oficialismo está en minoría con 7 miembros. Quiere decir que para aprobar sus DNU Macri depende de Raúl Pérez, diputado del Frente Renovador al que adjudican una peculiaridad imposible: sería más veloz que su jefe, Massa. Mientras la composición sea 8 contra 8, la comisión está paralizada.

Para moderar la supeditación a Massa, quien se prepara para disputar la provincia de Buenos Aires el año próximo, los líderes de Cambiemos intentan quebrar al FpV. O, por lo menos, abrir el diálogo. La designación de Ricardo Echegaray en la Auditoría General fue un test. Gabriela Michetti ya no tenía demasiados argumentos para refutar a Pichetto, quien argüía que Echegaray no está procesado. El costo: la ira de Elisa Carrió. Pichetto, a la vez, guarda silencio frente al despido de más de 2000 empleados designados por Amado Boudou. El acuerdo es asimétrico, salvo que Michetti haya avanzado más: el Gobierno debe convalidar la designación de Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti en la Corte. ¿Resignará Pichetto su proyecto de ampliar el tribunal para agregar otros dos jueces? Es la pesadilla de Lorenzetti.

Son escaramuzas. Macri no quebrará al FpV sin un compromiso con los gobernadores. El modo de negociar está en discusión. ¿Fue útil haberlos ayudado a pagar los sueldos de fin de año sin arrancarle un compromiso legislativo? ¿Puede el Presidente, como acaba de disponer, hacer efectivo ese pacto en marzo? ¿O le hubiera convenido convocar a una sesión extraordinaria en febrero? Vicente Saadi, mientras negociaba una embajada en el Senado, supo decirle a Raúl Alfonsín: "Estos acuerdos aquí se cobran al contado". La agenda de Macri incluye capítulos tan vitales como el levantamiento del cerrojo para negociar con los holdouts. Es cierto: sin ese acuerdo no hay financiamiento para nadie.

Mientras resuelve estos dilemas, Macri debe subir a Massa a todos los aviones. Massa acepta, entusiasmado. No sólo mantiene el protagonismo de la campaña electoral. También puede conseguir recursos para montar una estructura con la que atravesar el desierto. Hasta 2018, por lo menos. Tiene una ventaja: con Macri reinando en las encuestas, nadie lo censurará por su colaboración.