Malestar militar por una baja salarial

A partir de un fallo de la Corte Suprema, el personal militar y de las fuerzas de seguridad podría tener que devolver parte de los aumentos salariales cobrados en los últimos siete años, al disponer el tribunal que se modifique el cálculo de las actualizaciones de los haberes en el ámbito castrense.

La resolución judicial, que afecta principalmente a los oficiales y suboficiales retirados, no fue todavía aplicada, pero ya comenzó a generar malestar e incertidumbre.

Desde 2005, los aumentos otorgados al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad se aplicaron como "suplementos no remunerativos ni bonificables", a través de distintos plus por vivienda, vestimenta y estudio, entre otros conceptos, que no se computan en el cálculo de los haberes del personal retirado.

Fuentes castrenses revelaron que esos suplementos no remunerativos constituyen hoy casi el 70% del sueldo de los 73.000 militares en actividad, lo que amplía la distancia salarial respecto del personal retirado (unos 50.000), cuyos haberes representan el 38% de los que están en servicio. Un general de división, por ejemplo, cobra $ 22.000 en actividad y pasa a recibir $ 8000 al jubilarse.

Ello provocó en los últimos años una avalancha de juicios, por parte de militares y oficiales de seguridad que lograron medidas cautelares favorables para que se les reconozcan los conceptos no abonados. "Los amparos y las recomposiciones salariales dispuestas en sede judicial produjeron un desequilibrio gigantesco en la escala de remuneraciones, con oficiales que multiplicaron sus haberes en forma desproporcionada", explicó ayer a La Nacion un vocero de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, que recurrió a la Corte "para evitar que siguieran extendiéndose las medidas cautelares sin resolver la cuestión de fondo".

Ahora, al pronunciarse en el caso Zanotti, la Corte dispuso que los aumentos "deben calcularse no sobre el sueldo bruto, sino sobre el haber mensual", que no incluye ni adicionales ni antigüedad. Y afirmó que no corresponde aplicar el cálculo sobre el aumento acumulado de cada año, sino sobre el sueldo de 2005, para "evitar una indebida repotenciación de los aumentos otorgados". El tribunal revirtió, de ese modo, un criterio que la propia Corte había establecido en marzo de 2011, en la causa Salas.

Cerca de Garré celebraron el fallo, al señalar que "la política salarial del Estado no puede ser fijada por los jueces". Y revelaron que muchos agentes y oficiales "van a tener que devolver parte de los aumentos que habían recibido".

"El fallo aumenta la sensación de desamparo entre los uniformados", replicaron en el ámbito castrense, donde se lamentaba "la falta de reacción de los altos mandos".

Mientras la fórmula aplicada en el caso Salas permitía un ajuste cercano al 100%, la fórmula del caso Zanotti reduce el aumento a casi un 40 por ciento. En las fuerzas sostienen que los más perjudicados son los efectivos de grados más bajos, pero el problema se extiende a todas las escalas salariales.

Con la colaboración de Adrián Ventura