Malestar por el plan oficial para limitar el control provincial del petróleo

Dudas y rechazos cosechó entre gobernadores y políticos de provincias petroleras el plan que impulsa el gobierno nacional para sancionar una nueva ley de hidrocarburos que tiene entre sus objetivos acotar el poder de los mandatarios provinciales sobre la actividad.

La iniciativa, impulsada por el presidente de la estatizada YPF , Miguel Galuccio , y que LA NACION anticipó en su edición de ayer, propone un mayor control de la petrolera estatal en la explotación y restringir el margen de decisión de las empresas provinciales de petróleo.

"YPF no debe estar en contra de la provincia ni del federalismo. Tiene que hacer lo que hace, invertir", dijeron a LA NACION fuentes cercanas al gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, señalado como uno de los responsables de que el Gobierno impulse una nueva norma para regular el millonario negocio.

Es que la decisión se tomó tras las señales que dio Sapag de que impulsaría un proyecto de ley para que las concesiones que finalicen retornen a Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), la empresa provincial.

"Neuquén detenta, como todas las provincias, el dominio del gas, el petróleo y el agua. Esto no tiene marcha atrás. Se van a empachar con todo lo que tienen para desarrollar", aseguró una fuente con acceso al despacho del mandatario, que hace un mes recibió el pedido del titular de YPF para que no mande el proyecto de ley a la Legislatura.

Como método de seducción, los asesores en temas energéticos de la presidenta Cristina Kirchner que trabajan y promueven el debate sobre la nueva ley aseguran que la medida favorecerá la llegada de inversiones extranjeras, lo que permitirá recuperar el autoabastecimiento energético.

Lejos del razonamiento optimista que realizan desde la empresa estatizada, el ministro de Hidrocarburos de Chubut, Ezequiel Cufré, anticipó: "No lo vamos a aceptar. Estaremos en contra porque iría en contra de las estrategias conjuntas que hemos estado diseñando con la Nación".

Pese a que consideró "confusa" la información, el funcionario del gobierno de Martín Buzzi manifestó que la ley que está trabajando el Gobierno "sería ir en contra de un proceso iniciado con la «ley corta»".

Cufré se refirió así a la decisión de la administración del ex presidente Néstor Kirchner de federalizar el control del subsuelo en 2006. "En los últimos años nos hemos empoderado de nuestros propios recursos", destacó el ministro chubutense.

Si bien no fue consultado aún sobre el tema, el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, alertó que ninguna ley podría ir sobre la reforma de la Constitución votada en 1994.

"Me parece que es para provincias que quizás tengan áreas todavía sin concesionar. Nosotros tenemos nuestras concesiones ya establecidas tanto en el flanco norte como en la Cuenca Austral. Lo que tenemos pendiente es el tema de Petrobras", dijo el gobernador en declaraciones a los medios locales.

Entre las sorpresas, las fuentes consultadas destacaron que fueron justamente Kirchner y el ministro de Planificación, Julio De Vido, quienes más empeño pusieron en la conformación de las empresas provinciales.

Necesidad de acordar

Con un matiz menos confrontativo, desde el sindicalismo también fijaron su posición. "Si no logramos acordar, no llegarán las inversiones. Hay que parar todo y conversar", dijo Guillermo Pereyra, senador del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y jefe del gremio de petroleros, que responde a Hugo Moyano.

Desde Houston, donde se encuentra junto a funcionarios provinciales, que viajaron para reunirse con 50 empresarios, entre ellos banqueros y gestores de fondos de inversión, a los que les ofrecerán asociarse a la petrolera provincial en 11 áreas de la formación Vaca Muerta, Pereyra pidió "volver todo para atrás". Y añadió: "No se pueden cambiar las reglas de juego permanentemente".

Las quejas por la falta de información y el avance en una nueva normativa que regule la actividad también se alzaron entre legisladores de las provincias afectadas.

"El problema es que no hay en el país una política energética. Más allá del dominio, que debe ser de las provincias, la política energética debe ser una. Hay que cambiar la visión del país en esa materia", dijo Mario Cimadevilla, senador nacional de Chubut por el radicalismo.

La situación es similar en Mendoza. La oposición al gobernador Francisco Pérez no aprueba la intención del oficialismo y ya adelantó que pondrán resistencia al proyecto una vez que avance; incluso, algunos lo calificaron como inconstitucional.

"La política petrolera nacional perjudica a Mendoza; se trata de un avasallamiento de la autonomía. Es retroceder a una discusión que estaba saldada. La propiedad y el control de los recursos son provinciales, así lo establece la Constitución nacional", expresó a LA NACION Tadeo García Salazar, diputado provincial de la UCR. Desde la oposición aseguran que la empresa provincial de energía, Emesa, debe encargarse de atraer inversiones y negociar con los privados, como se prometió antes de su creación, en 2012.

Otro de los que alzaron su voz en protesta fue Fernando "Pino" Solanas. El senador, uno de los líderes del flamante FA-UNEN. "Vamos de un error a otro. Desde que el dominio quedó en manos de las provincias en 1994 y la política energética es potestad del gobierno nacional tenemos una fractura", sostuvo Solanas.

El precandidato presidencial, que hace nueve días denunció penalmente al ministro de Economía, Axel Kicillof , por "fraude a la administración pública" por el acuerdo que concretó el Gobierno con la empresa española Repsol por la expropiación del 51% de las acciones que tenía en YPF, puso el nudo del conflicto sobre la renta.

"Acá lo que no se dice es que se trata de una disputa sobre la renta y el Gobierno dejó una indefinición sobre el tema", agregó Solanas.

Claves de una iniciativa que es resistida

Una nueva ley

El gobierno nacional promueve una ley para acotar el poder de los gobernadores sobre el control provincial del petróleo.

El objetivo

Desde la estatizada YPF aseguraron que el objetivo es sancionar una norma que favorezca la llegada de inversiones extranjeras y permita recuperar el autoabastecimiento.

Rechazo provincial

Aunque con dudas respecto de cómo es el proyecto, gobernadores, funcionarios y legisladores de Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Mendoza rechazaron el plan.

El sindicalismo

Con un matiz menos confrontativo, desde el sindicalismo fijaron su posición. "Hay que parar todo y conversar", dijo Pereyra.

Con la colaboración de Pablo Fernández Blanco, Mariela Arias, Pablo Mannino y Ana Tronfi.

Del editor: qué significa. El manejo del área energética muestra uno de los peores saldos del kirchnerismo; tras una década, no parece haber un rumbo cierto en la materia.