Malvinas: investigan pensiones irregulares

Por primera vez la justicia federal investiga si el Estado paga pensiones de ex combatientes de la Guerra de Malvinas a personas que nunca intervinieron en el conflicto. Son, se sospecha, casi 700 falsos veteranos que causan un perjuicio anual de alrededor de 15 millones de pesos.

La investigación comenzó hace un año y medio, a partir de la denuncia de Ramón Borgobello, un veterano de la Fuerza Aérea que, en 2005, descubrió que en la fila para obtener la pensión había varios colegas que no habían tenido ninguna intervención en el conflicto. Cada ex combatiente cobra $ 1788 por mes, equivalentes a tres jubilaciones mínimas.

También fue clave una denuncia del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de la Ciudad de La Plata. La alerta la recibió unos meses después el fiscal Guillermo Marijuán, jefe de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (Ufises), que resolvió indagar en un asunto que siempre había generado sospechas, pero que nunca se había investigado a fondo.

Tras repasar la normativa sobre el tema, que a lo largo de los años fue incorporando a más beneficiarios al sistema a partir de la flexibilización del criterio para definir a los ex combatientes, el fiscal ordenó cruzar los padrones de veteranos de cada una de las fuerzas con el listado de beneficiarios que todos los meses cobran en la Anses.

Las nóminas incluyen unas 20.000 personas, pese a que las estimaciones de las organizaciones de ex combatientes indican que hubo entre 10.000 y 14.000 soldados en el archipiélago.

A mediados del año pasado, Marijuán confirmó sus sospechas: había 2453 personas que percibían la pensión y que no aparecían en las nóminas de veteranos.

Las conclusiones del estudio, del que participó la Gerencia de Asuntos Penales de la Anses, se giraron a la Unidad de Atención y Asistencia de Veteranos de Guerra de Malvinas del organismo previsional, para que se analizara caso por caso.

Allí se descubrió que 1768 beneficios eran percibidos por familiares de ex combatientes que habían heredado la compensación y que correspondía seguir pagándolos. De los otros 685 casos no hay por ahora explicación alguna. Si todos fueran veteranos falsos, sólo durante el año pasado el perjuicio habría ascendido a 14.697.360 pesos.

El número de aparentes irregularidades supera la cantidad de soldados argentinos que cayeron durante el conflicto: 649; 323 en el hundimiento del crucero General Belgrano y 326 en el archipiélago. A eso hay que agregar unos 350 veteranos que se suicidaron desde 1982 hasta la actualidad por las secuelas psicológicas que les dejó el conflicto.

A fines del año pasado, la Ufises comenzó a recibir los resultados del entrecruzamiento de los padrones y a denunciar las irregularidades ante la Justicia. En lo que va del año, Marijuán ya hizo 12 presentaciones por anomalías en la percepción de las pensiones.

Hasta ahora hay dos causas abiertas, que tienen como acusados a los que cobraban indebidamente la mensualidad. Pero el fiscal analiza investigar las responsabilidades políticas.

En la mayoría de los casos se trata de personas que, para obtener el beneficio, presentaron certificados adulterados. También se detectaron casos de hombres que habían estado en las islas pero que cobraban dos pensiones a la vez. Esos beneficios ya fueron dados de baja por la Anses, informó a LA NACION una fuente judicial.

Los beneficios

Las pensiones comenzaron a pagarse en 1990, a partir de la ley 23.848. Esa norma sólo incluía a los ex soldados combatientes conscriptos que hubieran participado en "efectivas acciones bélicas de combate, en el conflicto del Atlántico Sur, y civiles que se encontraban cumpliendo funciones en los lugares en los cuales se desarrollaron estas acciones entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982".

En 1996, el beneficio se extendió a todos los ex soldados combatientes conscriptos que estuvieron en las islas y a los que, habiendo estado en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS), entraron "efectivamente en combate".

Al año siguiente se modificó nuevamente la ley para incluir a los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad que cumplían con los requisitos normativos que se encontraban en situación de retiro o de baja y que, a la vez, no gozaban de pensión alguna.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner se decidió por decreto aumentar el monto de las pensiones, que pasaron a ser equivalentes a tres jubilaciones mínimas.

En la misma norma se resolvió también que los oficiales y suboficiales retirados que habían estado en las islas podían percibir el beneficio aunque ya tuvieran una jubilación.

La última modificación se hizo en julio de 2005. Se resolvió entonces que el beneficio alcanzara también a los oficiales y suboficiales en actividad.

Ahora, por primera vez desde el final de la guerra, el padrón de beneficiarios podría empezar a reducirse.

Por Gabriel Sued

De la Redacción de LA NACION