Coronavirus: ¿Mano dura? Solo se clausuraron 9 comercios por abusos en los precios

"Voy a ser muy duro con el que rompe el acuerdo de precios o los precios máximos".En medio de la crisis por el coronavirus, la dura advertencia que el presidente Alberto Fernández hizo el domingo contra los comerciantes que remarcaron productos de primera necesidad durante la cuarentena no se tradujo hasta ahora en medidas del mismo tenor de parte de la Casa Rosada.

La única novedad, a nivel nacional, respecto de los controles que se desarrollaron hasta la semana pasada y que no resultaron suficientes de acuerdo con intendentes y gobernadores, es que hoy se incluyó a las carnicerías en el universo a fiscalizar. En cambio, las verdulerías, que registraron incrementos de hasta un 30 por ciento en marzo, permanecen excluidas.

Los listados de productos elaborados por la Secretaría de Comercio Interior establecen siete rubros a relevar: almacén, limpieza, perfumería, artículos para bebés, bebidas, lácteos y artículos de higiene y cuidados. "Las grandes cadenas están cumpliendo y respetando los precios máximos. ¿En qué fallamos? En los lugares que no son más difíciles de controlar: súper chinos y los negocios de cercanía, el almacén del barrio. Ahí es donde se cometen los mayores abusos, y en las carnicerías", dijo Fernández durante una entrevista con Radio Con Vos.

"Con la verdura estamos trabajando con Nahuel [Levaggi], el director en el Mercado Central, para evitar estos abusos, porque es inexplicable. Necesitamos que la gente nos ayude a identificar quiénes son y les vamos a caer con todo el peso", agregó el Presidente.

Los pequeños comercios quedaron bajo la acción de la ley de abastecimiento a partir de un DNU que el Gobierno publicó el 18 de marzo.

1860 comercios fiscalizados, 9 clausurados

Lo cierto es que en las inspecciones que hizo el gobierno nacional no se aplicó por ahora mano dura. En los primeros diez días del operativo, que arrancó el 17 de marzo, el gobierno nacional hizo 1860 fiscalizaciones en todo el país. Pese a que en 8 de cada 10 negocios fiscalizados se detectaron "precios abusivos", solo se clausuraron 9 locales. El resto de los comerciantes aceptó corregir el precio en el momento, indica un informe que elaboró la AFIP, el organismo que se encarga de la tarea.

"En la Ciudad de Buenos Aires se registraron dos clausuras: una farmacia en Paternal por precios abusivos en el alcohol en gel y un hipermercado mayorista en Parque Avellaneda que no respetaba los precios máximos y se negó a corregirlos (recién lo hizo al día siguiente)", precisa el informe. El resto de las clausuras fueron en Salta, Chaco, Neuquén y Catamarca.

La AFIP quedó a cargo de la tarea, a partir de una instrucción de la Jefatura de Gabinete. Volcó a 2686 inspectores a la calle, para asistir a la Secretaría de Comercio Interior, órgano de aplicación de la ley de abastecimiento, con una planta muy reducida de inspectores. También con la asistencia del Ministerio de Ambiente, Comercio hizo otras 150 fiscalizaciones adicionales. Ese organismo no difundió la cantidad de multas en trámite por violación a los precios máximos.

En el Gobierno insisten en que los controles se van a intensificar y aclaran que el objetivo no es clausurar comercios, dado que eso podría poner en riesgo el abastecimiento de la zona donde esté ubicado el local. "Cuando se identifican irregularidades se solicita la corrección de los precios y solo si esto no sucede se procede a la clausura preventiva del establecimiento", dice el informe que elaboró la AFIP. En el organismo aseguran que vuelven a pasar por esos mismos comercios para controlar si hay reincidencia, pero no hay datos precisos sobre esos casos.

Control a cargo de los intendentes

Los controles podrían endurecerse, sin embargo, en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de Axel Kicillof avanza en la aplicación de un programa especial, creado el viernes pasado, para aceitar el trabajo de fiscalización entre Nación, provincia y municipios. El Sistema de Monitoreo de Abastecimiento y Precios de Productos Esenciales por la Emergencia Sanitaria (Simap) delega parte del control en los intendentes, después de que varios de ellos pidieron medidas más duras para evitar los incrementos de precios.

La idea es que se agilicen los controles y que tanto comerciantes como fabricantes y distribuidores sientan que cualquier abuso puede ser detectado y castigado. "Si encontramos un comerciante que oculta stock o que tiene un precio por encima del permitido, vamos a secuestrar todo el stock de ese producto", dijo a LA NACION el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, que trabaja en conjunto con ARBA, la agencia de recaudación provincial. "También les pedimos a los comerciantes que denuncien los casos de abusos de los proveedores", agregó.

Como ocurre con la Secretaría de Comercio Interior de la Nación, el Ministerio de Producción bonaerense cuenta con una estructura muy reducida para las tareas de fiscalización. Son 50 inspectores, a los que se sumaron, por decisión de Costa, cien funcionarios del Ministerio a los que se les otorgó facultad de fiscalización. Las estructuras de control de los municipios tampoco resultan suficientes. Alrededor del 20 por ciento de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires no cuentan con oficinas de defensa al consumidor.