Más allanamientos en el gremio de Moyano por casos de extorsión a empresarios

Primero, según la denuncia de un empresario, le exigieron $200.000 y un premio de $3000 para cada chofer que trabajaba para su compañía, dedicada al transporte y los servicios de cargas. Si no pagaba no iba a poder seguir con el contrato con una cadena internacional de hipermercados para trasladar alimentos congelados. No pactó.

Por eso, no solo le rescindieron el convenio. También le "sacaron" a sus empleados. Entonces, después de otros aprietes, decidió mudar su compañía de La Matanza a Moreno para empezar de nuevo. Pero, al poco tiempo, comenzaron los problemas otra vez: delegados gremiales intentaron obligarlo a pagar un sobreprecio por el trabajo de los camioneros. Hasta que la víctima de las extorsiones se cansó e hizo la denuncia que ayer derivó en un allanamiento en la sede central del Sindicato de Choferes de Camiones, conducido por Hugo Moyano .

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. El objetivo del operativo, realizado por la División Investigación de Delitos Violentos de la Policía Federal Argentina (PFA), fue secuestrar documentación para acreditar la denuncia del empresario y buscar otras potenciales víctimas.

La investigación está a cargo de la fiscal Carina Saucedo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez.

"La causa contra el Sindicato de Camioneros por extorsión y pedido de dádivas a empresas de transporte sigue avanzando. Hace instantes la Justicia con la @PFAOficial allanaron la sede central del sindicato y secuestraron documentación para la investigación. #ArgentinaSinImpunidad", escribió en su perfil de la red social Twitter la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"La fiscalía investiga denuncias presentadas contra representantes del sindicato respecto de maniobras extorsivas sufridas por empresarios del transporte vinculadas al otorgamiento de habilitaciones para sus choferes", explicó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado.

Se trata del segundo allanamiento derivado de la denuncia del empresario transportista. El viernes pasado se hizo un procedimiento en la Delegación San Miguel del Sindicato de Choferes de Camiones donde fueron secuestrados US$ 128.000 y más de $330.000 que estaban dentro de una caja fuerte.

"El dinero secuestrado no tendría justificación. Una de las sospechas es que fue obtenido en extorsiones a empresarios. Ahora que la información se hizo pública esperamos que otras víctimas se presenten para aportar más datos", afirmó a LA NACION un detective judicial.

Los allanamientos de la semana pasada y de ayer fueron ordenados por la jueza de Garantías de Moreno-General Rodríguez Nº 1, Adriana Julián. El expediente, según fuentes judiciales, tiene un imputado. "Se trata del delegado gremial en San Miguel del sindicato, Walter Rojas", agregaron los voceros consultados.

Las supuestas extorsiones que denunció el empresario transportista habrían comenzado en 2010, cuando la sede de la compañía estaba en San Justo, en La Matanza. Después, en 2015, se radicó en Cuartel V, en Moreno.

Según consta en la denuncia, el empresario dijo que en una reunión en la Delegación San Miguel del Sindicato de Choferes de Camiones Rojas le pidió 200.000 pesos para dejarlo trabajar. Ante la negativa, el gremialista le habría dicho, siempre según la denuncia, que "él era la ley, que lo iba a fundir y prenderle fuego los camiones".

Además, según la denuncia, le querían exigir que les pagara a los choferes por el recorrido de 15.000 kilómetros a pesar de que "la traza satelital" de los camiones certificaba que el trayecto cumplido era de entre 8000 y 9000 kilómetros.

Las supuestas extorsiones, que comenzaron en 2010, continuaron por lo menos hasta noviembre pasado. En su presentación, el empresario sostuvo que cuando comenzaron a exigirle dinero intentó hacer la denuncia policial, pero afirmó que en la comisaría de Ciudad Evita nunca se la tomaron.