Más críticas al veto a la reforma política
Pino Solanas dijo que la anulación del plazo de dos años para que los partidos se adaptaran a la nueva norma es una "expresión de autoritarismo" de la Casa Rosada
La decisión de Cristina Kirchner de anular por decreto los dos años de plazo que el Congreso había establecido para que los partidos se adaptaran a los cambios que impuso la reforma política sigue generando fuertes críticas en la oposición.
Esta mañana, fue el turno de Fernando "Pino" Solanas, cuyo partido, Proyecto Sur, es uno de los directos perjudicados por el veto a los dos artículos de la ley 26.571, que el Parlamento aprobó a principio de mes.
"Esto es malo para el país y para nosotros, porque en primer lugar no se puede desconocer la autoridad del Parlamento", planteó el diputado en declaraciones a radio América.
El legislador planteó la posibilidad de que los cambios al texto sancionado por el Congreso sean "una suerte de venganza" por la derrota que el kirchnerismo sufrió el 3 de diciembre pasado en la Cámara de Diputados cuando se eligieron las autoridades del cuerpo y se decidió cómo se repartiría el poder en las comisiones.
Solanas fue aún más duro. "Analizándolo, es una expresión de autoritarismo del gobierno nacional y, sobre todo, frente a las fuerzas más chicas. No se puede desconocer la independencia del Poder Legislativo cuando vota con toda legitimidad", lanzó.
En la misma línea, el cineasta acusó al oficialismo de "vulnerar todo y no respetar nada" y recordó que el kirchnerismo "fue el inventor de las listas colectoras y las [candidaturas] testimoniales] y anticipó cuatro meses las elecciones".
El veto. Ayer, a través de un decreto, Cristina Kirchner vetó los artículos 107 y 108 de la reforma política, que indicaban que las nuevas exigencias para que los partidos obtuvieran o mantuvieran su reconocimiento legal se aplicarían sólo a partir de 2012, es decir, después de las elecciones presidenciales.
De acuerdo con los fundamentos de la norma, esos artículos "contradicen el objetivo central de la ley al diferir hasta el año 2012 la aplicación de normas que están directamente relacionadas con la mejora de la representación política y se consideran fundamentales para ordenar el universo de actores políticos".
El cambio, que significó un desconocimiento de las concesiones que el oficialismo había hecho a los partidos chicos durante el tratamiento de la ley y que complica los planes de esas agrupaciones, provocó el rechazo generalizado de todos los bloques de la oposición en el Congreso.