Más de 50 jueces piden a Garavano mejoras en el traslado de los presos a los tribunales

El colapso del Servicio Penitenciario Federal (SPF) no se ve reflejado solamente en las condiciones de detención de los internos. También tiene efectos sobre la tramitación de los juicios orales. Un conjunto de 53 jueces de tribunales orales enviaron un oficio al ministro de Justicia, Germán Garavano , con un reclamo puntual: mejoras urgentes en el servicio de traslados de los internos.

"Son innumerables los casos en que tenemos problemas con los traslados de los detenidos a los tribunales, pues en algunos supuestos nunca se efectúan y en otros se registran demoras de muchas horas", sostienen los magistrados. Consideran que se trata de "gravísimas dificultades" y solicitaron al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para poder solucionarlas.

"Dicha situación genera que en muchas oportunidades se frustre la realización de los debates por la ausencia de la persona imputada, pese a la presencia de víctimas y testigos", sostuvieron.

El dato que provoca esta situación es alarmante: de la flota de 62 móviles con los que cuenta el Servicio Penitenciario, el 79% se encuentra fuera de servicio por desperfectos técnicos. Esto quiere decir que solo ocho móviles se encuentran disponibles. "Solicitamos que se adopten medidas en forma urgente para ampliar la capacidad operativa de dicha División", dijeron los magistrados a Garavano.

En la cartera conducida por Garavano reconocen que se trata de una situación compleja, pero hay puntos de disenso con el planteo de los jueces. Mientras que los magistrados consideran indispensable la presencia de los imputados en las audiencias de juicio oral, en el Ministerio de Justicia consideran que se podría utilizar más el recurso de la videoconferencia. Además, vinculan esta situación con las crecientes cifras de personas detenidas por delitos de corrupción.

Según supo LA NACION, se convocará a una mesa de diálogo con los jueces que realizaron el planteo para ablandar las tensiones.

Fuentes del ministerio consideran, además, que el servicio penitenciario no da abasto porque "la Justicia está respondiendo mejor", y que por eso el SPF está cada vez más demandado por el Poder Judicial.

En el Servicio Penitenciario dijeron a LA NACION que ya se publicó la nueva licitación para comprar más móviles de transporte, y también sugieren el uso del sistema de videoconferencias.

En este contexto, la semana pasada la Sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal consideró, en un fallo, en el marco de un hábeas corpus colectivo, que las condiciones de detención de la alcaidía del Palacio de Tribunales porteño (Unidad 28), dependiente del SPF, son "inhumanas". En esa dependencia se verificaron un total de 169 personas alojadas el 12 de febrero.

Para descomprimir esa unidad, se habilitó de manera transitoria un sector utilizado como gimnasio en la cárcel de Villa Devoto.

Los camaristas Julio Lucini y Magdalena Laiño resaltaron el estado de "superpoblación" y "hacinamiento" y les pidieron a los ministros Garavano y Rogelio Frigerio que "de manera inmediata afecten las partidas presupuestarias necesarias para poner en marcha las obras que amplíen la capacidad de alojamiento carcelario y los medios de traslado".