Más político que juez

Norberto Oyarbide confirmó ayer que la mayoría de los jueces federales es un conglomerado de hombres políticos. Los políticos no hacen justicia: simplemente administran sus decisiones según sus proyectos y ambiciones.

Oyarbide provocó un amplio estupor social, en el que puede incluirse a la propia dirigencia política, porque consideró, al final de un trámite rápido y fulminante, que los Kirchner están libres de culpa y cargo por el exponencial crecimiento de su patrimonio mientras controlan el gobierno nacional. Sabemos que el matrimonio presidencial no fue afecto nunca a la producción y al riesgo para incrementar su fortuna personal. Con una retórica productivista, llena de invocaciones a la inversión y al desarrollo industrial, lo cierto es que han acumulado mucho dinero, desde los años 70, echando mano de picardías financieras. Han comprado cosas por centavos, por ejemplo, y las vendieron por millones sin haberles agregado nada. El valor agregado del que tanto hablan Cristina y Néstor Kirchner es una lección para los otros, pero que siempre estuvo ausente en su propia concepción de la acumulación del capital.

Otra cosa que han hecho es ganar dinero con intereses financieros dignos de un Bernard Madoff. El discurso contra los excesos del capitalismo financiero en los Estados Unidos, que Cristina Kirchner llevó hasta las reuniones del G-20, parece no haber comprendido nunca sus propios excesos. El satelital incremento del patrimonio de los Kirchner sólo se puede explicar, en efecto, con la lógica implacable de Madoff: ganar enormes cantidades de dinero arriesgando nada y desguasando a sus víctimas.

Todo eso explica una manera de hacer fortuna, que es legítima hasta que no aparecen los excesos que tienen a Madoff como su sumo sacerdote. La cuestión se agrava, sin embargo, cuando semejantes concepciones y desproporciones son las prácticas habituales de personas que conciben el manejo de una nación como un despliegue de poder personal. Entonces ya no se sabe si lo que ganaron fue por haber convencido a incautos o por haber sugestionado a personas aterradas.

Eso es lo que pasa con los Kirchner. ¿Qué pasa con Oyarbide? Era difícil esperar un acto de justicia de un juez que se refiere en público a Cristina, engoladamente, como "nuestra señora presidenta". Oyarbide es un juez vulnerable que zafó de un devastador juicio político en el Senado porque la mayoría peronista de entonces decidió sobreseerlo, el 11 de septiembre de 2001, el mismo día en que cayeron las Torres Gemelas de Nueva York. Como bien supusieron los astutos senadores, la noticia del sobreseimiento de Oyarbide ni siquiera se publicó en gran parte de los diarios argentinos.

Otro juez, Rodolfo Canicoba Corral, también había sobreseído a los Kirchner en una causa similar (por el patrimonio declarado en 2007) iniciada en 2008 por el abogado Ricardo Monner Sans. Lo notable de ambos casos es que el fiscal es el mismo, Eduardo Taiano, el único que está en condiciones ahora de apelar ante la Cámara el fallo de Oyarbide. Taiano no sólo no apeló en su momento la decisión de Canicoba Corral; hizo algo peor: pidió que se declarase explícitamente "la inexistencia de delito" por parte del matrimonio presidencial.

El fiscal es el único que puede apelar porque no existe en el caso una "parte damnificada", sino que el abogado querellante es un ciudadano preocupado, como lo fue en su momento Monner Sans, por las noticias que le llegaban sobre las inexplicables desmesuras de la fortuna de los Kirchner.

Oyarbide y los Kirchner persiguen, al parecer con idéntica desesperación, la conversión de esta causa en "cosa juzgada", lo que, en principio, impediría la posterior reapertura de la investigación. No obstante, existe algún remoto precedente según el cual la "cosa juzgada" es declarada nula cuando se comprueba luego que hubo encubrimiento, impericia o mal desempeño del juez.

Los Kirchner querían resolver este caso, el del patrimonio, antes de fin de año. Muchos funcionarios ni siquiera gastaron tiempo en disimular esa premura. ¿Por qué? Son demasiados e insistentes los rumores que indican que el nuevo Congreso se dedicará el próximo año a modificar la actual composición del Consejo de la Magistratura; su actual composición es lo que le permite al Gobierno el control de los jueces de primera instancia, como lo es Oyarbide.

Ningún partido opositor, sea de derecha o de izquierda, está dispuesto a negarle su voto a esa iniciativa que liberaría a los jueces de la presión del oficialismo. Los números para conseguir la reforma ya están en la Cámara de Diputados, y el Senado los consiguió, teóricamente por ahora, luego de que el senador pampeano Carlos Verna anunció que acompañará a los opositores en la propuesta de cambiar el Consejo de Magistratura.

Los Kirchner no podían correr el riesgo de que una causa sobre su enigmático patrimonio cayera en un juez que, por ejemplo, se negara a consultar como asesor al propio contador del matrimonio gobernante, el ya famoso Víctor Manzanares. Oyarbide sí aceptó, en cambio, reunirse con Manzanares y escuchar sus explicaciones. Lo recibió aun cuando no sabía si luego debería procesarlo.

Del mismo modo que funcionarios de la AFIP habrían viajado a Santa Cruz para pedirle a Manzanares que fuera más prolijo en sus declaraciones sobre los bienes de los Kirchner, el juez llamó al contador para que aclarase lo que no estaba claro en los papeles. El Estado al servicio de una poderosa pareja.

Oyarbide confundió a media Argentina (en la otra mitad provocó suspicacias fatalmente ciertas) cuando la emprendió contra los medicamentos truchos y encarceló al gremialista Juan José Zanola. No se equivocó, porque simplemente sería muy extraño que se equivocara sobre la culpabilidad de los sindicalistas y sus también misteriosas fortunas. Pero sólo estaba comprando márgenes de supuesta independencia, que ayer borró cuando se apresuró a resolver sobre una causa que no tenía apuros conocidos ni justificables.

Para estas maniobras, gambetas y oportunismos recibió también, tal vez, el asesoramiento de un contacto permanente de Oyarbide con el poder: Javier Fernández, un viejo interlocutor de jueces que ahora se desempeña como director de la Auditoría General de la Nación en representación del kirchnerismo. Quizá ni siquiera necesitó de sus consejos: los jueces federales son por sí solos, y mayoritariamente, una estirpe política que se dedica a hacer política en lugar de interpretar las leyes y hacer justicia.