Massa impulsa penas más duras contra delincuentes

Presentó su proyecto alternativo del Código Procesal Penal; plantea diferencias con la propuesta oficial
Gabriel Sued
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25 de noviembre de 2014  

El otorgamiento de más poder a las víctimas y la prisión preventiva para todos los acusados de delitos con penas máximas superiores a 6 años de cárcel son los datos centrales del proyecto de Código Procesal Penal que Sergio Massa presentó ayer, como propuesta alternativa a la del Gobierno, ya aprobada por el Senado.

La iniciativa también prevé un mecanismo "antiimpunidad" para la separación del cargo de los funcionarios acusados de delitos de corrupción, "desde el momento de la acreditación de la sospecha". Es aplicable a los casos en los que el juez entienda que el funcionario puede cometer desde su puesto otro delito como el que está bajo investigación.

"Hay un código que eligió el Gobierno y hay otro que es el código de las víctimas", dijo Massa, en un almuerzo con periodistas en el hotel Meliá. El jefe del Frente Renovador sostuvo además que se necesita construir más cárceles y que espera que la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, abandone su cargo en diciembre de 2015. El encuentro fue el paso previo a la presentación en sociedad del proyecto, prevista para hoy, con un acto en el Teatro Astros, en el que Massa se mostrará rodeado de asociaciones de víctimas del delito.

Como hizo en marzo pasado con el debate del anteproyecto del Código Penal, el diputado intentará instalar la discusión del nuevo Código Procesal Penal en la agenda pública y convertirla en un tema de la campaña. No por nada la portada de las copias del proyecto que distribuyó ayer entre los periodistas dicen "Distinto", el eslogan proselitista con el que Massa busca diferenciarse del resto de los candidatos a presidente.

"Van a decir que éste es el código de la derecha y que vamos a tener que construir más cárceles. Sí, la Argentina necesita cáceles para meter presos a los chorros", argumentó. La exposición inicial estuvo a cargo de los diputados nacionales Graciela Camaño, Adrián Pérez y Darío Giustozzi, y del diputado provincial Ramiro Gutiérrez.

El proyecto de Massa coincide con el eje central de la propuesta del Poder Ejecutivo, que consiste en pasar de un sistema mixto a un sistema acusatorio, con plazos más cortos, en el que las investigaciones quedan a cargo de los fiscales y no de los jueces. Las dos cuestiones más importantes de la iniciativa massista, el fortalecimiento del papel de las víctimas en los procesos penales y las restricciones a la prisión preventiva, también figuran en el proyecto del Poder Ejecutivo. Pero el de Massa va un paso más allá.

Entre las cuestiones más novedosas, se propone crear un cuerpo de abogados defensores de las víctimas, a quienes asistirán en forma gratuita durante todo el proceso; se habilita a las víctimas a participar de allanamientos y de requisas, y se contempla la posibilidad de que las asociaciones de víctimas sean parte de los juicios.

En cuanto al dictado de la prisión preventiva, se modifica el criterio vigente hasta hoy en la justicia federal, según el cual el juez debe evaluar si existen riesgos procesales, esto es, si hay peligro de fuga o de entorpecimiento de la investigación. El proyecto massista establece que, ante el pedido del fiscal o de la querella, el juez podrá aplicar la prisión preventiva a los acusados de delitos con penas máximas superiores a 6 años de cárcel, sin necesidad de que exista un riesgo procesal. La iniciativa del Gobierno también contempla la pena en expectativa como una de las variables que debe evaluar el juez a la hora de resolver una prisión preventiva, pero no fija una cantidad de años como criterio objetivo.

La iniciativa, en tres pasos

  • Sugiere la prisión preventiva para todos los acusados de delitos con penas máximas mayores a los seis años
  • Fortalece el papel de las víctimas en los procesos penales. Propone crear un cuerpo de abogados defensores de las víctimas
  • Prevé un mecanismo "antiimpunidad" para la separación del cargo de los funcionarios acusados de delitos de corrupción desde que se acredita la sospecha

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