Máxima tensión en la Corte: fuerte recorte al poder de Rosenkrantz

El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz
El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz Crédito: Santiago Filipuzzi
Paz Rodríguez Niell
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18 de diciembre de 2018  • 14:54

La nueva mayoría de la Corte Suprema tomó hoy una decisión que vacía de poder al presidente del tribunal, Carlos Rosenkrantz , en el manejo administrativo y económico del tribunal.

Ricardo Lorenzetti , Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda resolvieron que el presidente ya no podrá decidir contrataciones en el Poder Judicial por sí solo y que serán necesarias las firmas de al menos tres ministros. Ese acuerdo de tres puede incluso no incluir al presidente. O sea que Rosenkrantz perdió la facultad de nombrar gente por sí mismo –como hizo durante años el presidente anterior, Lorenzetti- sino que además pueden hacerse designaciones sin su acuerdo.

La decisión se tomó con la oposición de Rosenkrantz, que presentó una disidencia, sin la vicepresidenta de la Corte, Elena Highton, que finalmente no firmó ninguna de las dos opciones.

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La acordada donde se establece esta nueva forma de funcionamiento de la Corte es la 44/2018. Se firmó inmediatamente después del acuerdo de ministros en el que salió el fallo Blanco, que fijó una fórmula de reajuste de las jubilaciones en contra de las pretensiones de la Anses; es decir, del Gobierno.

Rosenkrantz, en su disidencia, también proponía que las decisiones administrativas ya no fueran tomadas unilateralmente por el presidente, pero decía que debían ser adoptadas por el presidente con la anuencia de al menos otros dos ministros dependiendo del área de que se tratara. Además, preveía que se dispusiera un "reglamento de contrataciones" con reglas objetivas que incluyeran una "evaluación de las necesidades y requerimientos" de la dependencia judicial en cuestión y de "la trayectoria profesional y académica de los postulantes".

Para Rosenkrantz la decisión que tomó hoy la mayoría es ilegal. Según él, toda contratación requiere un crédito presupuestario y el Congreso decidió otorgarle al presidente de la Corte la facultad de ejecutar el presupuesto del Poder Judicial de la Nación. El argumento de Rosenkrantz es que únicamente el presidente tiene "la libre disponibilidad de los créditos" que la ley de presupuesto le asigne al Poder Judicial, "sin más restricciones que las que la propia ley determine en forma expresa".

La mayoría conformada por Lorenzetti, Rosatti y Maqueda podría incluso haber removido a Rosenkrantz de la presidencia. Fuentes de la Corte informaron a LA NACION que estos ministros evaluaron la posibilidad de hacerlo, pero resolvieron mantenerlo en el cargo, aunque con atribuciones muy recortadas.

En su acordada de hoy, los jueces que conforman la mayoría citan el artículo 113 de la Constitución Nacional, que dice que "la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados"; argumentan que ese artículo se refiere a la Corte "en su conjunto" y no solo al presidente, y dicen que eso solo puede ser leído como una decisión de los constituyentes de que el "gobierno" del máximo tribunal quede "sujeto a la participación de todos los jueces" que lo integran.

Lorenzetti, Rosatti y Maqueda recuerdan en su voto que en 1961 la Corte delegó en la presidencia "las funciones de superintendencia", salvo situaciones excepcionales que hicieran necesaria la intervención de los demás ministros, y que en 1990 la Corte también delegó en su titular ciertas facultades referentes nombramientos, renuncias y aplicación de determinadas medidas disciplinarias. "Con el objeto de afianzar la participación y profundizar el consenso en la adopción de sus decisiones, el Tribunal considera oportuno retomar el ejercicio de las aludidas competencias delegadas en materia de superintendencia y sujetarlas al principio de la mayoría", escribieron ayer Lorenzetti, Rosatti y Maqueda.

Y fueron todavía más lejos. En tiempos en que Rosenkrantz pretendía modificar la estructura de la Administración General de la Corte -que está en manos de Héctor Marchi, hombre de extrema confianza de Lorenzetti-, la nueva mayoría incluyó en su acordada un punto que dispone "ratificar la política presupuestaria, económica y financiera basada en los criterios de responsabilidad fiscal aplicada por esta Corte".

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