La relación entre el Gobierno y la Corte, en el momento más crítico

La feria judicial no podría ser más oportuna. Llega en el momento de mayor tensión que se recuerde entre el kirchnerismo y la Corte Suprema.

En el Gobierno están furiosos. Responsabilizan a la Corte de todas sus desventuras en la causa Clarín. "Lorenzetti está detrás. Se reunió con los camaristas el día antes de que extendieran la cautelar. ¿De qué iban a hablar?", se quejó ante LA NACION un alto funcionario.

En el cuarto piso del Palacio de los Tribunales, sede de la Corte, hay preocupación. Nunca se discutió en los acuerdos (las reuniones semanales de los ministros), pero varios de los jueces han mencionado situaciones extrañas que los tienen intranquilos. Dejan trascender que la presión superó todo lo conocido.

Aunque no quieren decirlo públicamente ni denunciarlo, dos altas fuentes del tribunal relataron que ha habido seguimientos en la calle y toma de fotos a escondidas a Juan Carlos Maqueda, y que les informaron que tienen teléfonos pinchados. Dicen que los alertaron también sobre campañas de desprestigio contra Ricardo Lorenzetti en Rafaela, su ciudad.

Además, al menos parte del tribunal interpreta como una represalia que el Gobierno haya pospuesto la aprobación del nuevo Código Civil y Comercial, del que Lorenzetti y Elena Highton fueron autores, y hasta teme que saquen la policía que custodia el Palacio. Ven, también, la sombra del Gobierno detrás de artículos periodísticos inusualmente duros contra la Corte publicados en medios oficialistas, convencidos de que se busca desgastarlos y desprestigiarlos.

"No tienen los números para el juicio político, pero no tenga dudas de que si pudieran, nos sacarían", dijo aLA NACION uno de los ministros, que afirmó que el escenario es de "máxima tensión y presión".

Mientras tanto, del lado del Gobierno, lo que eran broncas y acusaciones a puertas cerradas se volvieron cada vez más explícitas. La Presidenta fue muy dura en su último discurso.

Cuando el jueves pasado Cristina Kirchner habló de "la Justicia", la Corte no dudó en asumirse como destinataria del golpe. La Presidenta les recordó que los jueces no pagan el Impuesto a las Ganancias y cobran jubilaciones "de privilegio"; les dijo que tienen "magníficos sueldos" y que otorgan aumentos con dinero que es ella quien les "junta". "No les pido nada contra las corporaciones, que ya eso sería milagroso, pido simplemente que cumplan con el mínimo rol, igualdad ante la ley", dijo. Fue horas después del fallo a favor de Clarín.

Mientras tanto, en los últimos tiempos los canales de comunicación se redujeron notablemente. "Sigue habiendo diálogo -dijo una alta fuente de la Corte- pero sólo el mínimo diálogo institucional de Lorenzetti con la Presidenta, con el jefe de Gabinete [Juan Manuel Abal Medina] o con el secretario de Legal y Técnica [Carlos Zannini]. El resto se cortó". La excepción es Raúl Zaffaroni, el único ministro que votó en contra de la extensión de la medida cautelar de Clarín y es quien tiene mejor relación con el Gobierno.

La posibilidad de un recambio en la Corte es mínima. Una ley que fue impulsada en el Senado por Cristina Kirchner -que hasta ahora nadie propuso cambiar- establece que el máximo tribunal, que hoy tiene siete miembros, debe volver a tener cinco; por ende, las próximas dos vacantes que se produzcan no se cubrirán.

En sintonía con la frase de 2010 de Zannini "Los pusimos para otra cosa", en el Gobierno acusan a los jueces de la Corte de haberlos desilusionado y de responder a las corporaciones y al poder económico. "La palabra es decepción", dijo un miembro del Gabinete el jueves pasado. La Corte había rechazado el segundo per saltum intentado por el Gobierno y había confirmado la extensión de la medida cautelar que impide avanzar con el proceso de desinversión del Grupo Clarín. "Todo está muy claro. La Corte se desprestigia sola. Tanto los hemos elogiado... Desde el campo oficialista se terminaron los elogios gratuitos", afirmó el funcionario.

Durante el último mes, la relación Gobierno-Corte se fue tensando día a día. El 6 de diciembre, la Comisión de Protección de Independencia Judicial, que coordinan Highton y Carmen Argibay, emitió una declaración que llamó a evitar "los mecanismos directos e indirectos de presión" sobre la Justicia. Ese documento, de inusual dureza contra el Poder Ejecutivo, se firmó el mismo día que la Cámara de Apelaciones prolongó la cautelar de Clarín. De la redacción de esa declaración participaron casi todos los jueces de la Corte.

Antes, el ministro de Justicia, Julio Alak, le había advertido a la Cámara que extender esa protección implicaría "un alzamiento contra una ley de la Nación" y provocaría un "conflicto de poderes". Entonces, el diputado kirchnerista Carlos Kunkel fue más allá: habló de un "golpe institucional" de la "corporación judicial" y responsabilizó a la Corte.

La reacción oficial a la extensión de la cautelar fue el 9 de diciembre en la Plaza de Mayo, cuando la Presidenta le reclamó a la Justicia actuar "con decoro e independencia de los poderes económicos".

Cuatro días más tarde, tras la absolución de todos los acusados del caso Marita Verón, Cristina Kirchner anunció que impulsaría la "democratización" del Poder Judicial. Entonces, sostuvo que los jueces son "eternos" y se protegen con una "defensa corporativa".

Horas más tarde, Lorenzetti respondió. En la cena anual de la Asociación de Magistrados, dijo: "Las corporaciones defienden intereses propios, pero nosotros defendemos los intereses de los demás. Defendemos las libertades de los ciudadanos frente a los poderes económicos y los otros poderes del Estado".

Y la semana pasada, después de que la Corte se negó a levantar la cautelar, la Presidenta apuntó a un tema sensible para el máximo tribunal: los fondos de la Justicia. Los sueldos, que no incluyen deducciones por Impuesto a las Ganancias, y las jubilaciones "de privilegio".

En el Palacio de Tribunales esperan que con la feria baje la tensión. Nadie quiere un escenario de ruptura. El Gobierno sabe que, tarde o temprano, el caso Clarín volverá a la Corte, que resolverá en última instancia si la ley de medios es constitucional o no.