Medicamentos: los planes del próximo gobierno para frenar los precios

Despejado el camino luego del triunfo del Frente de Todos en las elecciones del domingo, los equipos técnicos de Alberto Fernández empiezan a proyectar el pacto social entre el gobierno, las empresas y los sindicatos y, dentro de este, el capítulo de la salud.

En el entorno del presidente electo están convencidos de que, después del acceso a los alimentos, la principal preocupación de la población es el acceso a los medicamentos, que el último año sufrieron fuertes aumentos que -según la región- van del 87% al 103%, según el índice de precios al consumidor de septiembre relevado por el Indec. El resultado ha sido una caída en las ventas de los remedios, incluso en aquellos bajo receta y destinados a patologías crónicas. Por eso en el kirchnerismo preparan una propuesta de "pacto social de la salud", una mesa sectorial en la que se buscará llegar a un acuerdo voluntario con los laboratorios para moderar los aumentos de los medicamentos.

El exministro de Salud y actual referente de Fernández en la materia, Ginés González García, lo confirmó hace unos días en una charla sobre sanitarismo en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata, según consignó el portal Pharma Baires. Allí, el experimentado médico dijo que los laboratorios "son uno de los actores de los que se espera un aporte sustancial" al pacto. Son también integrantes de peso de la Unión Industrial Argentina, de la que se aguarda un rol activo en el futuro acuerdo social.

"La idea es hacer una mesa de concertación en la que podrán abordarse varias cuestiones. Nunca va a ser un congelamiento forzado de precios. Por ejemplo, si hay aumentos, se negociará que sean pequeños o se fijarán plazos y se determinará qué vigencia tendrán los ajustes", comentó un estrecho colaborador del presidente electo ante la consulta de LA NACION.

La fuente también reveló que una idea que están analizando es poner precios de referencia. "Es una opción que me gusta; ya se aplicó en el pasado y anduvo bien. El último que la aplicó fue el IOMA [la obra social de los empleados de la provincia de Buenos Aires] hasta que el gobierno de Macri destrozó el sistema", lamenta.

Los precios de referencia surgen de una fórmula de cálculo realizada por el Estado sobre la base de las distintas presentaciones comerciales de una misma droga. "Es un régimen que estimula al laboratorio a vender más barato y a que ese medicamento más barato lo elija el consumidor porque paga menos por él; es conveniente para todos", explicó la fuente. "Yo, como Estado, puedo decirle al afiliado: cubro solo el precio de referencia y si él quiere un medicamento más caro el resto lo tiene que pagar él", agregó.

A los técnicos de Alberto Fernández y al futuro ministro de Salud (uno de los candidatos es el propio González García) los espera, en principio, una ardua negociación.

De acuerdo con una fuente del sector farmacéutico, el PAMI (la obra social de los jubilados y pensionados) les debe más de $10.000 millones; IOMA, más de $2000 millones, y la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP), más de 1000 millones. "Solo en tres casos administrados por Cambiemos nos deben $13.000 millones, que seguramente sufrirán el deterioro de la inflación, la devaluación y el costo de financiación. ¿A vos te parece que la industria tiene margen para este tipo de acuerdos? Siempre quieren más de nosotros, primero que paguen lo que nos deben", advirtió la fuente.

En el PAMI y en el IOMA afirman que están haciendo los pagos de la deuda en forma regular y que nunca se han interrumpido. En el caso de la obra social de los jubilados, sí reconocen una demora en los desembolsos fruto de la recesión y de la crisis laboral. El PAMI depende en gran parte de los ingresos de los trabajadores en blanco.

Los referentes del próximo gobierno creen que los laboratorios "están tomando posiciones" de cara a lo que viene, pero admiten que la situación es difícil. "En salud les deben a todos; hay una deuda terrible de la que nadie tiene el número global, pero el endeudamiento es crítico. Si no aparece algún peso vemos una situación de colapso", reconocen. Con todo, confían en llegar a un entendimiento, ya que tanto González García como el exministro de Salud y reelegido gobernador de Tucumán Juan Manzur [a cuya asunción viaja hoy Fernández] tienen un vínculo fluido con los laboratorios.

Además, la industria farmacéutica aguardaba expectante la confirmación en las urnas del resultado de las PASO dada la pésima relación que tenía últimamente con el gobierno de Macri, que incluyó denuncias en la Justicia y en Defensa de la Competencia, y hasta acusaciones de golpismo por parte de la aliada del gobierno Elisa Carrió.

Por otra parte, referentes de Alberto Fernández como Ginés González García han mostrado posiciones afines a los intereses de los laboratorios nacionales en materia de protección de propiedad intelectual (patentes medicinales) o del sistema de comercialización de los medicamentos (en contra de las cadenas de farmacias como Farmacity, de la que era socio hasta 2018 el exvicejefe de Gabinete Mario Quintana). Esto, se cree, podría acercar posiciones.

La negociación también será clave para otros dos proyectos: darles remedios gratis a los jubilados del PAMI que tengan patologías crónicas (algo que Fernández ya había anticipado en la campaña) y el relanzamiento del Plan Remediar, el programa de provisión gratuita de medicamentos a los sectores más pobres de la población.