Medios: duras críticas en la OEA al Gobierno

WASHINGTON.- El gobierno de Cristina Kirchner recibió nuevos llamados a respetar la libertad de expresión y evitar la "estigmatización" y el "acoso" de las voces críticas a sus políticas por parte de la reconocida Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que presentó su ejercicio anual en una extensa ceremonia realizada en esta ciudad.

En el documento elaborado al respecto por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) advierte que las estigmatizaciones y la "marcada confrontación" impiden la serena reflexión sobre los asuntos públicos y apunta especialmente a la responsabilidad del gobierno nacional en el desarrollo de este contexto.

El texto señala que es especialmente su responsabilidad "contribuir a generar un clima de mayor tolerancia y respeto por las ideas ajenas, incluso cuando las mismas resulten ofensivas o perturbadoras".

El documento hace un especial llamado para que en la Argentina el Estado "se abstenga en todos los casos de utilizar cualquiera de sus facultades para premiar a los medios (de comunicación que le resulten) afines y castigar a aquellos que disienten o que cuestionan sus acciones".

Se hace eco en ese sentido del informe que periodistas de medios independientes presentaron en sesión especial en noviembre pasado, ocasión en la que pusieron de manifiesto la descalificación, la persecución o el hostigamiento de la prensa crítica, así como el uso "político partidario" de los recursos de la pauta oficial.

Aludió así a la audiencia en la que participaron los periodistas Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá y en la que, entre otros puntos, delegados del Gobierno negaron que hubiese "discrecionalidad" en la pauta oficial, y se comprometieron a "poner a disposición" de los comisionados los "claros criterios" con los que aseguraron obrar.

La supuesta existencia de esos criterios generó sorpresa e interés por parte de los comisionados. Pero, hasta ahora, según se desprende del informe, el Gobierno no cumplió con su anunciado compromiso de exponerlos.

El de ayer fue el último informe que lleva la firma de la relatora especial Catalina Botero. Una vez más, el papel de la magistrada colombiana fue cuestionado por los países integrados en la órbita del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), entre ellos Ecuador y Nicaragua, que lo tildaron como un "injerto desprovisto de respetabilidad", manipulado por "intereses mediáticos".

La representación del gobierno argentino, en cambio, no hizo objeción alguna y ratificó su "compromiso" con los derechos humanos. Tanto la CIDH como su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión funcionan en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA).