Mendoza: por ley, quien usurpe tierras perderá los beneficios sociales

MENDOZA.- Mientras en el país se debate qué hacer con las tomas de tierras y crecen los intentos de los usurpadores, en la provincia del oeste argentino se sancionó una ley que pone blanco sobre negro a este delito: quien ocupa ilegalmente un terreno pierde los beneficios sociales.

El Senado aprobó este martes la norma que establece quitar los subsidios oficiales a quienes avanzan sobre tierras impropias. La iniciativa fue presentada en setiembre por el diputado Jorge Difonso (Frente Renovador), quien buscó complementar con otro "castigo" las sanciones que prevé el Código Penal.

De esta manera, los usurpadores "no podrán ser beneficiarios de planes sociales otorgados por el gobierno de la provincia de Mendoza, teniendo en cuenta todas las modalidades de subsidios monetarios, alimenticios o de cualquier otra índole y concepto". También, no recibirán beneficios del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), y apunta a que el gobierno nacional, con la información local, proceda con el cese de todo tipo de asistencia.

"La ley pretende que el ciudadano mendocino que cumple con la ley y no comete delitos esté en una posición mejor que aquella persona que comete delitos, por medio de la violencia y usurpa tierras. Ese el planteo de fondo", expresó Difonso a LA NACION.

La propuesta al ser aprobada por 19 positivos, 14 negativos y tres abstenciones fue remitida al Poder Ejecutivo para su posterior promulgación.

El senador radical Juan Carlos Jaliff defendió la iniciativa del diputado Difonso. "De cierta manera los que me han precedido en el uso de la palabra nos está mostrando la razón. Pretendemos que aquellos miles de mendocinos que no usurpan y que no cometen ningún delito tengan una situación diferente respecto de la ayuda del estado", precisó.

Al momento de la exposición, la senadora justicialista Cecilia Juri cuestionó que la propuesta solo fue aprobada en la Cámara de Diputados por el bloque oficialista. "Hay más de 11 notas de distintas organizaciones que han sido presentadas. Lo que han solicitado es que se pueda escuchar sus opiniones previo al tratamiento en la Legislatura. Para la legisladora en Mendoza hay un déficit de más de 70.000 viviendas. Acá es evidente la decisión política de apoyar este proyecto y dejar de lado otras iniciativas", indicó.

Desde el Frente de Izquierda manifestaron su voto en contra del proyecto impulsado por Difonso. En tanto, la legisladora peronista Andrea Blandini y el senador oficialista de Libres del Sur y Cambia Mendoza, Ernesto Mancinelli, autor de la iniciativa del "banco de tierras", expusieron que su rechazo a la propuesta.

"Otras soluciones que se han buscado en estos días como la represión en Guernica menos aún lo resuelven y agravan más la crisis. El problema del déficit habitacional es un tema no solo a nivel local sino también nacional", comentó Mancinelli. Desde el bloque Socialista, Fernando Alin expresó que no está de acuerdo con este proyecto. "La falta de vivienda es la mayor falta de dignidad que puede tener el ser humano. Creo que esta ley no soluciona nada", dijo. Mientras, el senador Héctor Bonarrico se abstuvo de votar el proyecto.

El texto sancionado establece como requisito para el otorgamiento de beneficios de planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda, no encontrarse condenado por alguno de los delitos previstos en el Capítulo VI, del Título VI, del Libro II del Código Penal, mientras dure su condena.

Asimismo, dispone que en todos los casos en que el Poder Ejecutivo o cualquier dependencia del Estado disponga la entrega de subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productivas o prestadoras de servicios, previo a hacer efectivo el mismo, deberá el beneficiario acreditar la inexistencia por parte de sus titulares y/o administradores, de condenas por los delitos enumerados.

Difonso, en los fundamentos de la norma, sostiene que "resulta preocupante el creciente número de casos de usurpación y tomas de terrenos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. En las últimas semanas se han observado casos de intentos o tomas efectivas, en La Plata, La Matanza, San Francisco, Partido de la Costa, Ezeiza, Moreno, Presidente Perón, Merlo y Marcos Paz".

"Así también, hemos tomado conocimiento por los medios de comunicación, de que existen algunos casos que ya ocurrieron en el sur de nuestro país, incluso con la venta de tierras usurpadas", añade el diputado.

"No sólo la pronta sanción de la presente Ley, sino también la pronta difusión por medios masivos de comunicación de que en Mendoza ya se está previendo el avance de esta modalidad de toma de tierras, por lo que a fin de evitar problemas mayores, es dable anticiparse a la posible acción de algunas personas que creen que este método de usurpación es una solución a su medida", resalta el legislador en el texto de la norma que finalmente se convirtió en ley en tierra cuyana.