Menem será indagado otra vez por el juez Urso

Una vez más, Carlos Menem y Jorge Urso volverán a verse las caras, acusación de por medio.

El juez federal que indagó al ex presidente por el tráfico de armas y ordenó detenerlo el 7 de junio de 2001 volverá a indagarlo el 27 de febrero de 2004, aunque esta vez por su responsabilidad en la presunta licitación irregular para la construcción de las cárceles de Ezeiza y de Marcos Paz.

La licitación de las unidades carcelarias habilitó un sistema de leasing, es decir, un alquiler con opción a compra, que permitía a la empresa contratista cobrar durante 15 años más de US$ 500 millones, un valor que supera varias veces el de obras de similares características, según funcionarios judiciales.

Menem será el primero de los doce imputados que declararán en el cuarto piso de los tribunales federales de Comodoro Py. Todos lo harán a las 10, según confirmaron ayer a LA NACION fuentes cercanas al juez Urso.

"Con el objeto de avanzar en el conocimiento y deslinde de responsabilidades que se desprenden de lo actuado en la licitación que se investiga en la causa, y entendiendo que el plexo probatorio reunido contribuye a la convicción requerida respecto de Carlos Menem, recíbase declaración indagatoria fijándose audiencia para el día 27 de febrero de 2004, a las 10", ordenó Urso ayer en una resolución a la que accedió LA NACION.

Urso también citó a indagatoria a los imputados Gustavo Naveira, Horacio Diez, María Isabel Pando, Gustavo Tiscornia, Claudio Echeverría, José Domingo Coronel, Silvina Montoya, Claudio Bruno, Héctor Veiga, Ernesto Villamayor y Jorge Vicente.

Pero el magistrado también apuntó a los ex ministros de Justicia Raúl Granillo Ocampo y Elías Jassan.

Urso investigó si Granillo Ocampo había habilitado una renegociación del contrato sellado tras la licitación, una vez adjudicado al consorcio Techint-Hochtief-Impregilo-Iglys. Y requirió ayer a la justicia uruguaya informes sobre posibles "operaciones bursátiles" de Jassan en la Bolsa de Valores de Montevideo por medio del corredor uruguayo Carlos Casarotti, junto al consultor impositivo argentino Carlos Alberto Quian.

Pedido de informes

Para avanzar en la causa, Urso también solicitó informes sobre varias sociedades anónimas y la Fundación Integración; envió exhortos a España, Estados Unidos, Uruguay y las islas Caimán, y citó a prestar declaración testimonial a decenas de testigos, entre ellos, al titular de la Dirección General de Fiscaliza-ción Externa de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP.

La investigación comenzó tres años atrás, con la denuncia de Patricia Bullrich, por entonces subsecretaria de Política Criminal y Asuntos Penitenciarios.

Bullrich detalló luego algunas de las irregularidades denunciadas ante la Justicia. "Los precios pagados por el Estado eran excesivos comparados con lo que valían otras plazas penitenciarias del mundo. Los materiales utilizados no eran los previstos en el contrato y, como eran débiles, incluso posibilitaron la fuga de algunos presos", recordó.

Urso también investiga el patrimonio de algunos de los ex funcionarios imputados en la causa, incluido el ex presidente, con aportes de la Sigen, la Oficina Anticorrupción y la AFIP.

De vinos a plazos fijos

El juez requirió, además, un nuevo pedido de informes a la sucursal La Rioja del Banco Nación sobre Menem y Bodegas San Huberto, el nombre con que el empresario y ex asesor presidencial Carlos Spadone rebautizó la bodega Menem, con quien comparte las acciones.

Urso también dispuso que la AFIP deberá "agotar las instancias tendientes a la obtención de los antecedentes de los patrimonios bajo análisis, determinándose incluso si los incrementos en los rubros inmuebles, automotores y demás bienes registrables se concilian con disminuciones proporcionales en otros rubros de uno a otro período permitiendo identificar el origen de los valores aplicados a esas adquisiciones".

La investigación también se concentró en algunas colocaciones bancarias. "En lo pertinente a las distintas operaciones de plazo fijo identificadas, se deberá establecer el origen de los fondos utilizados en el período investigado tanto en lo pertinente a los provenientes de transferencias entre cuentas o personas físicas que hubieran efectuado las colocaciones", ordenó Urso.

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