Michetti y Peña cerraron la investigación administrativa sobre el Correo Argentino
El Gobierno clausuró definitivamente el sumario administrativo y disciplinario que se había iniciado para investigar si existieron irregularidades en la negociación que protagonizaron los funcionarios de Cambiemos y Correo Argentino SA en 2016.
Un decreto firmado hoy por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el jefe de Gabinete Marcos Peña dio por agotada la pesquisa administrativa relacionada a la aceptación de la oferta que en 2016 había hecho la empresa controlada por la familia del Presidente, en el marco del concurso preventivo. Mauricio Macri , por su relación de parentesco con los controlantes de Correo Argentino SA, se excusó de firmar el decreto.
El sumario administrativo se había iniciado como reacción al dictamen que, a principios de 2017, había elevado la fiscal general en lo Comercial Gabriela Boquin luego de que el Gobierno aceptara la oferta de Correo Argentino SA para saldar su viejo crédito con el Estado.
La fiscal consideró que el acuerdo (que se revirtió luego del escándalo) hubiera sido "abusivo" y que hubiera implicado "una condonación de la deuda" por más de $4277 millones. Pero, además, advirtió por el posible conflicto de interés por la relación de Macri con los actuales accionistas del Correo Argentino SA.
El fiscal titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, le había solicitado a la Procuración del Tesoro (el organismo del Poder Ejecutivo que oficia de abogado del Estado) que efectuara una investigación por el episodio del Correo.
El fiscal cuestionó la eventual falta de competencia de los funcionarios públicos que llevaron adelante la negociación con los representantes de Correo Argentino SA en la audiencia llevada a cabo en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial en junio de 2016. Rodríguez pidió también que investigue una posible violación a la Ley de Ética Pública y si se produjo una inadecuada defensa de los intereses del Estado.
En mayo de este año el procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, resolvió el sumario al determinar que los hechos no constituían ninguna irregularidad administrativa y que no existió perjuicio fiscal. La investigación sumarial del Poder Ejecutivo estipuló que los abogados que representaron al Estado en la audiencia del 28 de junio de 2016, "lo hicieron conforme a expresas instrucciones del entonces Ministro de Comunicaciones", por lo que sus conductas no generaron responsabilidad administrativa que les sea reprochable.
Apelación
La PIA interpuso un recurso jerárquico ante el Presidente para apelar la resolución de la Procuración del Tesoro por entender que la resolución "impedía de manera definitiva la pretensión de lograr una investigación integral de los hechos denunciados". Para la PIA, la resolución "omitió expedirse sobre irregularidades y contradicciones" y eludió "medidas de prueba sugeridas".
Macri, por su relación con los controlantes de Correo Argentino SA, se excusó de responder al recurso presentado por la PIA.
Respondieron en su lugar Michetti y Peña en un decreto en el que manifestaron que "en el procedimiento sumarial sustanciado fueron respetadas las etapas ordenadas por el Reglamento de Investigaciones Administrativas, así como también, las garantías que deben ser observadas en todo procedimiento sancionador" y anunciaron que "queda agotada la vía administrativa" para investigar el episodio del Correo.
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