Milani quedó más cerca del juicio oral por la compra de su casona en La Horqueta
La Cámara ratificó su procesamiento; entendió que no tenía capacidad económica para comprar el inmueble
La situación judicial de César Milani parece una cuesta difícil de remontar. La Cámara Federal confirmó ayer el procesamiento del ex jefe del Ejército por enriquecimiento ilícito, mientras permanece detenido en el penal de Ezeiza en otra causa por delitos de lesa humanidad.
La Sala II de la Cámara dejó a Milani a un paso del juicio oral al considerar que no pudo justificar la compra de una casona de 1150 metros cuadrados en el exclusivo barrio de La Horqueta. Además de ratificar el procesamiento, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah sostuvieron el embargo por 5 millones de pesos.
"Milani no contaba con disponibilidad económica declarada y comprobada para lograr la adquisición de la vivienda", afirmaron los camaristas. Y pidieron una nueva tasación del inmueble, ya que sospechan que, por su superficie y ubicación, el valor de mercado de la propiedad puede ser superior a los 1,5 millones de pesos, cotización que informó el acusado en la escritura.
Tanto la Cámara como el juez Daniel Rafecas centraron la acusación en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte que hizo foco en el inmueble y aseguró que en las cuentas declaradas del ex titular del Ejército "no aparecen justificados ni el patrimonio del señor Milani ni sus consumos".
La Cámara también ratificó ayer el procesamiento de Eduardo Barreiro como partícipe necesario del enriquecimiento ilícito de Milani. Barreiro, amigo del ex funcionario, cumple prisión domiciliaria por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar.
El préstamo
Barreiro fue la persona señalada por Milani como quien le prestó el dinero necesario para comprar la casa. En su indagatoria, el ex funcionario kirchnerista ofreció detalles del momento en que se concretó el préstamo. Dijo que Barreiro le entregó "un bolso chiquito" con los dólares durante una reunión de camaradas en el edificio Libertador, sede del Ejército, realizada en los últimos días de 2009.
Por ese dinero, explicó, se firmó el documento de un préstamo "mutuo" entre "dos particulares". Esos dólares, agregó, fueron utilizados para adquirir la casa mientras podía vender alguna de sus otras propiedades. Y declaró que el préstamo con Barreiro se canceló finalmente cuando vendió su departamento de la calle Moldes, en la Capital, en junio de 2010.
Pero los peritos oficiales descartaron ese papel como válido porque "no tenía fecha cierta, ni tenía respaldo de movimiento bancario alguno, ni intervención de escribano o de testigos", y porque Barreiro "carecía de la solvencia económica mínima como para poder prestar una suma semejante".
Ni Milani ni Barreiro declararon la operación en sus cuentas personales. El ex jefe del Ejército reconoció la falta y dijo que manejó de manera "informal" sus cuentas, ya que hasta 2010 no tenía contador. "Cometí una torpeza", reconoció ante la consulta del juez Rafecas.
"Existen elementos más que sólidos, concordantes y suficientes para tener por probado, con el grado de probabilidad que requiere este pronunciamiento, que Milani incrementó su patrimonio de manera apreciable, ilícita e injustificadamente durante el período en el cual ejerció la función pública como director de Inteligencia del Ejército, incremento que fuera verificado entre los años 2009 y 2011", escribió Rafecas en diciembre.
Milani está preso desde febrero por causas judiciales vinculadas a delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Fue procesado en La Rioja por el secuestro y tortura de Pedro Olivera, de su hijo Alfredo y de Verónica Matta. También fue procesado por la desaparición del soldado Ledo en Tucumán.
A pesar de las sospechas que pesaban sobre Milani, Cristina Kirchner lo nombró jefe del Ejército y lo respaldó ante las acusaciones de organismos de derechos humanos.
Desestiman una denuncia contra Macri
La Cámara Federal ratificó la desestimación de la denuncia penal presentada por diputados kirchneristas contra el presidente Mauricio Macri y funcionarios de su gobierno por el endeudamiento externo y la emisión de Lebac con tasas de 40% anual. La decisión del juez federal Daniel Rafecas fue ratificada por la Sala II de la Cámara Federal con la firma de los jueces Eduardo Farah y Martín Irurzun, ante la apelación de la fiscal Paloma Ochoa.
Ochoa quiso armar una causa paralela a la que enfrenta Cristina Kirchner por el dólar futuro. Rafecas consideró que las emisiones de Lebac “se circunscriben a una esfera de decisión que hace a la propia administración de los actos gobierno”.
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