Modificarán el proyecto de emergencia económica

Para evitar una confrontación directa con el Gobierno, los diputados de la Alianza estudiarán los cambios con Economía y con la Jefatura de Gabinete
Para evitar una confrontación directa con el Gobierno, los diputados de la Alianza estudiarán los cambios con Economía y con la Jefatura de Gabinete
Laura Serra
(0)
31 de enero de 2000  

"El proyecto de ley de emergencia económica elaborado por el Gobierno es como el mercurio: se encuentra en estado gaseoso. Sólo se condensará cuando lo abordemos en el debate en la Cámara de Diputados."

Con esta singular analogía, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado Raúl Baglini (UCR-Mendoza) anticipó lo que ya es una decisión tomada en el bloque oficialista de la Cámara baja: modificar el proyecto de emergencia económica, una de las herramientas clave que exige la administración del presidente Fernando de la Rúa.

Lo harán merced a los severos reparos que la iniciativa recogió en la mayoría de las bancadas legislativas, incluso en la propia.

En procura de evitar una confrontación directa con el Gobierno, los diputados aliancistas buscarán acordar con funcionarios del Ministerio de Economía y de la Jefatura de Gabinete los posibles cambios. La primera reunión se celebrará pasado mañana.

El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo consta de cuatro capítulos centrales:

  • Contratos: se faculta al Poder Ejecutivo para disponer la rescisión o renegociación de los contratos celebrados con anterioridad al 10 de diciembre último, excluidos los suscriptos en virtud de los procesos de privatización. En este punto no habría demasiados cuestionamientos.
  • Empleo público: dispone que el Gobierno podrá reubicar al personal del sector público nacional y dar de baja a los empleados designados durante el año último. Entre ellos menciona en forma específica a quienes ejercen funciones ejecutivas por un período adicional de dos años.
  • Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo para revisar las condiciones laborales en sus aspectos jurídicos, operativos y salariales, para modificar las causas "que afecten la eficiencia, la productividad o las ecuaciones económicas" de la tarea.

    Este punto no sólo es resistido por el justicialismo, sino también por varios legisladores de la Alianza.

    "Si bien estoy de acuerdo con revisar las designaciones en cargos jerárquicos, ya que muchos de ellos se dispusieron en forma irregular, los demás aspectos de este capítulo afectan la estabilidad del empleado público, expresamente garantizada en la Constitución", argumentó la diputada Margarita Stolbizer (UCR-Buenos Aires).

    La legisladora integra la Comisión de Legislación del Trabajo, donde será debatida la iniciativa junto con la de Asuntos Constitucionales y la de Presupuesto.

  • Suspensión de juicios: se propone suspender, por 180 días hábiles, la tramitación de los juicios contra el Estado y la ejecución de las sentencias.
  • Este capítulo recibió críticas de todos los sectores, que lo consideran inconstitucional. La titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Elisa Carrió (UCR-Chaco) ya anticipó que se le introducirán cambios, los cuales se están acordando con el procurador del Tesoro Ernesto Marcer. La alternativa más viable es dejar sin efecto la suspensión de los pleitos y asignar funciones de defensoría a miembros del Poder Judicial.

  • Consolidación de deudas: se faculta al Poder Ejecutivo para consolidar las obligaciones vencidas antes del 31 de diciembre último y posteriores al 1º de abril de 1991. Para ello se dispone la emisión de bonos a 16 años de plazo.
  • En este sentido, los legisladores evalúan exceptuar de esta medida las deudas con los jubilados, que ya fueron alcanzadas por los dos planes de consolidación aplicados por la gestión de Carlos Menem.

    Estas son sólo algunas de las notas discordantes respecto del proyecto de emergencia, que ahora serán discutidas con el Poder Ejecutivo.

    En la mesa de negociación, los legisladores también propondrán que se elabore algún mecanismo para que la iniciativa pueda ser imitada en las provincias.

    "Algunos gobernadores expresaron esta inquietud. Si analizáramos esta alternativa, facilitaríamos su aprobación en el Congreso", confió un legislador que participa de las negociaciones.

    ADEMÁS

    MÁS LEÍDAS DE Politica

    Esta nota se encuentra cerrada a comentarios

    Descargá la aplicación de LA NACION. Es rápida y liviana.