Molina busca aval para despenalizar el consumo, pero la Iglesia se opone

Con el fin de avanzar con la propuesta de despenalizar el consumo de drogas, Juan Carlos Molina busca sumar consenso en sectores sociales vulnerables y conformar un colchón de apoyo antes de que la iniciativa, que encuentra objeciones en la Iglesia, sea tratada en el Congreso.

El titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) dirige la elaboración de un proyecto para reformar la actual ley de estupefacientes; quitar el castigo para la tenencia, y autorizar el cultivo de marihuana para uso personal, confiaron a LA NACION fuentes oficiales.

Molina planea entablar un diálogo con asociaciones y grupos especializados en los barrios, muy en sintonía con la consigna de "sacar la Sedronar a la calle". Incluye en su testeo a los curas villeros, claves en el trabajo para contener a jóvenes adictos en los barrios más humildes.

También sacerdote, reconoce que la Iglesia opondrá resistencias. Ayer, el padre José María "Pepe" Di Paola, flamante coordinador de la Comisión Nacional de Drogodependencia del Episcopado, sostuvo que la sociedad no está "suficientemente madura" para tratar la despenalización del consumo de drogas.

El padre Pepe, un referente dentro de los curas villeros, fue más allá y dijo a Radio El Mundo que "los funcionarios tendrían que explicarnos por qué hay tanto narcotráfico en la Argentina". En una misma línea se mantiene la Conferencia Episcopal, reunida esta semana.

El obispo Jorge Lozano, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, dijo a LA NACION que no habló con Molina y que no sabe en qué está trabajando, pero consideró que despenalizar el consumo de drogas puede ser peligroso. "Portugal tiene una ley de despenalización, pero se tomó cinco años para fortalecer el sistema de asistencia y tratamiento a los adictos, armar una red para acompañar a los jóvenes en los barrios. Nosotros eso no lo tenemos. Va a ir en contra del adicto", dijo.

El aval oficial

Molina, muy cercano a la familia Kirchner, cuenta con aval presidencial para echar a rodar el debate, cuyo límite claro es la "legalización". Despenalizar sí. Legalizar no. Esto es: el Estado no regulará ni dejará de considerar ilegal la venta de droga, sino que no penará al adicto. El eje de la argumentación es que se apuntará a no "criminalizar" al consumidor y ofrecer una política de salud para abordar el problema.

El sacerdote, consultado a través de sus voceros por LA NACION, se negó a hacer comentarios sobre los alcances del proyecto.

El martes, en su cuenta de Twitter, Molina subió una foto con la diputada Diana Conti, autora de un proyecto de despenalización que fue tratado en la Cámara de Diputados en 2012. "Hoy tempranito, trabajando con Diana!", escribió. "Hablamos sobre los proyectos y sobre cómo está la situación en Diputados", dijo ella, sin entrar en detalles.

Como contrapeso de la flexibilización de la norma, la Sedronar apuesta a la construcción de los Cepla (Centro Preventivo Local de Adicciones), como parte del Plan Recuperar Inclusión, y cerró ocho convenios en municipios bonaerenses. El viernes, Molina estuvo en Berazategui, con el intendente Juan Patricio Mussi y alcaldes que integran el espacio Los Oktubres.

El proyecto, aún en proceso de redacción, no será presentado bajo la autoría del Poder Ejecutivo, sino que será suscripto por legisladores del Frente para la Victoria. Al menos, ésa es la modalidad que más cierra en la Casa Rosada, que le dio a Molina luz verde para avanzar.

La discusión ya despierta polémica, no sólo dentro del oficialismo, sino al interior de varias fuerzas políticas. En la última semana, el Gobierno -aunque evitaron hablar sobre la iniciativa en marcha- dio la bienvenida a la discusión, una bandera progresista que cae especialmente bien en el kirchnerismo más duro y muy mal en el PJ ortodoxo.

El secretario de Seguridad, Sergio Berni, fue didáctico para explicar lo que ocurre hoy, que entra en colisión con la normativa vigente y un fallo de la Corte que quita el castigo a un consumidor. "Cuando la ley dice una cosa y la Justicia dice otra, estamos despilfarrando recursos, porque se generan trámites administrativos y procesos", sostuvo. "Hay que resolver esa dicotomía", precisó en C5N.

Hoy, la ley pena con prisión toda tenencia de estupefacientes. Pero en el fallo Arriola, de 2009, la Corte afirmó que es inconstitucional castigar a una persona adulta por tener y consumir marihuana si no pone en peligro a terceros. No obstante, dio lugar a diferentes interpretaciones, las fuerzas de seguridad siguen deteniendo a consumidores con cantidades mínimas de droga y la justicia penal acumula una enorme cantidad de causas que casi siempre terminan en la nada.

En plena discusión, también expuso su postura favorable el secretario de Pensamiento Nacional, Ricardo Forster. "Todos los mecanismos coercitivos han tendido a violentar a los consumidores y no a aquellos que han hecho negocios con el narco", dijo el filósofo de Carta Abierta, antes de concluir que, para él, "se impone la despenalización".