Moneta exige que el Gobierno no le haga perder $ 35 millones
El ex banquero pidió a la Justicia que el Estado pague a los dueños de la imprenta, para recuperar después el dinero que prestó
El ex banquero Raúl Juan Pedro Moneta no sólo pidió la inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispone la compensación del valor de la ex Ciccone Calcográfica con sus deudas tributarias. También pidió una medida cautelar. Reclamó que todo vuelva a como estaba antes, en manos de la intervención, sí, pero que el Estado deba pagarle, cash, a los dueños de la imprenta, para así él luego cobrarles los $ 35,5 millones que afirma que les prestó.
Las peticiones de Moneta quedaron en manos de la jueza subrogante en lo Contencioso Administrativo Federal, María Alejandra Biotti, quien comenzó a evaluar si admite, primero, la vía del amparo y, luego, si convalida la medida cautelar "de no innovar" que solicitó el ex banquero devenido en empresario .
Moneta afirma que firmó diversos documentos con Alejandro Vandenbroele como presidente de The Old Fund y de la nueva Ciccone, por los que aportó cerca de $ 35,5 millones a cambio de fianzas y garantías cubiertas con prendas sobre las acciones de la imprenta. Así, sostiene, si él no recupera su dinero, se quedará con las acciones, pero el Estado a su vez compensaría el valor de la empresa con los impuestos impagos, por lo que él se quedaría sin los millones que dijo facilitar.
El primer dato que deberá verificar la jueza, sin embargo, es si Moneta presentó el amparo dentro de los 15 días hábiles previstos por la ley para impugnar el decreto 252/2013 que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
El decreto se publicó el martes 12 de marzo pasado en el Boletín Oficial, por lo que los 15 días hábiles comenzaron a correr al día siguiente. Así, dados los días inhábiles judiciales de Semana Santa, el lunes puente y el 2 de abril, esos quince días vencieron el lunes 8 de abril, con prórroga hasta las 9.30 del día siguiente. Pero Moneta presentó el amparo sólo el 10, a las 13.10, según consta en el sello de recepción judicial.
De todos modos, colaboradores de Moneta indicaron ante la consulta específica de LA NACION que el amparo fue presentado "en término" y que, además, la nueva jurisprudencia impone que no se pueden aplicar "artilugios procesales" frente a solicitudes de este tipo.
La vía del amparo y el fuero elegidos también resultan controversiales. Moneta reclamó, en particular, que la Justicia dicte una medida cautelar "de no innovar, restituyéndose el status quo a la situación anterior a la sanción" del decreto y de la disposición de la AFIP que lo complementa.
Según Moneta, la compensación que pretende el Gobierno es de "una ilegalidad manifiesta que viola la igualdad de los acreedores de la sociedad", que de ese modo verán "frustrada toda posibilidad de repago". Más aún, lo calificó como "una grosera e inconstitucional violación de los derechos de los acreedores".
Hasta la Corte
Moneta dejó en claro que él no es dueño de la imprenta –quienes continúan en las sombras– sino financista con derecho a quedarse con el 70% de las acciones si esos dueños no le devuelven sus $ 35,5 millones antes de agosto próximo.
El ex banquero, incluso, aportó a su pedido de amparo las copias de algunos instrumentos que firmó con Vandenbroele con fecha cierta recién en agosto y diciembre pasados. Es decir, dos años después de que comenzó el desembarco en la ex Ciccone del presunto testaferro del vicepresidente Amado Boudou.
Esos instrumentos, además, fueron desconocidos por la intervención oficial, que indicó "enfáticamente" ante la Justicia que no existen constancias de su existencia en los libros de la empresa, en tanto que la familia Ciccone y el síndico del concurso los calificaron de "nulos e ineficaces". La unidad fiscal antilavado alertó que los documentos podrían estar antedatados "más de un año y un mes".
Pero, dispuesto a dar pelea, y a diferencia del propio Vandenbroele en su última presentación ante la justicia comercial, Moneta sí hizo reserva ante la Justicia del "caso federal". Es decir, que le anticipó a la jueza que está dispuesto a pelear para que declaren la inconstitucionalidad del decreto hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia.
Fechas que no coinciden
La oferta
- 3 de agosto de 2012
Aunque Alejandro Vandenbroele afirma que Raúl Moneta financió la operatoria desde su inicio hace años, Moneta presentó ante la Justicia documentos datados en 2012. Entre ellos, supuestos créditos por $ 35,5 millones.
Los desembolsos
- 14 y 22 de ¿agosto? de 2012
Moneta también presentó dos cartas que envió como "apoderado" de Mayer Business Corporation a Maxifarm (que controla él mismo) por esos $ 35,5 millones. Figuran fechadas en agosto, pero la certificación de firmas es recién del 18 de diciembre de 2012.
La mediación
- 19 de marzo de 2013
Tras enviar una carta documento el 8 de enero de este año para exigir el pago de esos $ 35,5 millones, se celebró una audiencia el 19 de marzo. Asistió Vandenbroele, pero nadie por la intervención oficial.