Montero, nuevo secretario de Justicia

El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Gustavo Beliz, designó a Martín Andrés Montero como el nuevo titular de la Secretaría de Justicia y Asuntos Penitenciarios.

Montero reemplazará así al ex secretario de Justicia Pablo Lanusse, quien dejó el mes pasado ese cargo para asumir como interventor en Santiago del Estero.

En los antecedentes curriculares del nuevo funcionario se incluye un paso por el fuero federal y su intervención como asistente de Lanusse en la secretaría que ahora está a su cargo.

Hasta su designación, Montero se desempeñó como jefe de asesores de gabinete de Lanusse.

Cursó estudios de grado en el Colegio Guadalupe, entre 1979 y 1983. Se graduó de abogado en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Pontificia Universidad Católica Argentina, en 1992.

Tiene una especialización en derecho penal económico, por la Facultad de Derecho de la Universidad Austral.

Montero Ingresó en el Poder Judicial de la Nación el 7 de Octubre de 1987. Fue nombrado en 1993 secretario letrado en la Sala I. de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, cargo en el que se desempeñó hasta junio de 2003.

Un trabajo difícil

Las labores que tendrá por delante constituyen un verdadero desafío, pues se encuentran inmersas en la reestructuración judicial dispuesta en el plan nacional de seguridad.

Además, como parte de las labores que le competen, deberá generar soluciones, políticas y estrategias de administración al sistema carcelario nacional, actualmente en un estado de grave deterioro y vinculado estrechamente con los alarmantes niveles de delincuencia e inseguridad.

Tal como lo informó LA NACION en su edición del domingo último, un preso alojado en el Servicio Penitenciario Federal le cuesta al Estado 3361 pesos por mes.

Esa cifra, explicaron expertos, resulta significativa cuando se tiene en cuenta que en las cárceles se está lejos de redundar en una prestación ejemplar: el hacinamiento, la superpoblación y la promiscuidad -aseguran- conviven diariamente en el servicio.

Los datos corresponden a un informe de la asociación civil Unidos por la Justicia, que investigó el asunto y elaboró un diagnóstico que remitió a la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados.

El estudio, basado en cifras oficiales, arrojó datos esclarecedores: del total de la población alojada en las cárceles federales, sólo el 44 por ciento recibió condena. El hacinamiento que allí se padece es consecuencia de la creciente superpoblación en sus 28 cárceles: con sólo 8376 plazas disponibles, aloja a 9231 detenidos.

Según el trabajo, la población penal crece a un ritmo de entre un 9 y un 11% anual.

Además de Montero, también fue designado el nuevo subsecretario de Política Criminal de la Secretaría de Justicia, Alejandro Walter Slokar, en reemplazo de Mariano Ciafardini, quien también dejó ese cargo cuando se fue Lanusse.