Movilidad jubilatoria: el oficialismo apuesta a aprobar la ley "con lo justo" antes de fin de año
Será una sesión difícil la de fin de año en la Cámara de Diputados. El oficialismo, en minoría, tiene el desafío convertir en ley la nueva fórmula de movilidad jubilatoria propuesta por el Gobierno, una norma clave para evitar que el déficit fiscal se dispare el año próximo, condición inexcusable para el FMI en la renegociación de la deuda argentina. La votación en la Cámara baja se anticipa reñida, pero su presidente, Sergio Massa, confía en que logrará aprobar la ley "con lo justo".
La sesión fue convocada para el próximo martes 29, el mismo día en que el Senado tiene previsto debatir la media sanción sobre la legalización del aborto."El oficialismo quiere utilizar la sesión del Senado como cortina de humo para disimular el atropello contra los jubilados que se va a consagrar en la Cámara de Diputados", aseguran en Juntos por el Cambio, que anticipó su rechazo.
Pese a sus reclamos, Massa no solo mantiene incólume la fecha para debatir la reforma jubilatoria, sino que amplió el temario con otras iniciativas para garantizar el quorum. Entre ellas figuran los proyectos que envió el ministro de Economía, Martín Guzmán, con incentivos fiscales para la construcción privada en todo el país.
Igualmente, Massa y Máximo Kirchner, jefe del bloque oficialista, deberán trabajar arduo para aprobar la reforma jubilatoria. Su desafío no solo será conseguir la mayoría de los votos, sino también asegurar la logística para que sus legisladores puedan llegar en tiempo y forma a la Capital y dar el quorum, ya que las sesiones en la Cámara de Diputados volvieron a ser presenciales y solo una minoría (60 diputados en situación de riesgo por la pandemia) está habilitada a conectarse de manera remota.
La escasez de vuelos y la cercanía del Año Nuevo complica las cosas, aunque no solo para el oficialismo. Juntos por el Cambio, que se propuso reunir 129 voluntades para bloquear la nueva reforma jubilatoria, también deberá sortear el escollo de la sesión presencial.
El oficialismo propone que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria combine en partes iguales el aumento de la recaudación de la Seguridad Social con la variación salarial, la más alta que resulte entre las mediciones del Indec y la del Ministerio de Trabajo (Ripte). Además, aceptó que las actualizaciones se realicen de manera trimestral, no semestral, como rezaba el texto original. Los opositores advierten que, con esta propuesta, al excluir la inflación como componente de la fórmula, los jubilados perderán poder adquisitivo.
"Si se confirman las estimaciones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) del Banco Central, que pronosticó un 50% de inflación el año próximo, los jubilados perderán 19 puntos en sus haberes si se compara con las estimaciones inflacionarias contenidas en el presupuesto 2021", enfatizó Alejandro Cacace, de Juntos por el Cambio. El legislador sostuvo que las modificaciones que introdujo el Senado son "cosmética pura".
"El kirchnerismo se vanaglorió de haber dado marcha atrás con el artículo que decía que el aumento de 5% otorgado a los haberes en diciembre sería descontado del 11,9% de suba que se cobraría en marzo del año próximo. Pero la verdad es que, para el cálculo de marzo próximo, el proyecto establece que solo se tomará en cuenta el cuarto trimestre de 2020 por lo que, al saltearse el tercer trimestre, los jubilados van a terminar cobrando solo el 6,1% como todo aumento", alertó Cacace.
Misioneros y cordobeses, en la mira
Para el oficialismo, la sanción de la nueva movilidad jubilatoria es prioritaria: por ello, en los últimos días reforzó las negociaciones con las terceras fuerzas opositoras para asegurar la aprobación de la ley. Los tres legisladores de Consenso Federal junto a los diputados Enrique Estévez (Socialismo) y Luis Contigiani (Frente Cívico y Social) ya anticiparon su rechazo, como así también los dos diputados de izquierda, Juan Carlos Giordano y Nicolás del Caño, quien presentará un dictamen en minoría y prepara una movilización para el próximo martes frente al Congreso.
Todas las miradas recaen en dos bloques clave: el Frente de la Concordia de Misiones, cuyos tres diputados responden al gobernador Oscar Herrera Ahuad, y Córdoba Federal, integrado por cuatro legisladores que siguen las directivas del cordobés Juan Schiaretti. Son siete voluntades claves que necesita el oficialismo para alcanzar el quorum a la hora de arrancar la sesión y, luego, en la votación.
Los tres diputados misioneros –Diego Sartori, Raúl Wellbach y Flavia Morales– integran el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por el mendocino José Ramón. Hasta ahora acompañaron todas las leyes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el gobierno nacional les correspondió con un mazazo el lunes pasado, cuando sorpresivamente vetó el artículo 123 de la ley de presupuesto 2021, por la que se declaraba a Misiones zona aduanera especial, que le permitía a la provincia reducir impuestos como IVA o Ganancias y competir de igual a igual con los países vecinos. Un reclamo histórico de la provincia que el propio presidente Fernández, en una visita a Misiones, se comprometió a satisfacer, al igual que Massa, cuando negoció las modificaciones al presupuesto.
El veto presidencial fue un baldazo de agua fría para el gobernador Herrera Ahuad, quien se enteró por los medios locales. Nadie del gobierno nacional se lo había advertido. En la oposición se ilusionan con que los tres diputados misioneros, por revancha, voten ahora en contra del proyecto de movilidad jubilatoria. Sin embargo, desde el gobierno nacional se buscó calmar el malestar del gobernador y prometieron dar un gesto.
"Nosotros conformamos un espacio político que no actúa de manera visceral, por revancha o rencores. Vamos a votar en función de los intereses de los argentinos y de los misioneros", indicó a LA NACION el diputado Wellbach. En la misma línea se expresó su comprovinciano Sartori. "Vamos a insistir en nuestro reclamo sobre la instalación de una zona franca en Misiones –dijo en declaraciones a Diputados TV–. Todavía no tenemos una posición tomada sobre la reforma jubilatoria, pero si es algo que va a mejorar la situación de la Argentina, seguramente va a tener nuestro apoyo."
En cuanto a los cordobeses que responden a Schiaretti, todo indica que darán quorum y también acompañarían la iniciativa del Gobierno, pues la provincia tiene su propia caja de jubilaciones y la fórmula de actualización de los haberes a nivel nacional no incide en el cálculo que se utiliza a nivel local. "Estamos estudiando el proyecto. Este es un tema que hace a la gobernabilidad", deslizó, críptico, un vocero de la bancada. Es que no solo la Nación tiene sus cuentas comprometidas: también Córdoba afronta una difícil renegociación de su deuda con sus acreedores y espera que la Nación le gire el año próximo unos $15.000 millones para saldar el déficit de su caja previsional.
Los demás bloques, consultados por LA NACION, aún no tomaron posición y meditan su voto. En este lote se encuentran Alma Sapag (Movimiento Popular Neuquino) y los diputados Felipe Álvarez y Antonio Carambia, de Acción Federal. El oficialismo confía en persuadirlos con el argumento de que está en juego la sustentabilidad del sistema previsional y, con ella, la estabilidad de la economía. Desde la vereda contraria, la oposición insistirá en que la nueva ley solo redundará en más perjuicios para los jubilados y así se lo achacará no solo al oficialismo, sino también a los diputados que acompañen la iniciativa.
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