Muchos interrogantes aún no se cerraron
La aparición sin vida de Santiago Maldonado y la autopsia sobre su cuerpo cierran muchos de los interrogantes abiertos en los últimos 80 días. Pero también abren otros. ¿Por qué Santiago no fue encontrado antes? ¿Fue por impericia de la Justicia, por impedimento de los mapuches o por un mal accionar del Poder Ejecutivo? ¿Fue simplemente por un río traicionero y cambiante? Probablemente fue una combinación de factores que habrá que despejar para llegar a la verdad.
La familia manifestó que "nada descarta que Santiago haya sido víctima de un accionar violento que desencadenó su muerte", mientras que el Gobierno resaltó la caída de la "desaparición forzada". El debate que se viene es si la Gendarmería tuvo algún grado de responsabilidad en lo ocurrido y si los mapuches supieron algo que no dijeron. También, cuáles serán las consecuencias legales, si las hay.
Si las pruebas de laboratorio confirman que el joven estuvo en el río Chubut todo este tiempo, se caerán muchas hipótesis que distintos actores y la prensa dijeron de viva voz o dejaron correr de forma subterránea.
Desmentiría que la Gendarmería se lo llevó en una camioneta y lo desapareció, como declaró el mapuche Matías Santana. También se caerían muchas otras versiones, desde que Maldonado nunca estuvo en el Pu Lof hasta que estaba en Chile (Carrió calculó que había un 20% de posibilidades), que era un cacique mapuche, un karateca y que había decidido sacrificarse y pasar a la clandestinidad.
Más allá de los datos que falta confirmar en la pericia forense, el juez del caso, Gustavo Lleral, considera que debe contemplarse otro factor: el del pánico. Santiago estaba huyendo, no sabía nadar y estaba en un río no apto para su inexperiencia, a diferencia de los mapuches, que cruzaron con facilidad.
La investigación penal, en tanto, fue atípica. La Justicia quedó muchas veces a merced de la comunidad de Resistencia en Cushamen para evitar un recrudecimiento del conflicto con peores consecuencias. Hubo apartamiento de las normas del Código Procesal Penal argentino para adaptarse a la ley mapuche.
El primer juez del caso, Guido Otranto, que fue apartado por sus declaraciones a LA NACON, no pudo proceder en el territorio de forma rápida por su enemistad con la comunidad. Es el mismo juez que, meses atrás, la primera vez que Facundo Jones Huala fue detenido, le otorgó la libertad al lonko. Pero tramitó otras causas contra la comunidad, y los mapuches lo ubicaron en el rol de enemigo. Sobre todo, la del corte de ruta de ese mismo 31 de julio.
El segundo juez, Lleral, ensayó una estrategia distinta. Obtuvo el favor de la comunidad ofreciendo la protección de los testigos y a través de una serie de concesiones.
Para conseguir el rastrillaje que terminó en el hallazgo positivo, tuvo que negociar en tres reuniones. Para evitar una batalla campal, aceptó la ausencia de la Policía Federal y de armas de fuego en el operativo. Así y todo, los mapuches palparon a los buzos de Prefectura. Y uno de ellos, el más extremista, terminó arrojándole piedras al magistrado de su preferencia.
La otra pregunta es qué pasará de acá en más con el reclamo mapuche de Resistencia en Cushamen. Sus habitantes, jóvenes citadinos que en 2015 decidieron volver a sus raíces, creen que la violencia es un medio válido para defender su causa. No reconocen al Estado y su virulencia recrudece cuando aumenta su vulnerabilidad frente al huinca (hombre blanco). Es difícil que entren en nuestra lógica, porque es otra. Y es ilegal. Pero es una olla a presión de urgente resolución. Ojalá sea en paz.