Nicolás Dujovne: “Sin la cláusula gatillo sería más fácil el proceso de desinflación”
Va de un lado a otro. No hay tiempos muertos. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, sabe que cada minuto de atención y cada palabra en la cita de negocios más importante a nivel global se pueden transformar en inversiones.
En los últimos meses, Dujovne ganó poder. Incluso se convirtió en custodio del cumplimiento del pacto fiscal que firmó la Nación con las provincias. Por eso, en su nuevo rol, avisa: “Seremos muy minuciosos, exhaustivos e inflexibles con el cumplimiento de los acuerdos”. Y, en una entrevista con la nacion, anticipa que no habrá transferencias adicionales para los incumplidores.
–A usted le toca interpretar al policía malo con los gobernadores para controlar las cuentas fiscales. ¿Cómo se siente en ese rol?
–Seremos muy minuciosos, exhaustivos e inflexibles con el cumplimiento de los acuerdos a los que llegamos en diciembre. Una cosa es ser graduales y otra cosa es ser laxos fiscales. Si la economía crece 3% por año y la ley de responsabilidad fiscal se cumple como fue redactada, después de haber bajado el gasto público del 42% del PBI al 40% este año, seremos capaces de llevarlo al 33% en 2023. Si hacemos eso, vamos a haber eliminado el déficit fiscal y los impuestos distorsivos, y entonces seremos un país capaz competitivo frente al resto del mundo.
–Entonces, a partir de la aprobación del pacto, su trabajo incluye controlar a los gobernadores.
–La aplicación del programa fiscal, el cumplimiento de todos los acuerdos es crucial para que la Argentina recupere la solvencia fiscal.
–¿Qué pasa si alguna provincia no cumple lo firmado?
–Hay mecanismos muy específicos establecidos tanto en el pacto como en la ley de responsabilidad fiscal. Quienes no cumplan con el pacto no recibirán su parte correspondiente del Fondo Federal Solidario. No solo eso: su parte se repartirá entre quienes sí lo cumplan. Además están las autorizaciones para emitir deuda y las transferencias a las provincias, que no son solo los ATN.
–¿A qué se refiere?
–El Gobierno tiene 130.000 millones de pesos de transferencias a las provincias, entre gasto de capital y corriente. Ahora, esto último depende en cierta medida del cumplimiento del pacto fiscal, que establece que las transferencias de las provincias son parte de la discrecionalidad que usará el Gobierno.
–¿Esto quedó claro para los gobernadores?
–Esta vez se va a cumplir. Por un lado estamos hablando del gasto primario, que no puede crecer más rápido que la inflación, o del empleo, que no puede hacerlo más que el crecimiento vegetativo de la población. Por el otro lado tenemos una tabla de alícuotas máximas de Ingresos Brutos que deben cumplirse. Fíjense que el primer compromiso de las provincias era eliminar las aduanas interiores que se estaban aplicando a la Argentina por el cobro de Ingresos Brutos. Esto ya no existe más. Fue el primer impacto de la aplicación del pacto fiscal aun cuando hay provincias que no lo pasaron por sus legislaturas porque están de vacaciones.
–¿Hubo alguna sanción para las que no lo hicieron?
–No están recibiendo ni el fondo solidario de la soja ni la compensación que tuvieron por la derogación del artículo 104 del impuesto a las ganancias. Esta vez va en serio, este pacto fiscal se va a cumplir.
–Hubo reformas que quedaron en el camino, como la laboral. ¿Cuánto afecta la hoja de ruta que se planteó el Gobierno para este año?
–Sabemos que hay un tiempo para que salgan las distintas reformas. Estamos convencidos de que la reforma laboral servirá para tener menos litigiosidad y crear más empleo. Si el Congreso elige ir más despacio, tendremos un mercado laboral menos fuerte.
–Después del cambio de las metas de inflación, ¿siente que la paritaria de este año será más importante para el objetivo de bajar la inflación?
–Cuando uno está en un proceso de desinflación, evidentemente la política inflacionaria es bastante dependiente de lo que ocurre con los acuerdos salariales. En 2017 la manera que encontraron fue la cláusula gatillo. Eso tenía un beneficio muy claro que era mirar para adelante, pero tiene un costo que generaba más inercia e indexación. Si pudiéramos ir quitándonos de encima la cláusula gatillo sería más fácil el proceso de desinflación.
–¿Cómo evalúa la suba del dólar?
–Tenemos tipo de cambio flotante, a veces se aprecia y otras se deprecia. Es absolutamente natural, normal. ¡Acostumbrémonos! Estoy convencido de que es el sistema adecuado para la Argentina porque nos preserva de los shocks que generan aumento de la tasa de desempleo.
–¿Qué le preguntan sobre el déficit fiscal los inversores?
–Cuando uno viaja afuera, en general, lo que uno recibe son elogios a la política económica de la Argentina. Ven la sustentabilidad política y sienten que el programa económico que está llevando adelante la Argentina es el adecuado. En general no recibimos grandes dudas o cuestionamientos. Ni sobre la política fiscal ni sobre la política antiinflacionaria.
–En ese caso, ¿por qué se demoran en llegar las inversiones?
–Uno siempre aspira a más, pero cuando uno mira el desempeño de la inversión en el año 2017, ha sido muy bueno. La inversión creció el último año más o menos un 11%. Eso tiene que ver con el nuevo clima de negocios, con que la tasa de interés en dólares que paga el sector privado para invertir a largo plazo es la más baja de la historia argentina, con amplísimo financiamiento. Vamos por buen camino, pero queremos más.
–En noviembre usted dijo que las tasas de interés estaban altas y el Banco Central en las últimas dos semanas las bajó. ¿Todavía siguen altas?
–Eso lo decide el Banco Central. Nosotros queremos que baje la inflación. El Gobierno cambió las metas inflacionarias porque después de los desvíos de 2016 y 2017 nos parecía que una meta modificada era un ancla más creíble para bajar la inflación.
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