Ningún candidato presidencial firmó el Acuerdo Social Anticorrupción

Se trata de una iniciativa impulsada por un grupo de ONGs, que busca reformas en materia de ética pública
Se trata de una iniciativa impulsada por un grupo de ONGs, que busca reformas en materia de ética pública
Iván Ruiz
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24 de octubre de 2019  • 10:54

Problemas de agenda, algunas discrepancias, pero básicamente falta de interés durante el tramo final de una agitada campaña electoral. Ninguno de los candidatos presidenciales adhirió -hasta el momento- al Acuerdo Social Anticorrupción, una iniciativa que impulsan ONGs en materia de transparencia.

Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Directorio Legislativo, entre otras asociaciones, se pusieron en contacto hace tres semanas con los equipos técnicos de los candidatos, como parte de la búsqueda de consenso. Y finalmente les entregaron el documento final hace una semana, que contemplaba una versión completa, de unas 30 páginas, y también una versión más compacta.

Hasta el cierre de este artículo periodístico, horas antes de que comience la veda electoral, ninguno de los candidatos hizo referencia al tema. Ante la consulta de LA NACION, desde los equipos de los presidenciables dijeron que el acuerdo está "en estudio". Algunos sugirieron discrepancias mínimas, pero todos remarcaron que por la sobrecarga de actividades se hace imposible avanzar en este momento. La adhesión, sin embargo, consiste simplemente en cualquier manifestación pública en favor del documento, desde una declaración durante una entrevista hasta un posteo en redes sociales.

Los candidatos se cruzaron por temas de corrupción en el segundo debate presidencial
Los candidatos se cruzaron por temas de corrupción en el segundo debate presidencial Fuente: LA NACION - Crédito: Fabián Marelli

El Frente de Todos, el partido más observado por los escándalos de corrupción que estallaron en los últimos años, no adhirió por ahora al acuerdo. El equipo técnico de esta alianza electoral fue uno de los que participó activamente del debate desde el comienzo, pero Alberto Fernández por ahora no hizo manifestaciones públicas en favor del acuerdo. Tampoco se hizo eco del acuerdo Cristina Kirchner, la candidata a vicepresidenta que enfrenta distintos procesos judiciales por corrupción tras su paso por la Casa Rosada.

Pese a que la lucha contra la corrupción es una de las banderas de Juntos por el Cambio, el oficialismo tampoco adhirió por ahora al acuerdo. Desde el Gobierno se molestaron porque -sostienen- el documento de las ONGs no refleja los avances registrados durante la gestión de Mauricio Macri en la lucha anticorrupción y también se mostraron fastidiosos por los ajustados tiempos para analizar el documento. Tampoco hubo referencias públicas de parte de la fórmula Macri-Pichetto.

"Hablamos con dirigentes de peso de todas las fuerzas y les propusimos tomarnos la agenda anticorrupción en serio. Esto implica adoptar compromisos políticos fuertes para generar cambios estructurales en la normativa y las políticas públicas", dijo Sebastián Pilo, co-director de ACIJ. De cara al futuro, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, agregó: "El acuerdo no fracasa si [los candidatos y sus fuerzas políticas] no se comprometen esta semana. Es una propuesta a largo plazo y habrá que seguir insistiendo una vez elegidas las autoridades".

El lanzamiento del Acuerdo contó con la presencia de Ricardo Gil Lavedra, Roberto Carlés, Manuel Garrido y Natalia Volosín, entre otras. La participación de estos dirigentes, de ideología política variada, permitió que la propuesta llegara hasta los equipos técnicos de los candidatos, pero por ahora no rindió frutos para que los presidenciables se expresaran públicamente.

En resumen, lo que propone el acuerdo son reformas en materia de ética pública, un nuevo sistema de compras y contrataciones del Estado, mejoras procesales para la persecución de la corrupción, políticas de transparencia en el financiamiento de la política, mejoras en los mecanismos y organismos de control, transparencia en los mercados y flujos financieros, así como la apertura de instancias de participación de la ciudadanía en la lucha anticorrupción.

Por: Iván Ruiz
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