No es una prioridad para la Casa Rosada

Francisco de Narváez
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5 de octubre de 2014  

El presupuesto nacional resulta un claro indicador de cuáles son las prioridades en materia de gasto y políticas públicas para un país. La reciente presentación del presupuesto 2015 da algunas pautas sobre la posición del ejecutivo nacional al respecto.

Al analizar la porción asignada a seguridad interior, ésta aumenta exiguamente del 2,71% del total del gasto público en 2014 al 2,92%. Este porcentaje contrasta con el de muchas provincias, que destinan cerca del 10% a la seguridad. Lo que hoy es el principal reclamo ciudadano claramente no es una prioridad para el Ejecutivo Nacional. Durante los gobiernos kirchneristas se permitió el ingreso y la instalación de carteles internacionales del narcotráfico. Producto de ello, la Argentina se transformó en un país productor de drogas, el consumo de cocaína y marihuana se multiplicó, y ciudades como Rosario, General Rodríguez o Ciudad Evita pasaron a tener tasas de homicidios consideradas endémicas.

Se legitimó políticamente la actividad ilícita como subproducto de la desigualdad y se apostó a que una mejora en la actividad económica y la asistencia social iba a lograr reducir las tasas de criminalidad. De acuerdo con la poca información disponible, eso claramente no sucedió.

La respuesta del Gobierno ante el aumento de la actividad delictiva común ha sido esporádica y espasmódica, plagada de estrategias improvisadas, orientadas a atender el problema en el corto plazo, a través de medidas más efectistas que efectivas.

Asimismo, el país no cuenta con un plan de protección de fronteras contra las amenazas transnacionales. El proyecto de radarización, impulsado por el propio Néstor Kirchner a través de un decreto en 2004, aún resulta una cuenta pendiente diez años después de promulgado. El oficialismo se negó también a tratar otras iniciativas que impulsamos en la Cámara de Diputados, como la creación de un marco legal para la interceptación de vuelos ilegales. Éstos fueron cajoneados por la misma comisión que, con mayoría oficialista, sólo se reunió tres veces este año.

La Argentina requiere imperiosamente una estrategia contra la criminalidad; esto es, orientar los medios a los fines. Comenzar a blanquear las estadísticas delictivas para poder establecer un diagnóstico y medir la eficacia de las estrategias implementadas.

También una ley de financiamiento para la seguridad, como planteé oportunamente en el Congreso, al igual que la necesidad de crear de una agencia federal antidrogas, la convocatoria permanente del Consejo de Seguridad Interior, la publicación periódica de información criminal, la creación de mecanismos para controlar el lavado, entre otros.

Necesitamos también comprender que el crimen organizado opera de manera flexible y con esa misma flexibilidad debe responder el Estado. Pero ante todo lo que necesita la Argentina es un gobierno que tenga como prioridad restaurar el orden y la seguridad, ya que sin seguridad resulta imposible estimular el crecimiento, la producción, la educación o la salud.

El autor es diputado nacional de Unión Celeste y Blanco

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