No habrá ajuste salarial en Diputados
El titular de la Cámara baja admitió en privado que dejará sin efecto la medida; negocian cómo compensar la marcha atrás
En el Gobierno y en el Congreso están convencidos de que, finalmente, el recorte salarial a los empleados de la Cámara de Diputados quedará anulado.
El oficialismo descuenta que la Justicia dará lugar al recurso de amparo presentado por la Asociación del Personal Legislativo (APL) y evalúa como más que probable que si el caso llegase a la Corte Suprema, ésta también terciaría en favor de los agentes de la Cámara baja.
Ante este diagnóstico, el titular del cuerpo, Rafael Pascual (UCR-Capital), reconoció en privado que dejará sin efecto la decisión por la que se dispuso la rebaja salarial. De hecho, este mes ya no se aplicará, merced a la conciliación obligatoria por 15 días a que se avinieron las partes en busca de una resolución del conflicto.
Un funcionario de la Corte sostuvo que la reducción de sueldos de la Cámara de Diputados "es muy difícil de sostener". La opinión se basa, fundamentalmente, en dos hechos:
- Al dictar el decreto 430/2000, por el que dispuso el controvertido ajuste, el Poder Ejecutivo no aplicó la rebaja salarial a los empleados judiciales, para no generar un conflicto de poderes. Sin embargo, incluyó al Congreso. Aquella abstención y esta injerencia darían sólido sustento a un planteo por discriminación.
- Y esto no sería rebatible, incluso, por el hecho de que la Cámara de Diputados haya ratificado, al aplicar el recorte por decisión propia, lo dispuesto por el Poder Ejecutivo. Es que el personal del Senado, por resolución del cuerpo, no quedó afectado por la medida, lo que representa una situación de iniquidad, ya que los agentes de ambas cámaras están regidos por el mismo estatuto, aprobado por ley, e igual sistema escalafonario.
Estrategia por seguir
Tomada la decisión de anular la poda salarial, el oficialismo busca ahora la forma de hacerlo y la de compensar el ahorro que se había previsto por ese ítem: $ 19 millones anuales.
En cuanto al modo, más allá de que medie un pronunciamiento judicial adverso, podría hacerse por una decisión administrativa de las autoridades de la Cámara baja o por una resolución del cuerpo. Esto último lo propician los diputados justicialistas y es, en definitiva, lo que hizo el Senado.
En el oficialismo llegaron a la conclusión de que el costo político por esa marcha atrás definitiva será mucho menor que lo que significaría una postura intransigente.
La prueba quedó a la vista durante las últimas semanas, en que las protestas del gremio, la disconformidad de diputados del PJ y desavenencias internas en el propio bloque de la Alianza paralizaron la actividad de la Cámara baja.
Sólo el miércoles último, cuando se acordó la salomónica y transitoria salida de la conciliación obligatoria, los diputados pudieron salir del letargo y aprobar proyectos prioritarios para la Casa Rosada, como la ley de incentivo para las pequeñas y medianas empresas y la reforma de la carta orgánica del Banco Nación.
Además, los legisladores de la Alianza fueron instruidos desde la Casa Rosada para que busquen consensos con sus pares peronistas, que han hecho saber al presidente Fernando de la Rúa, al igual que a por lo menos dos ministros, su malestar por las versiones sobre supuestos pagos de favores a senadores del PJ a cambio de votar la reforma laboral.
El escándalo que desataron esos rumores ha resentido profundamente la relación entre las dos principales bancadas de ambas cámaras.
Más allá del entretejido político, los diputados oficialistas se aprestan a negociar cómo compensar buena parte de aquellos $ 19 millones anuales.
Opciones
Las conversaciones comenzarán pasado mañana, ya que la Alianza no mantuvo contactos con el gremio desde que se pactó la conciliación, según afirmó el titular de APL, Ricardo Sablich.
Entre las alternativas que barajan los diputados no se descarta un sistema de retiros voluntarios para agentes de la planta transitoria y la eliminación de ciertos beneficios que el estatuto otorga al personal legislativo, además de otro tipo de recortes administrativos.
De la Cámara baja dependen cerca de 6000 empleados, incluidos los 780 de la Imprenta del Congreso. La rebaja salarial en cuestión es del 12 por ciento para aquellos que perciben más de $ 1000 mensuales netos.
Para tener una idea de la proporción que representa la poda salarial de empleados de la Cámara de Diputados, el ajuste dispuesto por el decreto 430/2000 para el presupuesto nacional es de $ 938 millones por año (las dos terceras partes corresponden a reducciones de sueldos en la administración pública).
"La influencia es mínima, apenas el 2 por ciento del total del recorte; le vamos a encontrar la vuelta", se esperanzan en despachos parlamentarios aliancistas.
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