No se aprobaría durante este año

Si en un punto coinciden todos los bloques de la Cámara de Diputados respecto del presupuesto 2002 es en que es utópico pensar que el proyecto será sancionado antes de que comience el año.

El Gobierno estará obligado a prorrogar la vigencia de las actuales planillas de gastos del Estado.

Así lo dispone la ley nacional de administración financiera para los casos en que el Congreso no cumpla con los plazos constitucionales de aprobación del presupuesto.

En ese caso, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, tendría vía libre para ejecutar -por medio de las facultades delegadas que le otorgó el Congreso- los recortes de partidas que creyera necesarios mientras el proyecto oficial siga en trámite.

Esta situación causa alerta en el justicialismo, que aumentó la urgencia por impulsar la inmediata derogación de los superpoderes. Ayer, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja emitió un dictamen en aquel sentido y las autoridades de la bancada del PJ aseguran que sí o sí intentarán derogar esa ley antes de que termine el año.

Pero, al mismo tiempo, algunos diputados peronistas, consideran conveniente mantener todo el año próximo la prórroga del presupuesto 2001.

"No estamos dispuestos a aprobar un ajuste de 9000 millones de pesos (como reclama el Gobierno), pero tampoco queremos rechazar el presupuesto y crear un caos institucional", explicó uno de los principales economistas del bloque opositor.

Debate

Con ese escenario posible, el peronismo no pagaría el costo político de convalidar un recorte récord en las cuentas públicas y limitaría las facultades del Poder Ejecutivo para redistribuir las partidas. Sin embargo, eso es tema de fuerte discusión interna. El debate apenas comienza.

En los demás bloques, pese a que también creen que es casi imposible que se apruebe el presupuesto 2002 antes del 31 de diciembre, apuestan a que el Congreso use su facultad para decidir en qué gasta el dinero el Estado.

El santafecino Alberto Natale (Demócrata Progresista y jefe del interbloque federal, la tercera fuerza de la Cámara) señaló: "No debemos renunciar a un poder que nos da la Constitución y dejar que Economía haga lo quiera".

También ARI y un sector del radicalismo apuestan a "abrir" el presupuesto y marcar una redistribución de los recursos nacionales.

Entre los diputados que conduce la chaqueña Elisa Carrió consideran que los bloques opositores deben buscar una alternativa al proyecto del Gobierno, sobre todo para no convalidar el canje de la deuda pública (al que califican como fraudulento) y los recortes de haberes en el sector público.

Por el lado del oficialismo, reina la confusión. Todavía no definieron los nombres que representarán a la UCR en la comisión de Presupuesto y Hacienda y saben que en este tema más que en ninguno estarán atados a las decisiones de la oposición.