Justicia. No se necesita influencia política

16 de Abril de 2008

LA NACION

El proyecto de la diputada Diana Conti para reformar el proceso de selección de jueces busca darle al Gobierno una absoluta discrecionalidad a la hora de elegir los magistrados.

La iniciativa de Conti propone, básicamente, que no todos los candidatos que se inscriban para concursar para un cargo judicial queden habilitados para dar el examen. ¿Cómo se hará esa preselección? ¿Por alguna calificación de antecedentes mínimos? ¿Mediante algún criterio objetivo? No, simplemente a dedo.

Por esta vía, el Consejo hará una segregación de aspirantes y sólo algunos -los favorecidos por una arbitraria decisión política de los consejeros- podrán seguir en carrera. ¿No está acaso prohibido discriminar por razones de ideología política o por algún otro criterio? ¿No es acaso la idoneidad la nota que debe caracterizar a un juez?

Así, con un Congreso Nacional que está virtualmente reducido al rol de una escribanía de los proyectos oficiales, el absoluto disciplinamiento de los cuadros judiciales es lo único que resta para que la República quede reducida a un régimen electoral, frágil y engañoso.

"El proyecto rompe el anonimato de los exámenes y le asigna al Consejo un amplio margen de discrecionalidad para elegir los jueces", critica el camarista Ricardo Recondo, presidente de la Asociación de Magistrados.

* * *

Durante los últimos 60 años, la política ejerció una influencia desmedida en la Justicia. Ese es un dato objetivo de la realidad. Tan sólo la Corte nombrada por Raúl Alfonsín y la designada por Néstor Kirchner mostraron signos de independencia.

Por eso, cuando en 1994 se creó el Consejo de la Magistratura, se buscó reducir el margen de discrecionalidad del Presidente en la selección de jueces: se creó un sistema por el cual el primer mandatario, en lugar de poder elegir los magistrados entre el universo de todos los abogados, sólo podría hacerlo entre los tres candidatos que, por antecedentes y calificación de exámenes, hubiesen demostrado ser los más idóneos.

A pesar de eso, el Consejo nunca funcionó como se planeó y todos los gobiernos de turno hicieron trampas para nombrar, en ocasiones, no a los candidatos más capaces, sino a los que son políticamente más fieles. A tal punto el régimen mostró sus mezquindades y grietas que hoy en día muchos jueces y funcionarios altamente calificados se resisten a presentarse en los concursos para ascender a camaristas: temen ser víctimas de un régimen tedioso y amañado en el que la manipulación política suele echar por el piso el prestigio de las personas más capaces e independientes.

El régimen actual, es cierto, tiene muchas falencias y una de ellas es su lentitud. Hay un acuerdo general para reformarlo. El senador Ernesto Sanz y el diputado Jorge Aguad, ambos radicales, también están elaborando un proyecto. Sanz explica: "El sistema actual favorece a los jueces y a la corporación judicial y les resta posibilidad a los abogados que quieren ingresar en la Justicia. Esto no debe seguir. Pero tampoco creo que sea correcto un proyecto que le dé a la mayoría política que domina el Consejo tanta discrecionalidad".

Algunas ideas que propone Conti son correctas -como acelerar el proceso de selección-; otras, muy inconvenientes. Mañana, el asunto será debatido en el Consejo.

Quizá sea la hora de que los políticos dejen de lado sus mezquindades y piensen que la Justicia y el país son más importantes que un proyecto partidista.

Adrián Ventura

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