La crisis de seguridad: cómo se ataca el principal desvelo de Kirchner. Nueva jugada del Gobierno para intentar frenar la inseguridad

En el más estricto silencio y absoluta reserva, el Gobierno prepara una nueva estrategia para intentar frenar la inseguridad. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien desde hace siete días tiene a su cargo las fuerzas federales, trabajó toda la semana en una especie de nuevo plan que no quiere anunciar hasta que lo ponga en funcionamiento.

El hermetismo forma parte de una nueva estrategia del presidente Néstor Kirchner: la última semana ordenó a sus funcionarios bajar el perfil de los anuncios y hablar con los hechos. Esto marca un cambio en la forma de ejercer el poder del Presidente, ya que su primer año de gestión se caracterizó por grandes anuncios.

Fuentes calificadas que trabajan en las nuevas medidas para frenar la inseguridad contaron a LA NACION que el proyecto de Aníbal Fernández tiene como ejes la creación del sistema único de registros de actos criminales (que ya funciona en la Capital); la coordinación de una política de seguridad nacional con la convocatoria al consejo de seguridad; la creación de la división de inteligencia criminal, y la compatibilización de equipamientos policiales entre las provincias.

Agenda política

El ministro del Interior mantendrá esta semana contactos con todos los gobernadores para fijar una agenda común y, una vez cerrada, convocar al Consejo de Seguridad, primera decisión que el ministro del Interior anunció la semana última cuando fue al Congreso con el secretario de Seguridad Interior, Alberto Iribarne.

La idea del Gobierno es presentar ahora una política nacional de seguridad, más allá del fallido proyecto que anunció el ex ministro Gustavo Beliz, única respuesta del Gobierno a la primera y multitudinaria marcha que convocó Juan Carlos Blumberg.

Lo que se busca es que se coordine una acción común contra la inseguridad con los gobernadores y responsables de seguridad en las provincias. Para esa coordinación será imprescindible un giro de fondos a las provincias (aún se trabaja en los montos que deberá girar la Nación) para acondicionar, primero, los equipamientos de esas policías.

El objetivo de máxima es lograr que haya en breve una "compatibilidad" entre las fuerzas de todo el país.

Una fuente calificada del Gobierno indicó que la entrega de fondos es una de las primeras exigencias de los gobernadores. La prioridad de Fernández es que funcione cuanto antes el registro de actos criminales al que puedan acceder las fuerzas y las fiscalías de todo el país, imprescindible para que se evite a los delincuentes huir a las provincias tras cometer delitos.

La idea del ministro del Interior es avanzar con la fase 2 del registro y que pueda tenerlo la provincia de Buenos Aires (un registro común entre la bonaerense y la Procuración), y en tercer lugar (fase 3 del plan) sumar al resto del país. Hasta ahora, están avanzados los registros en Santa Fe, Corrientes y Santa Cruz, según dijeron a LA NACION fuentes ligadas a la seguridad.

Antes de que termine septiembre, el Gobierno pretende tener cerrada la convocatoria al Consejo de Seguridad y fijada una agenda común para presentar una política nacional contra el delito. Está decidido que la División de Inteligencia Criminal siga funcionando, al menos por ahora, en la Secretaría de Seguridad Interior. Ya están trabajando los responsables de las fuerzas federales, de Buenos Aires y de la SIDE.

El ministro del Interior está decidido a mantener cerrada la boca hasta tener definidas todas las medidas y también negará públicamente que se trate de un nuevo plan, pese a que trabajó en ello la semana entera.

"No hay anuncios, cuando tenga todo listo se enterarán porque se pondrá en ejecución", dijo a LA NACION la persona que mejor conoce a Aníbal Fernández. El funcionario, ya un ex duhaldista que acumuló poder con Kirchner, presentará su proyecto al Presidente.

El funcionario es un obsesivo de su trabajo, condición que admite, y pasa horas en su despacho para desentrañar el tema de la seguridad.

Nueva estrategia

Esta semana, el ministro planea terminar sus medidas para dar más efectividad a la lucha contra el delito, como le pidió Kirchner. El Presidente se quedó la semana última, por primera vez, sin sus gladiadores mediáticos: el ministro del Interior ahora decidió no hablar más de todo (como hizo siempre) porque tiene a su cargo un tema bien delicado. El otro que se llamó a silencio fue el jefe de Gabinete, mano derecha de Kirchner.

Es cierto que Alberto Fernández viene de tener públicas desinteligencias con Kirchner (como cuando vinculó a la cumbia villera con el delito y cuando descalificó a Susana Garnil).

Es verdad que el silencio de Alberto Fernández también se debió a que el Presidente ordenó que nadie hablara antes y después de la marcha de Blumberg. Kirchner quiere ahora acción y menos declaraciones.

En realidad, el Presidente parece querer volver a los albores de su mandato, cuando decía que su gestión sería de hechos y no de palabras.

El quiere ignorar los reclamos de seguridad, como el que encabezó Blumberg, pero está preocupado y por eso pidió a los responsables de esa área que actúen rápido. En privado, el tema de la inseguridad es su principal preocupación. Los piqueteros quedaron desde hace un par de semanas en segundo lugar.

Puntos del plan

• Creación de un sistema único de registros de actos criminales (que ya funciona en la Capital Federal)
• Convocatoria al Consejo Nacional de Seguridad para coordinar con las provincias las políticas y las acciones operativas para llevar adelante el plan
• Creación de una división de inteligencia criminal
• Compatibilización de equipamientos policiales entre las provincias

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