Nueva York y París, las sedes para controversias

Se fijaron los tribunales de esas ciudades para resolver reclamos o disputas entre las partes
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9 de noviembre de 2014  

Las petroleras YPF y Chevron acordaron que cualquier reclamo o disputa que pueda generarse entre ellas vinculada con las operaciones conjuntas en el yacimiento Vaca Muerta no se discutirá en los tribunales locales. Se definirá en Nueva York o en París, según consta en los documentos confidenciales que firmaron ambas compañías y que obtuvo LA NACION.

Chevron consiguió así el cambio de jurisdicción. Por un lado, estableció junto con la petrolera argentina que cualquier "reclamo, controversia, disputa o causa de acción (ya sea contractual, extracontractual o de otro tipo" se regiría "por las leyes del estado de Nueva York". Es decir, la justicia estatal, distinta de la federal, en la que Thomas Griesa lidia desde hace años con el canje de la deuda argentina y los bonistas que lo rechazaron y los fondos buitre.

No sólo eso. Como parte de la negociación, YPF también aceptó que "toda controversia" vinculada con "los documentos del préstamo" debería resolverse "exclusivamente mediante un arbitraje definitivo y vinculante realizado de conformidad con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional", con sede en París. Así consta en el documento "estrictamente confidencial" titulado "Garantía", que obtuvo LA NACION. Esa fianza ya expiró, pero la capital francesa continúa como la sede prevista ante un eventual arbitraje, según confirmaron altos ejecutivos de la compañía a este diario.

Las petroleras detallaron algunas pautas ante un posible arbitraje. Especificaron que el laudo "será definitivo, vinculante e inapelable", y que "podrá ser homologado por cualquier tribunal competente", con lo que Chevron evitaría así tener que presentarse ante un juzgado argentino para exigir la ejecución -exequátur- de ese laudo, tal y como el gobierno argentino les ha planteado a las empresas que salieron victoriosas en el Ciadi del Grupo Banco Mundial. Las definiciones sobre cómo sería un arbitraje en la capital francesa también alcanzan a la "divisa de la sentencia", que se fijó en dólares, a tal punto que no se daría por cumplido el laudo si YPF intentara pagarlo en otra moneda, como pesos argentinos.

Si YPF sólo tuviera pesos, acordaron las petroleras, debería encargarse de convertirlos a dólares "a la tasa de cambio" que en ese momento cotice "un operador bursátil reconocido en tal divisa designado por el prestador", es decir, Chevron, por lo que si la petrolera norteamericana no lo deseara, ni siquiera sería la pizarra oficial del Banco Nación.

La negociación llegó a tal nivel de detalle que las petroleras definieron incluso qué ocurriría si hubiera una diferencia entre los tipos de cambio registrados al momento de dictarse la sentencia y el de la fecha de pago. En ese caso, fijaron, YPF "se compromete y acuerda pagar o proveer al pago de tales montos adicionales, de corresponder", aunque incluso se clarifica que eso es sólo si beneficia a Chevron, porque "en ningún caso podrá tratarse de un monto menor".

Del mismo modo, las petroleras pactaron cómo esquivar el control local de cambios, por medio de una práctica corporativa recurrente en este tipo de negociaciones, pero que aun así el Gobierno busca combatir.

En el caso de que YPF "no pueda comprar dólares en la Argentina o transferirlos al exterior por un monto que resulte suficiente para pagar cualquier importe exigible a su vencimiento como resultado de una prohibición o restricción impuesta por un requisito legal de la Argentina o cualquier práctica del Banco Central", acordaron las petroleras, entonces Chevron podrá aceptar el pago en dólares "mediante la venta [?] de bonos externos argentinos o cualquier otro título valor público o privado emitido en la Argentina". Es decir, el llamado "contado con liqui". Se trata de la operación que el 21 de octubre pasado, por ejemplo, funcionarios del BCRA, la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) intentaron desalentar con un megaoperativo.

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