Nuevas restricciones en la IGJ

Ahora impide buscar en Internet los datos de las sociedades, pese a que es un registro público
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19 de mayo de 2013  

El primer cerrojo fue en respuesta al "caso Ciccone"; el segundo candado llegó ahora, por el "caso Báez". La Inspección General de Justicia (IGJ) restringió aún más el acceso a la información que acumula desde hace décadas sobre decenas de miles de entidades comerciales y civiles que operan en la ciudad de Buenos Aires.

La IGJ tomó esa polémica decisión sólo horas después de que LA NACION revelara graves irregularidades en los legajos de varias sociedades del empresario patagónico Lázaro Báez que se encuentran bajo su órbita jurisdiccional.

"Las empresas de Lázaro Báez fueron protegidas por la IGJ", publicó LA NACION el domingo pasado. Reveló entonces que Austral Construcciones y las petroleras Epsur y Misahar recibieron una protección especial dentro del organismo desde el 21 de junio de 2012, cuando la Justicia requirió datos sobre esas empresas. Desde junio del año pasado, además, la IGJ nunca respondió esos oficiales judiciales, así como tampoco un oficio reiteratorio sobre Austral Construcciones. Pero desde entonces, también, las empresas comenzaron a ordenar sus legajos.

Un día después, LA NACION también reveló que la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió la colaboración de la IGJ para analizar a Epsur y Austral Construcciones, en base al reporte de operación sospechosa (ROS) 2418/2010. Desde la Inspección le respondieron a la unidad antilavado las fallas de esas empresas, pero la UIF no lo reportó a la Justicia.

Desde ambos organismos no emitieron comentarios públicos sobre ambos artículos periodísticos. Pero en silencio, la IGJ restringió aún más el acceso a su información. Al punto de que bloqueó las posibilidades de consultar a través de su página oficial de Internet sobre las sociedades por su nombre o por su número de legajo. Sólo dejó habilitada la opción por el número de trámite específico, e incluso complicó la verificación de homonimia de sociedades. Para la tarde del viernes, incluso, la página misma con el servicio de búsqueda estaba caída.

El nuevo bloqueo por el "caso Báez" se suma así a las dos circulares que el entonces titular de la IGJ, Norberto Berner, emitió en pleno auge del "caso Ciccone", tras una serie de pedidos de acceso a la información pública que presentaron el titular del bloque de diputados radicales, Ricardo Gil Lavedra, y la prensa.

Con la primera circular que firmó desde su arribo a la IGJ, Berner limitó el acceso a la información del organismo -creado con el fin de ser un registro público-, para la cual requirió que el solicitante demostrara el "interés legítimo" para obtenerla.

Apenas cinco días después, Berner extendió otra circular, la N° 4. Buscó complementar la primera, pero resultó contradictorio. Por un lado, clarificó que "la información contenida en todo acto jurídico inscripto ante el Registro Público de Comercio" es, "por ende oponible a terceros". Pero al mismo tiempo acotó que no cualquiera podía consultar esa información "sin haberse acreditado la existencia de un interés legítimo del solicitante". Es decir, que la IGJ era un registro público, pero ya no tanto. Ahora, mucho menos.

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