Obligados a negociar en las villas

En la Ciudad movilizaron contactos para evitar desbordes
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20 de diciembre de 2001  

El estallido dirigió las primeras miradas hacia las villas, en la ciudad de Buenos Aires. Ante la sospecha de que punteros opositores moldeaban la efervescencia en los asentamientos ilegales, el cordón político del gobierno porteño debió agilizar sus contactos y movilizarse inmediatamente para aceitar la relación con los dirigentes barriales. "Tranquilos, muchachos, habrá comida para todos. Que no haya agitación", transmitieron los políticos para mantener aplacados los ánimos.

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La ebullición del clima social en el orden nacional inevitablemente repercutió en la Ciudad. Así, ante el complejo panorama en el Gran Buenos Aires, el gobierno local movilizó una serie de medidas de urgencia para evitar un desbande urbano.

Dos ejes sobrellevaron el peso de la prevención: seguridad (el secretario del área, Facundo Suárez Lastra, mantuvo contactos permanentes con el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos) y refuerzo de la asistencia alimentaria, tema estrechamente ligado con el sosiego de la conflictividad en las villas.

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La realidad indica que parte de la estrategia para garantizar la seguridad fue tranquilizar la creciente demanda en villas, casas tomadas y comedores, tal como lo confirmó el jefe de Gabinete, Raúl Fernández.

Para evitar desbordes, se garantizó a los delegados de las villas (que son, en su mayoría, los que conducen los comedores comunitarios) que se multiplicaría la asistencia alimentaria y se les pidió, al mismo tiempo, que contuvieran a los vecinos.

Claro que para cumplir con su parte del "pacto" el gobierno se vio obligado a asegurar la rápida obtención y distribución de aquélla.

Para ello, se acordó con el Mercado Central la disposición de alrededor de 180.000 kilos de comida, a cambio de 100.000 pesos.

Se armaron bolsas de alimentos con un litro de aceite, un kilo de polenta, yerba, azúcar, fideos, zanahorias, cebollas y naranjas, y tres kilos de papas. Cada bolsa costó 4,70 pesos -distribución incluida-, según reveló la secretaria de Desarrollo Social, Gabriela González Gass.

La distribución quedó acordada así: 7500 bolsas en grupos comunitarios, 1600 en hoteles que el gobierno presta a carecientes, 3000 en asentamientos ilegales, otros 3000 para que distribuya Caritas, 800 en La Boca y 1000 más para situaciones puntuales (en la Villa 31, por ejemplo).

La Ciudad posee comedores comunitarios donde se atiende a todos los vecinos carecientes. La demanda suele ser siempre la misma. Pero ahora aumentó. Y la única manera de aplacarla fue con más alimentos y negociaciones con dirigentes de las villas.

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