Rumbo al juicio. Once: el fiscal acusó de graves delitos a los ex funcionarios involucrados

Los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi , y otros ex funcionarios que debían controlar a las empresas ferroviarias serán juzgados por la tragedia de Once , por graves delitos por los que pueden terminar presos hasta 11 años, según la acusación que hizo el fiscal Federico Delgado al pedir elevar el caso a juicio cuanto antes.

También serán juzgados los empresarios de TBA, que fueron acusados por el fiscal por los mismos delitos: estrago culposo -sin intención- y fraude, al malversar los subsidios recibidos del Estado.

"No hay excusas: los procesados sabían que manejaban una bomba de tiempo que carecía de seguro. Es obvio que se privilegió un negocio por sobre el servicio", escribió el fiscal Delgado y dijo que los ex funcionarios fueron "cómplices necesarios" para simular un control formal y permitir la administración fraudulenta de los subsidios .

En palabras llanas: las pésimas condiciones del servicio de TBA convirtieron al tren en una bomba que explotó el 22 de febrero de 2012 y provocó la muerte de 51 personas y una por nacer, además de 800 heridos. TBA eligió apoderarse de los subsidios que le dio el Estado en vez de cumplir con la concesión. Eso generó un riesgo que se tradujo en el choque. A la par, los ex funcionarios de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) Antonio Sicaro y Juan Pedro Ochoa, y los ex secretaríos de Transporte Jaime, Schiavi y el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna se limitaron a llenar papeles cumpliendo con una formalidad, pero sin controlar realmente. Por eso son cómplices, según la acusación.

"El Estado inyectó fondos, pero los funcionarios deliberadamente optaron por no controlar", dijo y describió que "esta connivencia es lo que en derecho penal se denomina complicidad criminal".

Los delitos que se imputan son estrago culposo, porque no tuvieron intención de hacer chocar el tren, aunque su negligencia provocó el hecho ,y la administración fraudulenta de los subsidios. La excepción es el maquinista Marcos Córdoba , que quedó procesado por el estrago culposo, con lo que la fiscalía pretende sólo juzgarlo por su imprudencia al conducir al formación.

El fiscal Delgado envió al juzgado de Claudio Bonadio el pedido para elevar el caso a juicio. Deberán hacer mismo los abogados de las víctimas y luego los defensores de los acusados. Si se oponen al juicio, el juez analizará sus razones, las admitirá o no, y si las rechaza, puede enviar el expediente a un tribunal oral para que le ponga fecha al juicio. No será antes de dos años.

Los empresarios juzgados son los hermanos Mario y Claudio Cirigliano; Carlo Michelle Ferrari, presidente de TBA; Jorge de los Reyes, vicepresidente de TBA y Oscar Gariboglio, vicepresidente de Cometrans; Sergio Tempone, gerente de operaciones; Roque Cirigliano, gerente de material rodante; Daniel Lodola, gerente de la línea Sarmiento; Pedro Ranieri, jefe del taller de Castelar; Luis Ninona, superior de Ranieri y otros empleados.

La Cámara Federal había sostenido que los subsidios no formaban parte de esta causa, sino de otra anterior, investigada por el juez Sebastián Ramos. Sin embargo, el fiscal Delgado interpretó que el otorgamiento de los subsidios puede investigarse aparte, pero no su administración: "Allí se apoya la administración fraudulenta".

Por eso describió que la empresa recibió $ 1924 millones en subsidios: "La llave que abría el flujo de dinero mal administrado provenía de la Secretaría de Transporte" y que no se reflejó en la calidad del servicio.

Dijo el fiscal: "Los trenes perdían sus prendas y nadie los arropaba, quien debía arroparlo no invertía ni arreglaba nada. ¿Por qué? Por la connivencia de quienes debían custodiar la integridad del armario y su contenido". Y aseguró -tras comprarar las muertes de Once con las de Cromagnon- que existió una "desidia intencional" en el control que tenía como fin administrar fraudulentamente los subsidios.

De los ex funcionarios dijo que "cumplían desde un plano formal el control público haciendo circular papeles que nadie leía" y eso "permitía el saqueo".

Según el fiscal, Sicaro y Pedro Ochoa Romero "se limitaron a hacer un culto de los expedientes en los que se amontonaban actos administrativos que no tuvieron consecuencias penales". Y Jaime, Schiavi y Luna también son "cómplices necesarios", porque "privilegiando los intereses del concesionario, se limitaban a llenar papeles para que formalmente los pasos parecieran cumplidos y así permitir los desembolsos" de dinero.

Los que estarán en el banquillo

Son ex funcionarios a cargo de los controles ferroviarios

• RICARDO JAIME
  
  ex secretario de transporte
  
  Estuvo a cargo de la Secretaría de Transporte desde 2003 hasta 2009, cuando crecieron los subsidios a las empresas ferroviarias sin control sobre las concesionarias
• JUAN PABLO SCHIAVI
  
  ex secretario de transporte
  
  Era secretario de Transporte cuando ocurrió la tragedia de Once. La fiscalía lo acusó de hacer un control formal sin ejecutar las observaciones que se hacían sobre los trenes
• ANTONIO SÍCARO
  
  ex titular de la CNRT
  
  Debía controlar si los subsidios terminaban en inversiones. Hizo observaciones que fueron para el fiscal un control formal que no impidió la administración fraudulenta de los fondos
• ANTONIO LUNA
  
  ex subsecr. trans. ferroviario
  
  De origen sindical, era el hombre La Fraternidad en la secretaría. Se le atribuye ser quien se encargaba de que nada enturbiara la relación de la empresa, el Estado y el sindicato

Fondos sin control

Los números que complican a los funcionarios y a la empresa

• 146%
  
  Creció el subsidio
  
  El salto se registró entre el 21 de marzo y el 1° de abril de 2010
• 483%
  
  Más por pasajero
  
  Entre el año 2003 y diciembre de 2009, es decir, durante la gestión de Jaime y seis meses después
• $1924
  
  Millones
  
  Es el total de las transferencias realizadas a favor de TBA, según la AGN, por subsidios

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