Ordenan detener a Cristóbal López por un fraude millonario contra el fisco

El juez federal Julián Ercolini ordenó detener ayer a Cristóbal López , uno de los empresarios más emblemáticos del kirchnerismo, y a su socio, Fabián de Sousa, ambos acusados de haber defraudado al Estado junto con el ex jefe de la AFIP Ricardo Echegaray .

Los tres fueron procesados por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Echegaray, como autor; López y De Sousa, como "partícipes necesarios" del mismo delito, del que sólo puede ser autor un funcionario. De Sousa fue detenido ayer por la tarde en su departamento de Puerto Madero. López seguía siendo buscado al cierre de esta edición. Echegaray fue procesado sin prisión preventiva. A los tres se les trabaron embargos por 17.042 millones de pesos.

Ayer en Comodoro Py circulaba la versión de que López iba a entregarse. Fuentes del juzgado informaron que no hubo ninguna comunicación de la defensa en ese sentido. Lo que existió fue una presentación del abogado de López, Alberto Beraldi, pidiendo la eximición de prisión. Llegó tarde, cuando la orden de detención ya había sido firmada, relató un funcionario de la causa.

El ex jefe de la AFIP está acusado de haberle dado a Oil Combustibles, una empresa del Grupo Indalo, "facilidades de pago especiales" que le permitieron a la compañía retener un tributo que cobraban de sus clientes y que debían entregarle al Estado. Según el fallo de Ercolini, con esta maniobra "las arcas públicas dejaron de percibir 5.144.538.391 pesos", sólo en concepto de capital.

Cada vez que un cliente pagaba en una de sus estaciones de servicio, Oil Combustibles -empresa de la que eran responsables López y De Sousa- recibía el valor del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos (ICL), tributo que debía retener para entregárselo la AFIP.

En lugar de eso, los responsables de la empresa "utilizaron ese dinero en su propio beneficio" para "capitalizar otras sociedades" por medio de préstamos y favorecer así "la expansión del Grupo Indalo".

Según Ercolini, pudieron hacerlo porque Echegaray les dio sucesivos planes de pagos "plagados de irregularidades", que De Sousa y López usaron como "una política empresaria financiera durante más de dos años".

Uno de los argumentos de defensa de Echegaray fue que los expedientes habían pasado por las oficinas de la AFIP, que los aprobaron. Para Ercolini, eso sólo se hizo "para otorgarle al trámite apariencia de legalidad" y "diluir la responsabilidad" de Echegaray, que debía comprobar que la empresa estuviera efectivamente en crisis. Ese era el único requisito.

Además, no sólo "no se verificó la situación de crisis", sino que tampoco se controló "el cumplimiento de las condiciones" de los planes ni se hicieron los reclamos judiciales. A eso se suma -advirtió el juez- el hecho de que Oil Combustibles no estaba dentro de la órbita de la Subdirección Nacional de Grandes Contribuyentes, que sí controlaba a todas las demás petroleras.

El juez dispuso la prisión preventiva de López y De Sousa con el argumento de que ellos habían tenido un "comportamiento hostil" frente a las medidas cautelares dispuestas por el juzgado. Ercolini acusó a ambos de haber vendido acciones del Grupo Indalo a sabiendas de que no podían hacerlo porque pesaba sobre ellos y sus empresas una "inhibición general de bienes". Según el juez, el accionar de ambos "se dirigió a obstruir la labor de la Justicia".

Ercolini relató que la última inhibición dispuesta en la causa era del 4 de octubre pasado y que el 25 de octubre López y De Sousa le habían pedido el levantamiento de esa medida para vender acciones de empresas a otro "grupo inversor con reconocida experiencia". Alegaron que la venta era imprescindible porque "se encontraba en peligro la continuidad de los negocios de todo el grupo". El juzgado se negó a autorizar el levantamiento.

No obstante, la semana pasada, López y De Sousa informaron en este expediente que el 20 de octubre habían vendido sus acciones. "Ellos mismos manifestaron haber vendido sus tenencias -cuando les estaba vedado- con anterioridad a haber solicitado autorización para ello", relató Ercolini. El juez destacó además que podrían haber dejado sin efecto la operatoria después de que él les contestó que no se levantaba la inhibición, pero que decidieron no hacerlo. Según el juez, esta conducta de los acusados lo "habilita a adoptar el encarcelamiento preventivo". Ercolini incluyó en su fallo un párrafo destinado a los gendarmes que fueran a detener a López y De Sousa. Les dijo que debían "abstenerse de difundir imágenes". En Comodoro Py aún ronda el recuerdo de lo que pasó con Amado Boudou, que fue fotografiado descalzo y en pijama dentro de su departamento mientras era detenido.