Ordenan que siga una investigación a Kirchner por presunto desvío de fondos

Néstor Kirchner acumula complicaciones en la Justicia. La Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal revocó el archivo de una causa en la que el ex presidente está denunciado por el presunto desvío de fondos pertenecientes a un fideicomiso creado para la realización de obras de infraestructura hacia la Secretaría de Medios.

Según la investigación, ese desvío tuvo como objetivo incrementar el presupuesto de esa dependencia poco antes de las elecciones legislativas de 2005.

Los jueces Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Farah consideraron "prematura" la decisión del magistrado de primera instancia de archivar el expediente y, en consecuencia, ordenaron continuar con la instrucción de la causa.

La causa la inició el 20 de octubre de 2005 el abogado Juan Carlos Iglesias, que denunció, en base a una nota publicada en el diario Perfil, el presunto desvío de fondos hacia la Secretaría de Medios desde el fideicomiso creado por el decreto 976/01 para la realización de obras de infraestructura a partir de las presuntas falta de controles y discrecionalidad en el uso del fondo fiduciario.

La denuncia señalaba que la supuesta transferencia tuvo su origen en la intención de incrementar los fondos para publicidad oficial ante las elecciones legislativas de octubre de ese año, en las que Cristina Kirchner era candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires. La AGN analizó controles de la Secretaría de Transporte entre octubre de 2001 y diciembre de 2004 sobre los 1684 millones de pesos transferidos al Sistema Ferroviario Integrado (SIFER) y al Sistema Integrado de Transporte Automotor (SISTAU).

El organismo de control detectó varias supuestas anomalías, como la ausencia de recibos y de expedientes que avalen pagos y "la inexistencia" de controles en el uso de fondos en las mejoras de transporte. Además sostuvo que se realizaron "contrataciones directas por motivos de urgencia sin justificación suficiente" y con "irregularidades que mostraban falta de transparencia".

El entonces fiscal federal Oscar Amirante pidió al juez Torres que sólo se investiguen las contrataciones directas y las transferencias a la Obra Social de Conductores de Camioneros y Personal de Transporte Automotor, lo que el magistrado archivó por considerar que la propia AGN sostuvo que en los hechos no había delitos penales y que los adelantos se habían compensado.

"Los suscriptos, sin embargo, no coincidimos con el peso otorgado a esos argumentos como tampoco, en definitiva, con la solución adoptada", opinaron los camaristas al hacer lugar a la apelación del fiscal contra el cierre de la causa.

En ese marco, los jueces agregaron que de la pesquisa podrían surgir nuevos delitos como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, además de defraudación.

"Asiste razón al Ministerio Público Fiscal cuando sostiene que el archivo dispuesto por el juez de primera instancia deviene prematuro y que las cuestiones señaladas hacen necesario la investigación", afirmaron los camaristas.