Otro intento de controlar el papel de diarios

Entre los proyectos de ley que el gobierno nacional incluirá en las sesiones extraordinarias del Congreso figura uno por el cual "se declara de interés público la fabricación, comercialización y distribución de pasta celulosa y de papel para diarios".

Los periódicos de todo el país compran libremente su principal insumo a Papel Prensa, a Papel de Tucumán o lo importan libremente, con arancel cero, desde proveedores radicados en Chile, Estados Unidos y Europa.

En la actualidad, incluso, hay empresas editoras que adquieren papel importado a precios inferiores a los de Papel Prensa.

Este mercado permite que exista una amplia oferta de esta commodity, un insumo vital para que los periódicos puedan acercar todas las informaciones a sus lectores.

Como el Gobierno tiene la capacidad de restringir la importación de papel, este nuevo proyecto oficial, en caso de ser convertido en ley, dejaría en manos del Poder Ejecutivo la llave para limitar a su voluntad el abastecimiento de los diarios.

En 2009, en un primer intento de controlar Papel Prensa, el Gobierno lanzó una fuerte ofensiva contra Clarín y LA NACION, accionistas de la empresa junto con el Estado nacional.

El secretario de Comercio, Guillermo Moreno, fue el ariete de esa embestida, que también se ejecutó con un pedido del Gobierno para que la Justicia interviniera en la firma y con numerosas resoluciones de la Comisión Nacional de Valores contra las decisiones societarias. Hasta la fecha, la Cámara Comercial desestimó esos planteos.

Además, luego de un discurso de la presidenta Cristina Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos denunció al director de LA NACION, Bartolomé Mitre, y al CEO de Clarín, Héctor Magnetto, por supuestas violaciones de los derechos humanos vinculadas con la adquisición de la papelera, denuncia de la que, hasta ahora, no aportó prueba alguna. La causa, ayer, quedó radicada ante el juez federal Julián Ercolini.

El contexto en el que se presenta este proyecto de ley agrega un nuevo peligro al libre ejercicio del periodismo.

Desde hace ocho años, el Gobierno premia a los medios que adhieren al discurso oficial con cuantiosas sumas en pauta publicitaria y castiga a los diarios Perfil, Clarín y LA NACION. Con esa estrategia, el Gobierno logra financiar una constelación de medios privados, que adhieren al discurso de los medios públicos.

Por otra parte, hace varios meses, en un plenario de comisiones legislativas, el Frente para la Victoria impulsó y logró que se aprobara un proyecto que proponía regular el mercado del papel y creaba un organismo oficial para intervenir en aquél.

Los tratados internacionales firmados por el país establecen que cualquier limitación a la adquisición de papel configura una restricción inadmisible a la libertad de expresión, comparable a la censura previa, que también está prohibida.