Embestida judicial contra el menemismo: inminente decisión del juez Gabriel Cavallo. Otro revés para María Julia Alsogaray

María Julia Alsogaray sumará un nuevo revés judicial, mientras cumple, hoy, su primera semana detenida por supuestos delitos cometidos durante su gestión como secretaria de Medio Ambiente.

Según confirmaron ayer a LA NACION fuentes inobjetables de la Justicia, la Cámara Federal confirmará en los próximos días el quinto procesamiento de la ex funcionaria.

La Sala I de la Cámara, integrada por los magistrados Horacio Vigliani y Gabriel Cavallo, avalará la resolución dictada por el juez Claudio Bonadío, que en julio de 2002 procesó a Alsogaray por la presunta comisión del delito de defraudación a la administración pública durante su gestión al frente de la Entel residual.

Vigliani y Cavallo rechazarán la apelación planteada por Perla Martínez de Buck, la defensora oficial de Alsogaray, quien en las próximas semanas podría recibir, además, un nuevo contratiempo desde la Sala II de la Cámara. Sucede que allí se analiza otro procesamiento contra la ex funcionaria menemista.

De acuerdo con la causa por la que se procesaría en los próximos días a María Julia Alsogaray, durante su gestión como interventora de Entel residual la ex funcionaria ordenó contratar un estudio jurídico privado para cobrar las deudas en favor de Entel, a pesar de contar con un departamento de asuntos jurídicos del Estado.

El estudio jurídico facturó luego según lo previsto en el convenio contractual, pero, según surge de las constancias que acompañan al expediente judicial, habría "dibujado" otros rubros irregulares para aumentar sus ingresos en forma sustancial.

"Durante su gestión en Entel residual Alsogaray decidió no recurrir a los abogados de la empresa, ni del Estado, como los de la Procuración del Tesoro o los de la Sindicatura General, para cobrar las acreencias de la empresa y optó por contratar un estudio privado, que deliberadamente aumentó sus honorarios a través de la facturación de rubros colaterales", dijo a LA NACION una fuente judicial.

Tras radicarse una denuncia penal por la presunta comisión de una defraudación a la administración pública, el juez federal Claudio Bonadío procesó a Alsogaray y le dictó un embargo por $ 1,5 millón.

Las irregularidades no se restringirían sólo a los honorarios, sin embargo. "Uno de los directores de Entel residual que trabajaba con Alsogaray, el que promovió el estudio jurídico en cuestión, registraba una incompatibilidad con respecto a ese mismo estudio jurídico", detalló la fuente.

Su gestión en Entel residual acumula otras denuncias penales. En 1996, Alsogaray ordenó que el Estado debía abonarle $ 29 millones a la empresa Meller, encargada de confeccionar las guías telefónicas.

La Sindicatura General de la Nación (Sigen) y el procurador del Tesoro denunciaron luego graves irregularidades en esa resolución y ordenaron no pagar esa indemnización, lo que derivó en planteos judiciales que llegaron a la Corte Suprema, ahora investigada por el Congreso por su proceder en el pleito.

Alsogaray también dispuso la entrega irregular de 240 hectáreas valuadas en más de $ 100 millones -que pertenecían a Radio Nacional- a empresas concesionarias. En 2001, la Cámara Federal la procesó por defraudación.

La polifuncionaria menemista acumula así cinco procesamientos, además de más de una docena de denuncias penales. La única causa, sin embargo, por la que finalmente quedó detenida hace siete días es por su paso por la Secretaría de Medio Ambiente.

El juez Rodolfo Canicoba Corral la procesó por la presunta comisión de peculado reiterado, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de instrumentos públicos.

La operación que habría orquestado Alsogaray se dividió en tres grandes etapas: la creación de una cuenta bancaria fuera del control del Estado, la provisión irregular de dinero para esa cuenta y el uso discrecional de fondos (de lo que se informa en la infografía).

Para Canicoba Corral, Alsogaray decidió crear un fideicomiso en septiembre de 1995, tras la orden del Ejecutivo de cerrar las cuentas bancarias de todos los organismos para poner en marcha el Sistema de Cuenta Unica del Tesoro, a cargo de Hacienda.

Entrepiso de lujo

En primera instancia, al fideicomiso se transfirió $ 1,7 millón para construir un entrepiso en la sede de la secretaría para albergar al Programa de Desarrollo Institucional Ambiental. Pero el monto del fideicomiso se amplió a $ 4,44 millones.

Luego, en una segunda etapa, los funcionarios consignaron "datos falsos en las órdenes de pago libradas a la Secretaría de Hacienda que se logró que ésta transfiriera los fondos que integraron el fideicomiso".

La mayor parte del dinero desviado se usó en forma irregular, como el pago de innumerables sobreprecios, como de un 444% en los sanitarios:

• Se contrató en forma directa a los ingenieros Santiago Bignoli y Arturo Bignoli, amigos de la infancia de Alsogaray, procesados, con facultades para fijarse sus sueldos. Pagaron sobreprecios a los proveedores.

• Se contrató en forma reiterada a ConMag SRL, de Alberto Maggioto. La empresa se inscribió en la AFIP días antes de ser invitada a cotizar para las obras en la secretaría y declaró que contaba con un solo empleado.

• También se contrató directamente a Bignoli para elaborar un proyecto de arquitectura y le asignaron honorarios por 145.200 pesos.

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